Bloomberg Línea — Un proyecto de ley radicado a mediados de julio en el Congreso Nacional de Chile, que busca que las mujeres escuchen los latidos del feto antes de abortar, reabrió el debate en torno a la interrupción voluntaria del embarazo en Latinoamérica y la posibilidad de una regresión en los derechos reproductivos con la creciente ola de extrema derecha.
En Chile, cinco parlamentarios de la extrema derecha —incluyendo tres del Partido Republicano, fundado por el presidente José Antonio Kast— y uno de la derecha tradicional presentaron una iniciativa para que los médicos brinden a las embarazadas información sobre “la actividad cardíaca embrionaria o fetal”, así como “la oportunidad de escucharla”, antes de practicarles un aborto.
La propuesta, que suscitó controversia durante su primera discusión constitucional a comienzos de agosto, imita una medida tomada por el gobierno de Viktor Orbán en Hungría en 2022: exigir a las gestantes que conozcan los signos vitales del feto previo a la interrupción del embarazo.
La ley chilena permite abortar bajo tres causales específicas desde 2017: riesgo vital de la madre, inviabilidad fetal letal y violación.
Ver más: HWR insta al Ecuador a despenalizar el aborto y asegura que “viola derechos humanos”
La Fundación Observatorio de Violencia Obstétrica de Chile (OVO) cuestionó que el proyecto de ley presentado al Congreso incorporara una disposición legal estableciendo que el personal médico “deberá negarse a practicar la interrupción del embarazo” si la embarazada no quiere escuchar el corazón del feto o el embrión.
“Cuando la autonomía de la mujer deja de ser el eje que determina el curso de su propia atención de salud, y es sustituida por un criterio externo impuesto durante el proceso clínico, que además tiene por finalidad inhibir la decisión, se está frente a una forma de violencia obstétrica”, expuso OVO.
En Colombia, una bancada “provida” del Congreso radicó el pasado 29 de julio un proyecto para modificar el artículo 11 de la Constitución y reconocer que la vida se inicia desde la fecundación, en un intento de revertir el derecho al aborto por petición.
La iniciativa fue presentada por siete congresistas de la derecha tradicional y de la extrema derecha, incluyendo dos del partido que avaló la candidatura del presidente Abelardo De la Espriella en las pasadas elecciones, Salvación Nacional.
El aborto en Colombia es legal y libre hasta la semana 24 de gestación desde 2022, es decir, el acceso a este derecho no tiene ningún limitante en dicho periodo.
Después de la semana 24, el aborto es legal y no es penalizado en tres circunstancias: si el embarazo representa peligro para su salud, si es producto de una violación o cuando existe una grave malformación del feto.
El Movimiento Causa Justa por el Aborto, que lideró la despenalización del aborto en Colombia, aseguró que la iniciativa radicada en el Congreso por legisladores de la derecha “va en contravía de la Constitución y del ordenamiento jurídico actual”.
Planteó, además, que el aborto, en sí mismo, “protege la vida, la salud y la integridad de las mujeres, hombres trans y personas no binarias cuando se enfrentan a un embarazo no deseado”.
En Argentina, un grupo de diputados del partido oficialista La Libertad Avanza, del presidente Javier Milei, firmó el pasado 28 de marzo un compromiso público para “trabajar activamente” en la “derogación definitiva” de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), aunque ahora mismo no hay iniciativas sobre este tema en el Legislativo.
Antes, el 25 de marzo, en el contexto del ‘Día del niño por nacer’, la Casa Rosada publicó un mensaje en sus redes sociales reconociendo “la dignidad inviolable de todo ser humano desde su concepción”.
La Ley 27.610, vigente en Argentina desde enero de 2021, ordena al Ministerio de Salud brindar la cobertura integral y gratuita al aborto por petición hasta la semana 14 de gestación.
A partir de la semana 15, el derecho a decidir y acceder a la interrupción voluntaria del embarazo aplica en dos situaciones: si es el resultado de una violación o si está en peligro la vida o la salud de la gestante.
El movimiento Amnistía Internacional denunció en diciembre de 2025 que, desde la llegada de Milei al poder, “el gobierno suspendió la compra y distribución de misoprostol y mifepristona —insumos esenciales para garantizar el acceso a la IVE— y desmanteló el Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (Plan Enia)”.
En El Salvador, la interrupción voluntaria del embarazo está prohibida en cualquier circunstancia desde 1998 y es penalizada hasta con 40 años de prisión. Allí, la agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, la única ONG que ha reivindicado el derecho de las mujeres a decidir sobre su embarazo, se disolvió legalmente el pasado febrero.
El tema no es menor: esta ONG logró la liberación de 81 salvadoreñas condenadas por aborto en los últimos 17 años. Su disolución estuvo relacionada con los ataques discursivos del presidente Nayib Bukele y la presión de su Gobierno a los defensores de derechos humanos, entre otras, con el impulso de la Ley de Agentes Extranjeros.
Esa ley, aprobada por una Asamblea Legislativa de mayoría oficialista, entre otras cosas, grava con un impuesto del 30% a las ONG sobre las donaciones recibidas desde el extranjero.
“Estas situaciones nos hicieron conscientes de que los retrocesos democráticos se profundizan y que, sin democracia, nuestras luchas estarían en mayor riesgo”, sostuvo la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.
En Honduras, donde el aborto también está prohibido en cualquier caso y es tipificado como un delito, en la instalación de la primera legislatura del nuevo Congreso Nacional, el pasado 25 de enero, fue expuesta una bandera “provida”.
El Congreso Nacional aprobó el 21 de julio investigar la promoción ilegal del aborto, tipificado como un delito, y organizaciones conservadoras han buscado ante el Poder Judicial anular uno de los pocos avances en materia de derechos reproductivos: la PAE.
La PAE (Píldora Anticonceptiva de Emergencia) estuvo restringida en el país durante 13 años, hasta que la otrora presidenta hondureña Xiomara Castro, el 8 de marzo de 2023, firmó un decreto aprobando su uso, venta y comercialización.
A continuación, el panorama de la legislación del aborto en los países latinoamericanos:
Países donde es permitido en algunos casos
Bolivia
El aborto en Bolivia no es sancionado cuando el embarazo es producto de violación, estupro o incesto, según el artículo 266 del Código Penal de 1972. “Tampoco será punible si el aborto hubiere sido practicado con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre”, agrega.
En 2017, la Cámara de Diputados aprobó un nuevo Código Penal para ampliar los casos de aborto y ordenaba a los servicios públicos de salud proveer de esta intervención. Sin embargo, nunca entró en vigencia debido a una abrogación un mes después.
Brasil
El Código Penal brasileño determina que el “aborto provocado por la mujer embarazada o con su consentimiento” puede acarrearle una pena de hasta tres años de prisión.
El aborto solo está permitido “si no existe otra forma de salvar la vida de la mujer embarazada” o si el embarazo es “resultante de una violación”.
Chile
La ley chilena permite abortar bajo tres causales específicas desde 2017: cuando el embarazo representa peligro para la vida de la mujer, cuando es el resultante de una violación o cuando se diagnostica una inviabilidad fetal de carácter letal. No existe un límite de semanas de gestación.
Costa Rica
En Costa Rica, el artículo 121 contempla el aborto terapéutico cuando el embarazo pone en riesgo la salud y la vida de la gestante. No obstante, un nuevo reglamento emitido en octubre de 2025 restringe su aplicación exclusivamente cuando la vida de la madre o el feto estén en peligro mortal.
Guatemala
En Guatemala, el Código Penal dictamina el “aborto terapeútico” en su artículo 137 y establece que puede aplicarse solamente previo diagnóstico de dos médicos, si el embarazo pone en peligro la vida de la mujer y tras haber descartado “todos los medios científicos” para que siga adelante.
Ecuador
El aborto en Ecuador es sancionado con hasta tres años de cárcel, salvo que se practique cuando un embarazo representa riesgo para la salud o la vida de la gestante.
La interrupción voluntaria del embarazo es permitida cuando es producto de una violación hasta la semana 12 de gestación para las mujeres adultas y antes de la semana 18 para menores de edad, así como para las pobladoras rurales y de comunidades indígenas.
Venezuela
Una gestante que aborte en Venezuela podría ser condenada a dos años de cárcel, según su Código Penal, que data de 1915 y fue reformado en 2005.
Solo hay una excepción, de acuerdo con el artículo 433: “No incurrirá en pena alguna el facultativo que provoque el aborto como medio indispensable para salvar la vida de la parturienta”.
Panamá
En Panamá, el aborto no es penalizado hasta la octava semana de gestación cuando el embarazo es producto de una violación o sin un periodo específico cuando “pone en peligro la vida de la madre”.
Paraguay
La prohibición del aborto es casi total en Paraguay, conforme con el artículo 109 del Código Penal. Está permitido “para desviar un peligro serio para la vida o la salud de la madre”, pero no cuando el embarazo haya sido consecuencia de una violación o malformación fetal.
Perú
La interrupción voluntaria del embarazo en Perú es legal bajo “indicación terapéutica” hasta la semana 22, “cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente”, consigna el Artículo 119 del Código Penal.
Países donde es totalmente prohibido
En América Latina y el Caribe hay cinco países donde el aborto es totalmente prohibido: Honduras, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana y Haití.
En El Salvador, puntualmente, las gestantes pueden ser condenadas a ocho años de prisión por abortar, si bien la pena puede aumentar a 40 años si la justicia las halla responsables del delito de homicidio agravado.
En República Dominicana, un grupo de abogadas y académicas presentó una iniciativa ante la Cámara de Diputados para despenalizar el aborto en tres casos puntuales: cuando el embarazo resulte de una violación, para salvar la vida de la madre o ante la inviabilidad del feto.
En Nicaragua, el aborto terapéutico estuvo permitido hasta 2006, pero se prohibió desde entonces luego de que la Asamblea Nacional derogara esta opción.
En Haití, se legalizó el aborto hasta la octava semana de embarazo tras una reforma al Código Penal en 2025 —en tres casos específicos—, pese a que no ha entrado en vigencia.
Países donde es permitido bajo petición
Colombia
El aborto es legal y libre hasta la semana 24 de gestación desde 2022. Después de esta semana, puede ser solicitado en tres situaciones:
- Cuando el embarazo constituye peligro para la vida o la salud de la gestante.
- Cuando una malformación del feto haga inviable su vida fuera del útero.
- Cuando el embarazo es el resultado de una conducta de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento.
Argentina
El aborto libre se puede solicitar hasta la semana 14 de gestación desde 2021. Después de esta semana, el derecho de decisión y acceso a la interrupción del embarazo depende de:
- Si el embarazo es resultado de una violación.
- Si estuviera en peligro la vida o la salud de la persona gestante.
Uruguay
La interrupción voluntaria del embarazo fue despenalizada hasta la semana 12 de gestación en 2012, durante el Gobierno del fallecido José Mujica, aunque la administración de Yamandú Orsi busca impulsar un proyecto para extender el plazo a la semana 14.
Además, el aborto podrá ser practicado hasta la semana 14 si el embarazo es producto de violación y en cualquier momento de la gestación bajo dos causales:
- Ante grave riesgo para la salud de la mujer
- Ante malformaciones fetales incompatibles con la vida extrauterina
Guyana
El aborto bajo petición fue despenalizado hasta la octava semana de embarazo, “mediante cualquier método legal y apropiado distinto de un procedimiento quirúrgico”, en 1995.
Cuando es solicitado después de la octava semana y no mayor a 12 semanas, deberá ser practicado en una institución autorizada, siempre que implique un riesgo para la salud de la gestante o el feto, pero además si el embarazo es producto de una violación o la mujer es seropositiva para VIH.
Entre las semanas 12 y 16, el aborto podrá ser practicado si dos médicos, “actuando de buena fe”, dan constancia de las circunstancias ya descritas.
Cuba
El aborto por petición es despenalizado en Cuba antes de la semana 12 de gestación y por malformaciones fetales hasta la semana 26 desde 1965, bajo tres parámetros: que se practique en un hospital, por personal experto y de manera gratuita.
Entretanto, es tipificado como delito cuando se realiza por lucro, persona sin autorización y fuera de los centros médicos.
Ver más: Luisiana, primer estado de EE.UU. en tipificar como delito la posesión de píldoras abortivas
