En medio de cuestionamientos por eventuales recortes en el gasto social, el Ministerio de Hacienda de Chile aseguró que no habrá modificaciones en los beneficios que reciben los pensionados. La aclaración se produjo tras la difusión de documentos internos y decretos que recomendaban revisar partidas presupuestarias, entre ellas la Pensión Garantizada Universal (PGU).
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El titular de la cartera, Jorge Quiroz, sostuvo que las medidas impulsadas apuntan exclusivamente a mejorar la asignación de recursos y a corregir posibles irregularidades. En ese marco, remarcó que los ajustes en análisis no implican una reducción de las prestaciones vigentes, sino una revisión técnica de los programas.
El funcionario fue enfático al descartar cualquier recorte, en declaraciones realizadas en un punto de prensa. “Quiero decir con todas sus letras, y esto no sólo para la PGU, sino para todo tipo de programas, aquí no se va a tocar ningún beneficio social de la población. Ninguno, en absoluto”, afirmó. Además, reiteró que “no hay recorte en ningún beneficio de ningún pensionado”.
La controversia se originó a partir de la inclusión de la PGU en un listado de cerca de 260 programas cuyos recursos podrían ser revisados. Esto generó dudas sobre una posible contradicción con el compromiso de campaña del presidente José Antonio Kast de no afectar este tipo de ayudas.
Frente a ese escenario, el ministro explicó que los decretos vigentes establecen medidas concretas de corto plazo, mientras que los oficios filtrados contienen lineamientos generales para la elaboración del presupuesto de 2027. “Lo importante hoy día es el decreto, porque el decreto es lo que se va a hacer. Lo otro son orientaciones para pensar el tema del presupuesto”, indicó.
Revisión de programas
Según detalló el funcionario, la revisión de programas responde a la necesidad de evaluar permanentemente el uso de los fondos públicos, especialmente cuando surgen indicios de anomalías. En ese sentido, señaló que podrían existir casos en los que el beneficio haya sido otorgado sin cumplir los requisitos legales, lo que justificaría su análisis.
También buscó ilustrar el tipo de decisiones que se están adoptando en materia de gasto. Como ejemplo, mencionó la existencia de sobrestock en ciertos programas, donde se continuaban realizando compras pese a contar con insumos sin utilizar. A su juicio, reducir esas adquisiciones y aprovechar los recursos disponibles constituye una medida de eficiencia.
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Por último, insistió en que cualquier revisión no afectará a quienes perciben la PGU conforme a la normativa vigente. “Por lo tanto, quiero volver decir que las personas que tienen el beneficio de la PGU obtenido como corresponde a ley, no se les va a afectar en absoluto”, concluyó.













