¿Qué pasó?: El Gobierno reglamentó el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) que reduce cargas patronales para empleadores que contraten trabajadores no registrados.
¿Por qué es importante?: El empleo formal privado en Argentina está estancado desde hace aproximadamente 15 años, y la administración de Javier Milei apuesta a este esquema para revertir la tendencia y generar creación neta de puestos de trabajo.
¿Qué establece el decreto sobre formalización laboral?
Buenos Aires — El Gobierno argentino reglamentó este lunes el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) de la reforma laboral, una iniciativa que ofrece alícuotas reducidas del 2% al 3% en contribuciones patronales durante cuatro años, principalmente apuntando a que las empresas incorporen trabajadores sin empleo registrado previo.
El Decreto 315/2026, publicado en el Boletín Oficial con las firmas de Javier Milei, Manuel Adorni, Sandra Pettovello y Luis Caputo, establece una ventana de 12 meses —del 1° de mayo de 2026 al 30 de abril de 2027— para que empleadores registren nuevas contrataciones bajo el esquema, buscando poner fin al estancamiento de la creación de puestos de trabajo formales en la economía argentina.
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El beneficio, que reduce temporalmente las contribuciones patronales desde el entorno del 18-20%, se aplicará durante los primeros 48 meses desde el alta laboral y representa una reducción sustancial respecto del régimen general de contribuciones patronales.
El RIFL consiste en contribuciones patronales del 5% en total, divididas en una alícuota del 2% destinada al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el Fondo Nacional de Empleo y el Régimen de Asignaciones Familiares, y otra del 3% para el INSSJP. Los empleadores que se inscribieron como tales desde diciembre de 2025 pueden incluir bajo este régimen hasta el 80% de su nómina.
Además de los no registrados, la norma alcanza a otras categorías de trabajadores: quienes no tuvieron empleo registrado al 10 de diciembre de 2025, quienes estuvieron desocupados en los seis meses previos a la contratación, quienes eran inscriptos en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, o quienes venían del sector público.
El decreto especifica que los ingresos adicionales que genere el trabajador por otras actividades no afectarán el beneficio para el empleador, mientras que la contribución al Fondo de Asistencia Laboral (FAL) se mantiene obligatoria y no puede sustituirse por este esquema.
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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) quedó a cargo de la fiscalización y deberá implementar controles automáticos para detectar incumplimientos, que derivarán en la pérdida del beneficio más intereses y sanciones.
El decreto establece, además, que tanto el incumplimiento de obligaciones como la configuración de causales de exclusión producirán el decaimiento de los beneficios, con la obligación de recomponer las contribuciones no abonadas. Los empleadores deberán ejercer la opción de adhesión al régimen mediante los mecanismos que determine ARCA, y la falta de ejercicio impedirá el goce retroactivo del beneficio.
El contexto de la medida del Gobierno de Javier Milei
La medida se inscribe en un contexto de deterioro del mercado laboral: el desempleo trepó del 5,7% en el cuarto trimestre de 2023 —uno de los niveles más bajos de la serie histórica— al 7,5% en igual período de 2025, un salto de 1,8 puntos porcentuales. El esquema apunta a quebrar el estancamiento del empleo formal privado que arrastra Argentina desde hace década y media.
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El 23 de abril, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo había reactivado 83 artículos de la reforma laboral tras dejar sin efecto una cautelar que los frenaba, incluyendo la creación del FAL, cambios en indemnizaciones, banco de horas y modificaciones en la justicia laboral. El RIFL forma parte de ese paquete normativo que ahora comienza su implementación efectiva con esta reglamentación operativa.
