Bogotá — En sus primeros meses de Gobierno, Abelardo de la Espriella enfrentará tres batallas legislativas que marcarán la relación con el Congreso para su cuatrienio: el Presupuesto de 2027, la Ley Fiscal de ajuste y el Plan Nacional de Desarrollo.
Carlos Arias, analista político y gerente de Estrategia y Poder, considera que la relación entre el Gobierno y el Congreso será determinante para el rumbo de la administración.
“Es de altísima importancia la relación, negociación y discusión que se haga entre el Gobierno nacional y la rama legislativa. Este es un punto de inflexión importantísimo en la relación de mediano plazo”.
El inicio del mandato fue turbulento. Primero perdió la presidencia del Congreso, la ganó el que en teoría era su mayor aliado: el Centro Democrático; y después; tuvo que enfrentar una moción de censura conta su ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán.
El funcionario fue descubierto de vacaciones en la playa apenas días después del sismo de 7,4 grados que sacudió Colombia dejando centenares de muertos, miles de viviendas destruidas y una urgencia de recursos que podría ser superior a COP$30 billones.
El Presupuesto abre la primera batalla
El primer reto será el Presupuesto General de la Nación de 2027. Tras sincerar las enredades cuentas que dejó el gobierno de Gustavo Petro, las Comisiones Económicas Conjuntas aprobaron un monto de COP$634,9 billones para el próximo año.
La cifra está cerca de COP$60 billones por encima de la propuesta inicial de la administración anterior, que fue devuelta por el Legislativo por falta de rigor en la financiación de gastos obligatorios.
El nuevo Gobierno también incorporó COP$37,4 billones adicionales para el servicio de la deuda. Ese componente no estaba incluido en la propuesta presentada por el exministro Germán Ávila.
Las comisiones tendrán plazo hasta el 25 de septiembre para aprobar en primer debate el proyecto completo y definir la distribución de los recursos entre regiones y sectores.
La aprobación del monto representa el primer avance del Gobierno en su propuesta de ajuste fiscal y muestra el resultado de la relación que ha construido con el Congreso.
Sin embargo, el monto definitivo todavía está sujeto al trámite legislativo y a la discusión sobre la distribución de los recursos del presupuesto.
Andrés Pardo, estratega jefe para América Latina, describe el respaldo actual como un apoyo condicional de buena parte de los aliados del Gobierno.
“Parecen dispuestos a respaldar al Gobierno, pero quieren que se les convenza de que un presupuesto de COP$635 billones y el aumento de la deuda asociado son compatibles con la corrección fiscal que el Gobierno ha prometido”, advierte.
Incluso, recuerda que una tercera parte del Congreso (Partido Liberal, Partido de La U, Partido Conservador, entre otros), hoy forman bancada con el oficialismo, pero no son completamente afines a las tesis que impulsa el primer mandatario.
Pardo considera que existen pocos indicios de una mayoría decidida a rechazar la propuesta del Gobierno.
El escenario que observa es una negociación sobr los compromisos asociados al presupuesto.
La Ley Fiscal será el segundo pulso
El segundo frente llegará con el denominado Plan de Rescate, que el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, anunció para la segunda parte de octubre.
Gómez explicó que la iniciativa no corresponde a una reforma tributaria, sino a una Ley Fiscal orientada a estimular el crecimiento y simplificar el régimen tributario.
La propuesta será relevante para la discusión fiscal porque el Gobierno busca implementar medidas de ajuste cercanas a COP$45 billones.
Ese monto equivale a 2,2% del PIB y forma parte del objetivo oficial de reducir el déficit fiscal durante 2027.
La meta planteada es llevar el déficit a niveles cercanos a 7,2% del PIB el próximo año, frente al 9,4% del PIB incorporado en el PGN.
La discusión de la Ley Fiscal también estará relacionada con el trámite del presupuesto, debido a la necesidad de compatibilizar el gasto aprobado con la estrategia de corrección fiscal.
Pardo considera que “esto hace que la ley de ajuste fiscal del Gobierno sea especialmente importante para las negociaciones presupuestarias”, afirmó.
El estratega también plantea dudas sobre el alcance que tendrá el paquete cuando avance por el Congreso.
“Nuestra impresión es que la propuesta podría verse sustancialmente diluida durante el proceso legislativo”, señaló Pardo.
Entre los puntos que identifica están las estimaciones sobre los ingresos adicionales derivados de una menor evasión y de una mayor eficiencia en la recaudación de impuestos.
El Plan de Desarrollo definirá la apuesta del Gobierno
El tercer gran frente será el Plan Nacional de Desarrollo, documento que recogerá las principales prioridades de política pública de la administración.
El Gobierno prevé presentar este plan después del trámite de la Ley Fiscal y plantea otorgar un mayor protagonismo al sector privado.
Uno de los énfasis estará en la inversión en infraestructura regional como mecanismo para impulsar la participación privada en el desarrollo económico.
Para Arias, el Plan Nacional de Desarrollo tendrá una importancia particular porque allí quedará plasmada buena parte de la apuesta política, ideológica y social del Gobierno.
“El Plan Nacional de Desarrollo representa una apuesta política, ideológica y social del Gobierno de Abelardo de la Espriella”, sostuvo el analista.
La discusión de este documento también permitirá observar la relación que el Ejecutivo mantendrá con los congresistas durante el resto del periodo.
Arias considera que el trámite del presupuesto será un indicador de cómo se desarrollarán posteriormente las discusiones sobre las reformas del Gobierno.
“En esa discusión del presupuesto se podrá advertir cómo le podrán ir a las reformas que presente el Gobierno y a las iniciativas que presenten diferentes congresistas”, afirmó.
Una relación que entra en una nueva etapa
Las tres iniciativas llegarán al Congreso después del primer episodio político protagonizado por el Gobierno alrededor de uno de sus ministros.
La defensa de Jaime Andrés Beltrán en el Senado mostró la capacidad del Ejecutivo para sortear una discusión política concreta y mantener al funcionario en su cargo.
Ahora las discusiones tendrán un alcance mayor y estarán relacionadas con el gasto público, el ajuste fiscal y las prioridades de inversión de la administración.
Para Arias, el momento actual constituye el comienzo de una nueva etapa en la relación entre las dos ramas del poder público.
“Este es el punto de inicio del verdadero ejercicio de discusión y relación entre las dos ramas del poder público”, afirmó.
El resultado de estas discusiones definirá el alcance del presupuesto de 2027 y las posibilidades de avanzar con la estrategia fiscal planteada por el Gobierno.
También permitirá establecer cómo se negociarán las siguientes iniciativas de la administración durante los cuatro años de Gobierno.
