Bloomberg Línea — El Parlamento Europeo aprobó este jueves una resolución en la que condena enérgicamente la represión sistemática ejercida por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, exigiendo la liberación inmediata de todos los presos políticos y el fin de las detenciones arbitrarias.
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El texto, liderado por el Partido Popular Europeo (PPE), también hizo hincapié en las “detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, juicios falsos, exilio, desnacionalización, confiscación y crímenes de lesa humanidad”.
Además, los diputados pidieron al Consejo y a la Comisión Europea que suspendan la aplicación del Acuerdo de Asociación entre la UE y Centroamérica en lo que respecta a Nicaragua “mientras persista la represión”.
“Europa puede y debe actuar”, dijo la eurodiputada Elena Nevado del Campo durante el debate, señalando que “la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica existe precisamente para responder a violaciones de derechos fundamentales”.
De igual forma, los eurodiputados advirtieron que no colaborarán con los representantes del régimen nicaragüense en el marco de la Comisión Parlamentaria de Asociación creada recientemente, y exigieron que ningún fondo europeo o multilateral termine fortaleciendo al gobierno de Ortega y Murillo.
Justicia por Brooklyn Rivera
La resolución reclama tabmién una investigación urgente sobre la muerte de Brooklyn Rivera, líder indígena miskito y presidente de un partido opositor, quien permaneció desaparecido durante 32 meses tras su detención y falleció bajo custodia en mayo de 2026.
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Asimismo, los eurodiputados demandan la devolución de sus restos a su familia y subrayaron la necesidad de proteger a los pueblos indígenas, las iglesias cristianas y la sociedad civil frente a la persecución estatal.
“La Unión Europea tiene que aumentar la presión sobre el régimen, ampliar las sanciones contra los responsables de la represión y apoyar que rindan cuentas ante la justicia”.
Francisco Millán Mon, eurodiputado.
Los eurodiputados instaron específicamente a la excarcelación del excoronel en retiro Carlos Brenes (71 años) y su esposa Salvadora del Socorro Martínez, detenidos en agosto de 2025 y condenados a 15 años de prisión por “traición” sin las debidas garantías procesales y mantenidos en incomunicación.
Al tiempo que exigieron la liberación de todos los presos políticos, la anulación de las condenas por motivos políticos, el restablecimiento de las organizaciones disueltas arbitrariamente y garantías sobre el paradero y estado de salud de los detenidos.
La resolución abogó además por ampliar las sanciones específicas contra los responsables de violaciones de derechos humanos, incluido el círculo más cercano de los copresidentes nicaragüenses.
También se instó porque se cumpla las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y respalden los esfuerzos para garantizar la rendición de cuentas a través de la jurisdicción universal y la Corte Penal Internacional.
Esta declaración es la segunda resolución de la actual legislatura sobre la crisis en Nicaragua, tras la aprobada en febrero de 2025.
Desde 2018, “el régimen de Ortega y Murillo ha desmantelado las instituciones democráticas y el Estado de Derecho”, dijo la UE, mediante una reforma constitucional “que suprime el pluralismo político, al tiempo que persigue a opositores, periodistas, el clero, líderes indígenas, defensores de los derechos humanos y la sociedad civil”.
El bloque citó los hallazgos del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, que calificó las violaciones cometidas en los últimos años como “crímenes contra la humanidad”; además de 5.600 oenegés y el 80% de las organizaciones de la sociedad civil cerradas y cientos de miles de personas obligadas a exiliarse.
