Bloomberg Línea — América Latina concentró en 2025 el 85% de los 124 asesinatos de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente documentados en el mundo, de acuerdo con el informe anual de la organización británica Global Witness.
Es el decimocuarto año consecutivo en que la región latinoamericana encabeza esta estadística. Colombia registró 39 homicidios y Brasil 26, lo que entre ambos representa más de la mitad del total mundial. Les siguen Filipinas y Honduras, con 12 casos cada uno; México, con 10, y Guatemala, con 8.
La cifra global supone un descenso frente a los 142 asesinatos y cuatro desapariciones de 2024, aunque el informe advierte que el número real es probablemente mayor, porque muchos casos no se denuncian, sobre todo en países con espacios cívicos restringidos: 10 de los 15 países con homicidios fueron calificados de “represivos” por el observatorio Civicus Monitor.
Las disputas por la tierra provocaron más de la mitad de los asesinatos (84), seguidas de los conflictos ligados a la minería (11), la tala de bosques (8) y la agroindustria (6).
“En más de un tercio de los asesinatos que documentamos identificamos presuntos vínculos con el crimen organizado o sicarios”, dijo Toby Hill, investigador que lidera la campaña de Global Witness sobre tierra y medio ambiente.
La gran mayoría de las víctimas —casi tres cuartas partes— pertenecían a comunidades campesinas (47) e indígenas (44), entre estas últimas siete guardias que patrullaban sus territorios. En cuanto a la distribución demográfica de los 124 homicidios, 109 correspondieron a hombres, 14 a mujeres y uno a una persona no binaria.
La situación por país
Colombia, el país más letal, redujo sus casos respecto a 2024 (48), pero concentró la violencia en el departamento del Cauca, con 13 asesinatos, donde el cultivo de coca se quintuplicó en una década y la zona se convirtió en corredor del narcotráfico. Allí, 35 de las 39 muertes estuvieron ligadas a conflictos por la tierra.
Ver más: Los bosques más extensos de Latinoamérica y qué tan lejos están de la “deforestación cero”
En Brasil, los casos se duplicaron en un año. Los ataques se concentraron en los estados amazónicos de Rondônia y Pará, que suman la mitad del total, y se relacionaron sobre todo con reclamos de tierras indígenas y de reforma agraria, pese a los compromisos territoriales anunciados durante la COP30 de Belém.
Honduras también duplicó sus homicidios y registró la tasa más alta del mundo en proporción a su población: 1,09 por millón de habitantes.
Diez víctimas eran campesinos del valle del Bajo Aguán, al noreste del país, escenario de un ambicioso programa de reforma agraria en las décadas de los setenta y los ochenta. Sin embargo, en los años siguientes, “poderosos intereses empresariales han intentado apoderarse de las tierras y establecer plantaciones industriales de palma africana”.
México pasó de 19 a 10 asesinatos, pero el Centro Mexicano de Derecho Ambiental documentó 107 casos de criminalización y cientos de actos de intimidación, además de desapariciones que expertos de la ONU han calificado de crímenes de lesa humanidad.
También se registraron homicidios en Perú (4), Nicaragua (3) y Ecuador (3), incluyendo dos manifestantes indígenas que murieron durante las protestas reprimidas por el Gobierno de Daniel Noboa en octubre de 2025.
Fuera de América Latina, Filipinas fue el país con más víctimas, con 12 asesinatos, cinco de ellos presuntamente atribuidos al Ejército en el marco de la campaña de contrainsurgencia del presidente Ferdinand Marcos Jr.
Además, se registraron dos en Tanzania, y uno en Francia, India, Indonesia, la República Democrática del Congo y Turquía, respectivamente.
Menos ayuda mundial
Desde 2012, Global Witness ha documentado 2.375 asesinatos y desapariciones de defensores. “Cada una de estas muertes supone un intento, de la forma más brutal, de intimidar a los movimientos que se oponen a las violaciones de los derechos humanos y ambientales”, señala el informe.
Ver más: Agosto empató como el mes más caluroso jamás registrado en medio del creciente impacto de El Niño
La organización subraya que los homicidios son solo la forma más extrema de represalia. Debajo existe un “iceberg oculto” de agresiones no letales —entre las que figuran la criminalización, las amenazas y las campañas de desprestigio—, tal como lo describe la red Allied para la observación de los derechos humanos.
Hill atribuyó parte del deterioro a los recortes de la cooperación internacional. Según la OCDE, la ayuda al desarrollo mundial cayó un 23% en 2025, lo que supone la mayor caída anual jamás registrada.
El desmantelamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y el hecho de que EE.UU. y otros países no hayan abonado puntualmente sus cuotas a las Naciones Unidas ha contribuido a una reducción de la labor de la organización en el ámbito del clima y los derechos humanos.
Entre sus recomendaciones, Global Witness insta a abordar las causas estructurales de la violencia contra las personas defensoras, reforzar la protección colectiva de las personas defensoras y las comunidades, combatir la impunidad y garantizar el acceso a la justicia, proteger el espacio cívico y el derecho a defender el territorio, poner a las personas defensoras en el centro de las políticas sobre el clima y la biodiversidad, y la aceleración de la ratificación y la aplicación del Acuerdo de Escazú.
