Buenos Aires — El Gobierno dio un paso para facilitar las inversiones privadas en el sistema ferroviario argentino. En momentos en que avanza con la privatización de Belgrano Cargas y busca un nuevo esquema de gestión para la red, modificó la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para ampliar y precisar qué obras ferroviarias pueden acceder a sus beneficios.
A través del Decreto 748/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial, el Ejecutivo estableció que no será necesario construir una línea ferroviaria desde cero para que una inversión pueda ser considerada como “construcción” de infraestructura a los efectos del RIGI.
La nueva definición también alcanza a la renovación, sustitución, transformación o desarrollo de infraestructura ferroviaria existente, además de las instalaciones accesorias necesarias para el funcionamiento de la logística y el transporte por tren.
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El cambio es especialmente relevante para un sistema en el que buena parte de las inversiones necesarias no pasan por construir nuevas trazas, sino por recuperar corredores existentes, renovar vías y aumentar su capacidad para transportar cargas.
Un cambio en medio de la privatización
El momento elegido para modificar la reglamentación no es menor. El Gobierno avanza con la privatización de Belgrano Cargas y Logística, que opera las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, uno de los principales activos ferroviarios vinculados al transporte de producción agrícola, minera e industrial.
La decisión oficial es avanzar hacia un esquema con mayor participación privada y, con ello, trasladar también al sector privado una parte significativa de las inversiones necesarias para recuperar y ampliar la infraestructura.
Para el Belgrano Cargas, aun no salieron los pliegos oficiales de la licitación aunque el Gobierno confirmó que planea publicarlos antes de que termine agosto, después de meses de demora. Esa operación incluye las concesiones del ramal Belgrano, San Martín y Urquiza.
Ahora, la modificación del RIGI aclara una zona gris. La reglamentación original incluía dentro del sector infraestructura a las actividades destinadas a la “construcción” de estructuras, redes y sistemas necesarios para la logística y el transporte ferroviario. Pero esa definición podía generar dudas respecto de las grandes inversiones destinadas a renovar infraestructura existente.
El Decreto 748 busca eliminar esa ambigüedad. El propio Gobierno sostiene que es necesario otorgar “mayor precisión y previsibilidad” al tratamiento de las inversiones realizadas sobre infraestructura ferroviaria preexistente.
Así, aunque el texto del decreto no dice expresamente que la modificación se haya realizado para la privatización de Belgrano Cargas, la medida aparece en momentos en que el Ejecutivo busca precisamente que privados asuman inversiones de largo plazo sobre una red ya construida.
Qué inversiones podrán entrar al RIGI
El alcance es amplio. La nueva reglamentación permite considerar dentro del sector infraestructura tanto proyectos completamente nuevos como grandes intervenciones sobre vías existentes.
Entre las obras que el Gobierno identifica como alcanzadas aparecen la construcción de nuevas trazas ferroviarias, la duplicación de vías, la renovación de vías existentes y la rehabilitación de ramales que actualmente no están operativos.
También podrán contemplarse la renovación integral de puentes y alcantarillas, la instalación o renovación de sistemas de señalamiento, telecomunicaciones y energía vinculados al ferrocarril, la electrificación de trazas y las obras destinadas a mejorar los pasos a nivel.
Para el negocio de cargas hay otro punto relevante: también quedan comprendidos nodos logísticos, puertos secos, centros de desconsolidación y transferencia de cargas y playas de maniobra, intercambio y clasificación.
Es decir, el RIGI podría funcionar no solo como incentivo para recuperar las vías, sino también para desarrollar parte de la infraestructura logística necesaria alrededor de los corredores ferroviarios.
No alcanza a cualquier gasto
La ampliación, sin embargo, tiene un límite. No cualquier gasto realizado sobre una vía existente podrá presentarse como una gran inversión bajo el régimen.
El decreto diferencia expresamente entre mantener una infraestructura y transformarla.
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Las tareas de conservación y mantenimiento que simplemente permitan preservar las condiciones actuales quedan afuera de esta nueva definición. Para quedar comprendidas, las obras deberán involucrar renovación, sustitución, transformación, desarrollo o incorporación de nueva infraestructura.
El Gobierno introduce además un segundo requisito cuando se trate de una ampliación de un proyecto ferroviario preexistente: la inversión deberá producir un incremento verificable de la capacidad de transporte.
Ese aumento tendrá que medirse cuantitativamente mediante parámetros técnicos objetivos que permitan comparar la capacidad de la infraestructura antes y después de realizada la inversión.
Por qué el Gobierno hace el cambio ahora
El decreto ofrece también una explicación sobre la necesidad de atraer capital. Reconoce que la extensa red ferroviaria argentina fue construida en gran medida hace varias décadas y que actualmente presenta condiciones de “deterioro y desgaste” que afectan su capacidad operativa.
Por eso, sostiene, se necesitan inversiones destinadas a su “renovación, transformación, sustitución o desarrollo” para mejorar las condiciones de transporte.
Es justamente el tipo de desembolsos que el Ejecutivo pretende que tengan un mayor componente privado en la nueva etapa del sistema ferroviario.
El RIGI ya contemplaba a la infraestructura entre los sectores habilitados por tratarse de actividades que requieren grandes cantidades de capital y tienen períodos prolongados de recupero de la inversión. La modificación no incorpora al ferrocarril al régimen desde cero: lo que hace es ampliar y precisar qué tipo de obras ferroviarias pueden utilizarlo.
La diferencia es importante. Una parte sustancial de la red que eventualmente quede bajo operación o concesión privada ya existe, pero necesita inversiones para volver a ganar capacidad. Con la reglamentación anterior podía existir una discusión sobre si esas obras calificaban como “construcción”; con el nuevo decreto, el Gobierno deja expresamente establecido que sí.
