Bloomberg Línea — El próximo presidente del Perú, que será elegido este domingo 7 de junio, llegará a Palacio de Gobierno con poco margen para improvisar. En medio de una economía que aún arrastra los efectos de años de inestabilidad política, baja inversión y creciente presión fiscal, los primeros 100 días de gestión de Keiko Fujimori o Roberto Sánchez serán determinantes para definir el tono económico del próximo quinquenio.
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El desafío no es menor. Perú ha tenido ocho presidentes en menos de una década, un escenario que, según analistas, ha debilitado la confianza y reducido el crecimiento potencial del país. Aunque la economía evitó una crisis mayor, gracias a la estabilidad macroeconómica y al manejo monetario del Banco Central de Reserva, el país todavía crece por debajo de su potencial.
El Ministerio de Economía y Finanzas proyecta una expansión de 3,5% para este año, mientras especialistas consideran que el Perú necesita crecer por encima del 5% para cerrar brechas sociales y generar empleo de calidad.
Economistas y exfuncionarios consultados por Bloomberg Línea coinciden en que las primeras señales del nuevo gobierno, desde los nombramientos del equipo económico hasta las decisiones sobre inversión, gasto público y minería, serán observadas de cerca por el mercado y el sector privado.
“La principal medida es descartar cualquier cambio en la Constitución”, dijo Elmer Cuba, economista y socio de Macroconsult, una prestigiosa consultora económica. A su juicio, abrir nuevamente el debate sobre una Asamblea Constituyente “sería el corrosivo para cualquier esquema de relanzamiento de la inversión privada”.
Cuba sostuvo que la estabilidad política será clave para recuperar confianza, tras años marcados por la confrontación entre el Ejecutivo y el Congreso. “La estabilidad en sí misma es buena para los negocios”, afirmó.
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José Salardi, exministro de Economía y Finanzas, cree que el próximo gobierno debe llegar con medidas ya trabajadas antes del día que asuma la presidencia, el 28 de julio, para evitar repetir la improvisación de administraciones anteriores.
“El país no puede darse el lujo de seguir perdiendo más tiempo”, señaló. Según explicó, las propuestas económicas y los primeros decretos deberían estar preparados desde el periodo de transición para acelerar su aplicación durante los primeros meses de gestión.
Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía, coincidió en que la capacidad de ejecución será determinante en el arranque del próximo gobierno. A su juicio, el nuevo presidente tendrá poco tiempo para ordenar prioridades fiscales, definir el presupuesto y responder a problemas urgentes como la inseguridad y la minería ilegal.
El desafío de recuperar la inversión
Uno de los principales retos del próximo gobierno será recuperar el dinamismo de la inversión privada, especialmente en minería, infraestructura y energía.
Salardi consideró prioritario aplicar un “choque de desregulación”, que permita simplificar trámites y reducir los cuellos de botella que hoy retrasan proyectos de inversión.
“Perú necesita mucha inversión privada”, dijo Salardi. “Está claro que solo con inversión pública no nos va a alcanzar”.
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El exministro señaló que proyectos mineros y de infraestructura requieren un acompañamiento más activo del Estado para evitar nuevos retrasos. Entre ellos mencionó iniciativas como los proyectos de minería de cobre Tía María, Michiquillay, El Algarrobo, así como las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima.
También planteó fortalecer el rol de ProInversión y acelerar el desarrollo de asociaciones público-privadas (APP), especialmente en transporte, energía y obras urbanas.
Las apuestas no son menores. El Ministerio de Economía proyecta que la inversión privada crecerá 4,5% este año y superará los US$58.000 millones, impulsada principalmente por proyectos mineros y de infraestructura. Además, el Gobierno estima inversiones mineras por unos US$8.600 millones entre 2026 y 2029.
Para Cuba, además de mantener reglas claras para la inversión, el próximo gobierno deberá evitar “medidas estrambóticas” que generen incertidumbre en el mercado.
“La economía ya tiene sus reglas. Hay que dejar operar a la inversión privada”, señaló.
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Gallardo consideró que una de las principales diferencias entre ambos candidatos radica justamente en las señales hacia el sector privado. Mientras Keiko Fujimori transmite continuidad del modelo económico, aún persisten dudas sobre la posición de Sánchez respecto a temas como el rol empresarial del Estado, la revisión de contratos y eventuales cambios constitucionales.
Presión fiscal y el problema de Petroperú
Otro de los frentes urgentes será el fiscal. Los tres economistas advirtieron sobre la necesidad de contener el crecimiento del gasto corriente y ordenar las cuentas públicas.
El frente fiscal llega además bajo presión. El Ministerio de Economía proyecta un déficit fiscal equivalente al 2,2% del PIB este año, luego de que el Perú cerrara 2024 con un déficit de 3,5%, por encima de la regla fiscal.
Aunque la deuda pública ronda el 32% del PIB —uno de los niveles más bajos de América Latina—, los especialistas advierten sobre el incremento del gasto corriente y las mayores presiones presupuestales impulsadas desde el Congreso.
Cuba sostuvo que el nuevo gobierno deberá frenar la presión de gasto impulsada en los últimos años por el Legislativo, al que calificó como “el más populista” desde la Constitución de 1993.
“El próximo presidente tiene que cerrar el caño del gasto corriente”, afirmó.
Salardi, por su parte, indicó que el presupuesto público para 2027 será una de las primeras grandes pruebas económicas de la próxima administración, especialmente por la necesidad de revisar prioridades de gasto y evitar mayores presiones sobre el déficit fiscal.
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Gallardo coincidió en que el manejo presupuestal será uno de los retos inmediatos del próximo gobierno y advirtió que el Ejecutivo tendrá poco tiempo para definir recursos destinados a seguridad, infraestructura y prevención ante un eventual Fenómeno de El Niño.
En ese escenario, Petroperú aparece como otro de los temas más sensibles para el próximo gobierno.
Cuba consideró que la empresa estatal requiere sincerar su situación financiera y reestructurar su deuda para garantizar su viabilidad en el largo plazo.
Salardi fue más allá y planteó que la petrolera debería abrir espacio a la participación privada para mejorar su gestión y dejar de representar una carga constante para el Estado.
“Los más de S/30.000 millones destinados a Petroperú equivalen a hospitales regionales que no se construyeron”, afirmó.
Gallardo sostuvo que el próximo gobierno debería mantener el proceso de reestructuración patrimonial y fortalecer la gobernanza de la empresa para evitar nuevos rescates financieros.
Minería, informalidad y seguridad
La minería y la formalización también figuran entre las prioridades inmediatas del próximo gobierno.
Cuba sostuvo que el país necesita una nueva ley para la pequeña minería y minería artesanal (MAPE) que permita ordenar el proceso de formalización y enfrentar el crecimiento de la minería ilegal.
“No puede ser posible que la mitad del oro no pague impuestos”, afirmó.
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El economista planteó establecer nuevas reglas para el sector y otorgar un periodo de adecuación antes de reforzar la fiscalización y el control estatal.
La expansión de las economías ilegales también se ha convertido en una preocupación creciente para el sector privado. El Instituto Peruano de Economía (IPE) advirtió que la minería ilegal pone en riesgo alrededor de US$12.000 millones en inversiones y afecta la recaudación fiscal del país.
Gallardo señaló además que distritos vinculados a minería ilegal como Pataz, Ananea e Inambari registran tasas de homicidios entre 20 y 40 veces mayores que el promedio nacional, lo que refleja el avance del crimen organizado en esas zonas.
“Si no se tiene una posición seria contra eso, vamos mal”, afirmó.
La informalidad sigue siendo además uno de los principales problemas estructurales de la economía peruana. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), alrededor del 71% de los trabajadores peruanos se encuentra en condición de informalidad, uno de los niveles más altos de América Latina.
Salardi coincidió en que la minería ilegal y la inseguridad deben entrar rápidamente en agenda y advirtió que el Perú ha perdido oportunidades durante el actual ciclo de altos precios de los metales debido a trabas regulatorias y retrasos en proyectos.
Además, subrayó que la inseguridad ciudadana y el avance del crimen organizado se han convertido en un problema económico que ya afecta las decisiones de inversión.
“El ritmo de crecimiento de la criminalidad y la ilegalidad preocupa”, señaló.
A su juicio, el próximo gobierno deberá impulsar reformas en el sistema policial, judicial y penitenciario, además de incorporar mayor tecnología e inteligencia para enfrentar las redes criminales y las extorsiones.
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Las primeras señales
Los analistas coinciden en que los primeros nombramientos del gabinete económico serán determinantes para medir la orientación del próximo gobierno.
En particular, destacaron la importancia de mantener figuras técnicas en instituciones clave como el Banco Central de Reserva.
Para ambos especialistas, la continuidad de Julio Velarde al frente del banco central ayudaría a sostener la estabilidad monetaria y dar señales de tranquilidad al mercado.
Gallardo advirtió además que la preocupación no pasa únicamente por la permanencia de Velarde, sino también por la defensa de la autonomía del banco central y la calidad técnica de sus futuros directores.
Sin embargo, Cuba advirtió que una sola figura técnica no será suficiente si el resto del gabinete no transmite estabilidad y capacidad de gestión.
“Una golondrina no hace verano”, dijo.
Gallardo añadió que los mercados también observarán quiénes asuman carteras clave como el MEF, la Presidencia del Consejo de Ministros y Transportes, especialmente por la necesidad de acelerar infraestructura y mantener sostenibilidad fiscal.
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Más allá de quién gane la segunda vuelta, los próximos meses serán observados como una prueba de fuego para determinar si el Perú logra recuperar confianza y crecimiento o prolonga un nuevo ciclo de incertidumbre política y económica.
