Buenos Aires — La Justicia de los Estados Unidos accedió al pedido del Estado argentino de suspender de forma temporal todos los procesos judiciales vinculados al juicio por YPF. La decisión de suspender el proceso de discovery, que se conoció este miércoles, implica que ningún tribunal de ese país podrá tomar decisiones vinculadas al caso hasta que no se resuelva la apelación argentina frente al fallo adverso por US$16.100 millones por la expropiación de la petrolera, en 2012.
Al interrumpir el proceso de discovery, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito dispuso que los tribunales no puedan avanzar con medidas relacionadas al caso hasta tanto no haya una decisión de fondo sobre el fallo de primera instancia de la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York.
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Con esta decisión, la Justicia estadounidense frenó el pedido de desacato por parte del fondo Burford. También deja sin efecto la audiencia convocada por Preska para tratar los supuestos incumplimientos de Argentina en materia de discovery y sus posibles sanciones.
“Mi lectura es que la apelación primaria va a salir mucho más rápido de lo que todos esperábamos”, dijo a Bloomberg Línea Sebastián Maril, de Latam Advisors y experto en los litigios que enfrenta el país en tribunales del exterior.
La decisión, explicó luego en redes sociales, puede interpretarse como una simplificación del caso dado que existen cinco apelaciones simultáneas. “Todas las apelaciones excepto la primaria, son periféricas o secundarias. Todas dependen de la primaria. Hoy el panel de jueces de las apelaciones secundarias, las suspendió (no canceló) a la espera que la primaria salga. Es decir, no hay necesidad que las apelaciones secundarias salgan antes que la primaria”, escribió.
“Los jueces del panel de las apelaciones secundarias hoy dijeron no vamos a empezar a decidir cuatro apelaciones si estas dependen de otra decisión que puede salir en cualquier momento”, agregó.
Para el abogado y ex subprocurador del Tesoro Sebastián Soler, la decisión representa “una novedad bienvenida”. Es que según señaló en X, la suspensión del discovery “pone fin, al menos por el momento, a los interminables y desproporcionados pedidos de información de Burford, cuyo objetivo, a esta altura, parecía ser el hostigamiento de a nuestro país, más que la búsqueda de activos embargables”.
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“Decisión histórica”
Si bien el fallo de este miércoles no resuelve el tema de fondo, el gobierno de Javier Milei destacó lo dispuesto por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito al calificarla como una “decisión histórica y sin precedentes a favor de la República Argentina”.
“La Cámara estadounidense concedió la suspensión inmediata del proceso de discovery post sentencia y de todos los procesos pendientes ante la Corte del Distrito hasta tanto sea resuelta la apelación de fondo”, señaló la Oficina del Presidente a través de un comunicado.
Allí, agregó que la decisión “representa un hito histórico en la defensa de la República Argentina en un litigio que, durante más de doce años ha significado un enorme costo económico, jurídico y reputacional para el país”.
En la visión del Gobierno argentino, la decisión refleja, además, “el reconocimiento” por parte de la Justicia de EE.UU. a “los sólidos fundamentos que sustentan la posición argentina”.
El tribunal, agregó el comunicado oficial, hizo lugar así al pedido de la defensa argentina presentado el 6 de marzo.
A mediados de enero, los beneficiarios del fallo por la expropiación de la petrolera, ocurrida en 2012 durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner, habían presentado un escrito en el que le solicitaron a la jueza Preska que declarase al país en desacato y aplicara sanciones.
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La sentencia por US$16.100 millones más intereses que pesa sobre Argentina por la reestatización de YPF cumplió en septiembre dos años.
Desde entonces, el bufete inglés Burford Capital, que compró los derechos del litigio al Grupo Petersen en 2015 y es el principal beneficiario del caso que se inició ese año en los tribunales neoyorquinos, ha intentado determinar la figura del alter ego entre el Estado argentino e YPF, pero también otras entidades estatales como el Banco Central (BCRA), el Banco Nación (BNA), Aerolíneas Argentinas o Enarsa.
En ese intento, y con el fin de eventualmente embargar activos argentinos, había pedido también que 36 funcionarios y ex funcionarios de la Argentina entreguen información contenida en sus teléfonos celulares.
