Medellín — Colombia ocupa hoy el primer lugar mundial en metros cuadrados certificados con EDGE, la certificación de construcción sostenible presente en 185 economías. Un primer puesto que ha logrado con el impulso del sector vivienda.
“Mientras otros países con buenos indicadores han logrado sus metros cuadrados certificados a través de bodegas y otro tipo de edificaciones, Colombia lo ha conseguido con un 90% de su certificación concentrada en vivienda”, aseguró en entrevista con Bloomberg Línea Katherine Bobadilla, directora de sostenibilidad de Camacol Nacional, durante Expocamacol, feria internacional del sector que se lleva a cabo en Medellín.
Colombia acumula cerca de 27 millones de metros cuadrados certificados, muy por encima de México, la nación que más se le aproxima con alrededor de 12 millones.
Lo que significa que la mayoría de los hogares colombianos construidos bajo este estándar cuentan con medidas reales de ahorro de agua y energía en su operación diaria.
Asimismo, cerca del 70% de esos metros cuadrados certificados corresponden a Viviendas de Interés Social (VIS), un segmento que hace algunos años parecía incompatible con las certificaciones de sostenibilidad.
La certificación EDGE, precisamente, fue diseñada para economías emergentes y tiene fuerte presencia en África y otros mercados en desarrollo, lo que permitió a Colombia adaptar el modelo y construir un ecosistema propio que hoy tiene proyectos certificados en Barranquilla, Antioquia, Bogotá y prácticamente todas las regiones del país.
Bobadilla también aclaró que la VIS no es técnicamente distinta a la vivienda de otros estratos en cuanto a su comportamiento estructural. La diferencia real está en los acabados, no en el desempeño técnico.
Por eso, explicó, en la VIS se priorizan medidas como inodoros ahorradores, luminarias eficientes, ventilación natural y control de calidad del aire, elementos que mejoran directamente la calidad de vida de sus habitantes sin depender del segmento socioeconómico.
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A este liderazgo se suma un componente regulatorio: Colombia es uno de los primeros países de América Latina en contar con una normativa que exige medidas de ahorro de agua y energía en las edificaciones.
Las barreras que faltan por superar
Pese a los avances, Bobadilla identificó tres frentes en los que el país todavía tiene tareas pendientes.
La primera, la brecha con el comprador de vivienda. Según la directora, el principal reto sigue siendo que el comprador no dimensiona el esfuerzo que hay detrás de la construcción sostenible.
Aunque existen créditos verdes que incentivan la adquisición de vivienda certificada, lo ideal es que el comprador entienda que estas viviendas no solo cuidan el medio ambiente, sino también su bolsillo, su bienestar y su salud, gracias a beneficios como el control de calidad del aire, explicó Bobadilla.
La segunda, los retos regulatorios y territoriales. En este punto especificó que certificar proyectos según las condiciones climáticas de cada región presenta desafíos distintos. Bogotá tiene unas implicaciones particulares, pero zonas como Barranquilla, La Guajira o Valledupar, con climas diferentes, exigen análisis y requerimientos distintos.
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A esto se suma la necesidad de seguir formando equipos técnicos que entiendan la sostenibilidad como parte integral del proceso constructivo, no como una tendencia pasajera.
Y la tercera, la sostenibilidad de los incentivos. Bobadilla planteó como reto de cara al nuevo período de gobierno que se mantengan los incentivos tributarios y financieros que han impulsado la adopción de estas prácticas.
Para la ejecutiva, las constructoras colombianas, especialmente las de mayor capacidad, ya no preguntan por qué es importante la sostenibilidad, sino qué más pueden hacer. Parte de esa conversación incluye ahora medidas de resiliencia ante eventos como sismos, pensando no solo en el interior de las viviendas sino en cómo estas se conectan con su entorno frente a la acción climática.
No todas las empresas cuentan con áreas de sostenibilidad dedicadas, pero tampoco es ese el objetivo: la meta, agregó, es integrar estos criterios en las especialidades técnicas y financieras de cada proyecto, entendiendo que el resultado ideal es aquel en el que la sostenibilidad y la viabilidad económica del proyecto van de la mano.
Bobadilla también mencionó el papel creciente de la inteligencia artificial en la planificación urbana. Ya existen desarrollos que, a partir de un lote específico, indican qué medidas normativas aplican, cuántas viviendas se pueden construir o qué parqueaderos se requieren, revisando automáticamente instrumentos como el POT de Bogotá.
Análisis que antes tomaban dos o tres meses hoy se resuelven en horas, lo que anticipa un rol cada vez más relevante de estas herramientas en la planeación de nuevos barrios y ciudades.
