Bloomberg Línea — Desde oficinas hasta cárceles y hoteles, los centros de estafa en todo el planeta generan US$1 billón anual en rentas ilegales, es decir, casi el 1% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, de acuerdo con un informe publicado por la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional (GI-TOC).
GI-TOC investigó cómo funcionan los centros de estafa en al menos 25 países, entre ellos, cuatro latinoamericanos: Brasil, Colombia, El Salvador y República Dominicana, exponiendo los matices entre ellos.
En Brasil, por ejemplo, fueron identificados centros de este tipo en pequeñas oficinas en edificios comerciales, mientras que en Colombia operan desde las cárceles.
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Las estafas en la región continúan siendo comunes: románticas, de servicios falsos y familiares en apuros. Pero también eficaces, gracias a herramientas de alta tecnología, agentes estatales corruptos y una multitud de trabajadores en diversas situaciones de explotación.
“Las herramientas e infraestructura proporcionadas por los proveedores de servicios delictivos están reduciendo las barreras de entrada a la industria”, afirmó Kristina Amerhauser, colíder en flujos financieros ilícitos de GI-TOC. “Hoy en día, un posible estafador puede comprar todo lo que necesita en internet, desde datos hasta guiones y software”.
Esto dice el informe sobre los centros de estafas en los países latinoamericanos:
Brasil
GI-TOC documenta centros de estafa en pequeñas oficinas en las zonas suburbanas de las dos ciudades más grandes de Brasil: São Paulo y Río de Janeiro.
También recopila hallazgos de redes operando en casas de campo y alojamientos “a través de plataformas como Airbnb”. Los estafadores, en apariencia, acuden con sus propios routers y computadoras portátiles a estos lugares, donde suelen durar menos de una semana para evitar que las autoridades detecten su dirección IP.
“Estas oficinas se alquilan solo por unas pocas semanas para evitar ser detectadas por la policía, y las operaciones emplean entre 30 y 40 personas”, expone el documento. “Si bien gran parte de esta fuerza laboral es contratada a través de grupos de reclutamiento laboral en Telegram, haciéndoles creer que trabajarán en operaciones legítimas de telemarketing, otros son reclutados a través de contactos personales con la red criminal”.
GI-TOC explica que las plataformas de apuestas en línea en Brasil, el tercer mercado de este tipo más grande del mundo —superado por Estados Unidos y Reino Unido—, están siendo utilizadas para blanquear las ganancias de las estafas.
“Debido al alto volumen de transacciones, la facilidad con la que se pueden transferir fondos a través de las fronteras y la legitimidad percibida”.
Colombia
En Colombia hay centros de estafa en las cárceles de La Picota y La Modelo en Bogotá, Combita en Tunja, Picaleña en Ibagué, Villa Hermosa en Cali y Pedregal en Medellín, denuncia GI-TOC tras practicar entrevistas a “actores clave” a los que mantiene en condición de anonimato.
“Los centros de estafa en las cárceles colombianas son operaciones integradas que combinan estafadores que trabajan dentro de la prisión con redes de intermediarios, cobradores, proveedores de teléfonos móviles [para llamar a las víctimas] y administradores de bases de datos fuera de ella [que les facilitan sus contactos, además de datos personales]”, se lee en el reporte.
Una particularidad colombiana es que los centros no solo practican estafas comunes, sino extorsivas, generalmente a comerciantes, ya que las redes cuentan con vigías (campaneros) operando fuera de la prisión e investigando a la víctima, acercándose a su negocio y entorno cotidiano para dar credibilidad a las amenazas.

“Los mecanismos de contacto con las víctimas siguen siendo básicos y rudimentarios, sin evidencia del uso de herramientas de inteligencia artificial ni tecnologías sofisticadas para evadir el rastreo de llamadas. Los estafadores son expertos en explotar plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok, y emplean técnicas de ingeniería social”.
Tanto en Colombia como en Brasil, los estafadores buscan suplantar la identidad de estructuras criminales de alto perfil, como grupos narcotraficantes, bien sea para intimidar a las víctimas o a las autoridades que buscan corromper, pese a que no están comprobados sus vínculos, según GI-TOC.
El Salvador
GI-TOC reseña que en El Salvador los centros de estafa se ubican en apartamentos y pequeñas oficinas en San Salvador, Santa Ana, Sonsonate y San Miguel.
“Una estafa reciente a gran escala fue dirigida por una red liderada por colombianos, con salvadoreños actuando como intermediarios y brindando apoyo logístico”, reseña el reporte.
En el país centroamericano, las autoridades han detenido colombianos vinculados a organizaciones de microfinanzas improvisadas, que atraían a prestatarios con créditos fáciles y los amenazaban si se retrasaban con los pagos. Pero no solo eso.
“Cuando los deudores se atrasaban en los pagos, los operadores supuestamente robaban identidades, abrían cuentas bancarias o solicitaban tarjetas y transferían fondos”, constata GI-TOC. “Para julio de 2024, la fiscalía declaró que se habían enviado aproximadamente US$20 millones a Colombia, con al menos 170 acusados”.
República Dominicana
A la par que creció el sector BPO legítimo en República Dominicana, impulsado por zonas francas y trabajadores bilingües, también lo hicieron centros de llamadas, “una minoría”, con fines delictivos.
“Hoy en día, un mismo edificio de oficinas puede albergar operaciones legales e ilegales en diferentes plantas, siendo difícil distinguir las plantas ilícitas de los centros BPO legítimos”, de acuerdo con el informe.

En dichos centros, la tecnología no desempeña un papel importante, más allá de la suplantación de identidad del número de teléfono y los sistemas de marcación automática VoIP. Sin embargo, las estafas tienen cierto grado de sofisticación, “al vincular a las víctimas estadounidenses con servicios de mensajería, lo que garantiza la rápida recuperación del dinero”.
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