Bogotá — El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) consideró que la actualización del Plan Financiero y el nuevo proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027 reconocen de manera más realista la magnitud del desequilibrio fiscal, pero evidencian una situación particularmente exigente para las finanzas públicas.
En su comunicado, el Comité señaló que el proyecto de PGN 2027 “pone de manifiesto la necesidad inminente de implementar medidas estructurales de ajuste que contengan la vulnerabilidad fiscal y permitan restablecer un ancla fiscal convincente y sostenible”.
El Gobierno Nacional radicó el 27 de agosto un nuevo proyecto de PGN por COP$635,0 billones, equivalente a 29,9% del PIB y COP$59,2 billones más que la propuesta presentada inicialmente.
El mayor monto incorpora necesidades de gasto asociadas, entre otros rubros, a salud, pensiones, nómina pública, subsidios de energía y gas, universidades y el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).
Al mismo tiempo, contempla medidas de austeridad como limitar el crecimiento de los gastos de personal a la inflación, reducir en términos reales las adquisiciones de bienes y servicios y disminuir la inversión frente al proyecto inicialmente radicado.
¿Más presupuesto y más deuda?
El nuevo proyecto implica un aumento significativo del presupuesto frente a 2026, explicado principalmente por el mayor servicio de la deuda.
Excluyendo los recursos extraordinarios de 2026, el PGN crece 19,6% nominal y pasa de representar 27,6% a 29,9% del PIB.
El servicio de la deuda registra un crecimiento de 54,7% y aumenta en 2,3 puntos porcentuales del PIB.
Por su parte, el gasto sin deuda crece 5,3% y se mantiene en 22,6% del PIB. En materia de financiación, los ingresos corrientes disminuyen 7,4% nominal, mientras los recursos de capital aumentan 59,6%, principalmente por un mayor financiamiento mediante deuda interna y externa.
El CARF señaló que la actualización del Plan Financiero 2027 confirma buena parte de los riesgos que había advertido previamente y reconoce un desequilibrio fiscal significativamente mayor al contemplado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2026.
“El Comité valora el mayor realismo de las cuentas fiscales, pues constituye un marco más adecuado para dimensionar el ajuste requerido”, indicó.
Déficit primario de 4,5% del PIB
Pese al mayor realismo de las cuentas, el CARF advirtió que el escenario actualizado evidencia una situación fiscal particularmente compleja.
Para 2027, tanto el Gobierno como el Comité proyectan un déficit primario de 4,5% del PIB, frente al 0,5% del PIB contemplado en el MFMP 2026.
El resultado también se encuentra cerca del escenario inercial que el CARF había advertido en junio, de 4,3% del PIB.
El Comité señaló además que el déficit primario proyectado para 2027 representa un deterioro frente a las previsiones para 2026.
Según el documento, el deterioro ocurre en el último año de aplicación de la cláusula de escape, lo que amplía el ajuste necesario para retornar al mecanismo paramétrico de la Regla Fiscal en 2028.
El CARF también advirtió que “modificaciones sucesivas de la senda de retorno afectan la credibilidad de la política fiscal y aumentan los riesgos para la sostenibilidad de las finanzas públicas”.
CARF identifica riesgos adicionales
Además del reconocimiento de mayores necesidades de gasto, el Comité identificó factores que podrían ampliar el déficit de 2027.
En salud, los recursos programados serían inferiores en cerca de COP$8,2 billones, equivalentes a 0,4% del PIB, frente a los usos estimados por el Comité.
En pensiones, la programación depende de recursos asociados a traslados al régimen público, pese al cierre de la ventana excepcional, lo que podría aumentar las necesidades de aportes de la Nación.
A esto se suma una reducción de los recursos destinados a subsidios de energía y gas en un escenario sujeto al riesgo de un fenómeno de El Niño.
El CARF también señaló que la atención fiscal de la emergencia asociada al terremoto todavía no está incorporada plenamente en el escenario.
Deuda neta llegaría a 67,3% del PIB
El escenario fiscal para 2027 contempla un déficit primario cercano a 4,5% del PIB, un déficit total próximo a 10% del PIB y una deuda neta alrededor de 67,3% del PIB.
El CARF señaló que la proximidad al límite de deuda no representa únicamente un riesgo de incumplimiento de un umbral legal.
Según el Comité, niveles elevados de deuda y déficit pueden retroalimentarse mediante mayores primas de riesgo, tasas de interés y necesidades de financiamiento.
El escenario también podría verse afectado por mayores necesidades asociadas a la emergencia por el terremoto, un fenómeno de El Niño más intenso, condiciones financieras internacionales más restrictivas o una depreciación del peso.
Se requiere un ajuste permanente
El CARF sostuvo que preservar la sostenibilidad de la deuda y evitar su aproximación al límite de la Regla Fiscal requiere medidas de ajuste estructurales, convincentes y permanentes, tanto por el lado de los ingresos como del gasto.
Bajo las condiciones previstas para 2027, el Comité estima que estabilizar la deuda neta del Gobierno Nacional Central en el nivel proyectado para ese año, de 67,3% del PIB, requeriría un superávit primario superior a 2% del PIB en 2028.
Por ello, el CARF señaló que el déficit primario proyectado para 2027 de 4,5% del PIB muestra la magnitud del desafío fiscal y que su corrección “no puede descansar en medidas transitorias, aplazamientos presupuestales o efectos favorables de valoración de la deuda”.
El Comité consideró urgente definir e implementar una estrategia de consolidación fiscal que permita estabilizar la deuda y retornar al mecanismo paramétrico de la Regla Fiscal.
El Gobierno ha anunciado un ajuste fiscal de 2,2% del PIB, concentrado en cerca de dos terceras partes en medidas de gasto.
El CARF señaló que corresponde al Gobierno presentar oportunamente las alternativas de ajuste y recordó que su decisión requerirá la aprobación del Congreso de la República.
“La sostenibilidad de las finanzas públicas es un principio constitucional y un bien público de todos los colombianos, por lo que las medidas necesarias para preservarla no pueden postergarse”, concluyó el Comité.
