Buenos Aires — La Justicia argentina habría detectado pagos de coimas para acceder a permisos de importación durante el gobierno de Alberto Fernández.
Según reveló este miércoles el diario La Nación, al menos cuatro empresarios habrían pagado retornos de entre 10% y 15% para obtener acceso al mercado de cambios por medio SIRAs entre 2022 y 2023, durante la gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía y Miguel Ángel Pesce en la presidencia del Banco Central (BCRA).
De acuerdo con la información publicada por el citado medio, las irregularidades surgen de una investigación que incluyó casi 30 allanamientos en cinco meses y que imputó hasta ahora a varios operadores financieros y a cinco funcionarios del BCRA. El caso se remonta a los dos últimos años del gobierno anterior, cuando las autoridades mantuvieron un férreo control sobre las salidas de divisas para importaciones ante la escases de reservas.
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La causa recayó en el juzgado de Ariel Lijo, quien fuera propuesto por el Gobierno de Javier Milei para integrar la Corte Suprema de Justicia, aunque su pliego fue rechazado en el Congreso. La investigación, en tanto, quedó a cargo del fiscal Franco Picardi, quien también investiga desde 2025 presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) durante la presidencia de Milei.
Las presuntas irregularidades en los permisos otorgados bajo el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), que rigió entre octubre de 2022 y diciembre de 2023 y que daba a las empresas acceso al dólar oficial, han sido una suerte de ‘secreto a voces’ dentro de la comunidad empresaria del país.
No obstante, señala el artículo de La Nación, resulta “casi nulo” lo que ha avanzado la Justicia para detectar estas irregularidades “pese a los comentarios de empresarios y despachantes de Aduana que dan cuenta de la existencia de esas maniobras y hasta de dos pedidos de informe que hizo en su momento, sin éxito, la diputada Karina Banfi”.
El tema, explica el medio, es desde hace más de dos años un verdadero tabú de la política.
Si bien la investigación de Picardi tiene hasta ahora secreto de sumario, fuentes que siguen la causa citadas por La Nación afirman que el fiscal tendría detectado no solo a los empresarios que habrían aceptado pagar y los respectivos porcentajes, sino los montos de las operaciones en cuestión, que hasta el momento superan los US$3,5 millones.
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Se trata, en los cuatro casos, de permisos por importaciones que efectivamente se hicieron, no de operaciones simuladas, como ha ocurrido y se investiga en otras causas, agregó el artículo.
El esquema de autorización de SIRAs, recordó el medio, dependía de varios organismos en simultáneo: la DGI, la Aduana, el BCRA y la Secretaría de Comercio, todas dependencias en las que el exministro Sergio Massa tuvo en su momento una influencia decisiva.
