Buenos Aires — El gobierno de Javier Milei logró darle media sanción al proyecto de ley de Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados, aunque no pudo conseguir su objetivo de derogar las leyes de discapacidad y de financiamiento universitario.
Durante la madrugada de este jueves, el oficialismo logró reunir 132 votos, frente a 97 rechazos y 19 abstenciones en la votación en general para la aprobación del Presupuesto, también llamado ‘ley de leyes’, que ahora pasará al Senado sin el Capítulo XI, crucial para que el partido oficialista, La Libertad Avanza, porque pretendía revertir las leyes aprobadas por la oposición este año.
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En el Capítulo XI del proyecto, que incluía los cambios en Discapacidad y Universidades, el Gobierno perdió con 117 votos afirmativos, 123 negativos y 2 abstenciones. Este rechazo abre un signo de interrogante respecto del futuro de la ley, porque dichos proyectos, según el oficialismo, se interponen en su objetivo de sostener el superávit de las cuentas públicas.
Milei lleva dos años consecutivos gobernando sin una Ley de Presupuesto aprobada por el Congreso, un hecho inédito en Argentina desde el retorno de la democracia en 1983.
Según había calculado la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la ley de financiamiento universitario tendría, para este 2025, un impacto fiscal de ARS$1.959.974 millones, equivalentes a 0,23% del PIB. Para la ley de emergencia en discapacidad, en tanto, esa Oficina calculó que implicaría entre ARS$1.889.371 y ARS$3.627.495 millones, equivalentes al 0,22% hasta 0,42% del PBI.
Tras ser vetadas por el presidente Milei, el Congreso insistió con esas dos leyes al reunir las dos terceras partes de los votos requeridos en ambas cámaras. Pero el Gobierno postergó su aplicación.
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Dólares del colchón y críticas del PRO
Durante la madrugada, la Cámara de Diputados también dio media sanción al llamado proyecto de “inocencia fiscal”, que propone generar un marco para que los ciudadanos saquen los “dólares guardados debajo del colchón”.
El proyecto dispone modificaciones al Régimen Penal Tributario (Ley 24.769), a los Procedimientos Fiscales (Ley 11.683 y Decreto 821/98) y al Código Civil y Comercial de la Nación, mientras que propone un Régimen de Declaración Jurada Simplificada.
El eje central del proyecto “es abandonar el esquema presuntivo y punitivo que trataba a los ciudadanos como potenciales evasores, para reemplazarlo por un régimen en el cual rige la presunción de inocencia: es el fisco quien debe demostrar irregularidades y no el contribuyente quien debe justificar permanentemente el origen de sus ahorros”.
Por último, también durante la madrugada de este jueves, el oficialismo avanzó con el nombramiento de tres auditores en la Auditoría General de la Nación (AGN) a pesar de que se trataba de un tema que no fue incluido para su tratamiento en las sesiones extraordinarias. Dicho avance le valió fuertes críticas del PRO. A través de un comunicado, el partido fundado por Mauricio Macri denunció un ‘acuerdo’ entre el oficialismo y el kirchnerismo para avanzar por sobre la Constitución Nacional.
