Bloomberg Línea — Los derechos de los trabajadores han sufrido un retroceso generalizado en todo el mundo, y las Américas se han convertido en una de las zonas más afectadas al registrar su peor calificación desde que la Confederación Sindical Internacional (CSI) comenzó a publicar su Índice Global de los Derechos en 2014.
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El informe de 2026, presentado coincidiendo con la Conferencia Internacional del Trabajo, en Ginebra, advierte que la situación en América Latina es especialmente crítica, al ser la región donde más sindicalistas son asesinados, se vulneran masivamente las libertades colectivas y se avanza en reformas que debilitan la protección laboral.
El estudio, que evalúa 151 países según el cumplimiento de convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), asignó a las Américas una puntuación media de 3,72 —donde 1 representa el mayor respeto y 5 el peor nivel de garantías—, lo que supone un empeoramiento respecto al año anterior y confirma una tendencia negativa de tres años consecutivos.
Argentina y Panamá se sumaron a la lista de los 10 peores países del mundo para los trabajadores, que completan Ecuador, Bielorrusia, Egipto, Suazilandia, Myanmar, Nigeria, Túnez y Turquía.
La clasificación se basó en función de su cumplimiento de los derechos laborales colectivos y las violaciones documentadas a los derechos reconocidos internacionalmente por parte de los gobiernos y los empleadores.
Entre los pocos avances registrados en el continente americano destaca la mejora de Uruguay, donde se reforzaron las normas de protección a la huelga y se impulsó el diálogo social, lo que le permitió recuperar la calificación máxima.
También México subió de nivel, aunque sigue teniendo restricciones importantes, especialmente en lo que respecta a la libertad de asociación en sectores clave.
Actividad sindical
Además, naciones como Colombia, México, Guatemala y Perú registran violaciones sistemáticas graves, incluidas muertes de activistas sindicales, hechos que se suman a detenciones arbitrarias, represión policial durante protestas, despidos por motivos sindicales y acoso judicial contra sindicalistas.
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Según el informe, en el 87% de los países americanos se ha vulnerado el derecho de huelga, en el 80% se ha restringido la negociación colectiva y en el 75% se ha obstaculizado la libertad de asociación o el registro legal de sindicatos.
Dos casos marcados este año son los de Argentina y Panamá, que bajaron su calificación hasta el nivel 5 —el más bajo posible— y entraron en la lista de naciones donde los derechos laborales no están garantizados.
En Argentina, la aprobación de reformas laborales impulsadas por el Gobierno derivó en despidos masivos, limitación a la capacidad de acción de los sindicatos y restricciones a las protestas públicas, medidas que la CSI califica como un ataque deliberado al marco de protección social.
En Panamá, las autoridades reprimieron huelgas del sector educativo y agrícola, restringieron el derecho de reunión y obstaculizaron el diálogo social, lo que llevó a su inclusión entre los países con peor desempeño.
Respecto a Ecuador, el informe de la Confederación señala que desde que Daniel Noboa llegó al poder en 2023, el gobierno “ha emprendido una ofensiva sistemática contra los sindicatos y la sociedad civil”, que abarca desde la criminalización de los líderes sindicales, una legislación regresiva y prácticas de vigilancia digital, hasta la injerencia en los asuntos sindicales.
Un “clima de hostilidad hacia los sindicatos” que quedó en evidencia con la respuesta del Gobierno a las protestas por los precios del combustible en 2025.
De Venezuela, aún sin garantías a los derechos laborales, la organización recuerda la detención de José Elías Torres, de 74 años, secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), en noviembre de 2025.
Durante su encarcelamiento, no se hizo público ni el lugar donde se encontraba recluido ni los cargos que se le imputaban. Torres fue finalmente puesto en libertad en febrero de 2026, junto con los dirigentes sindicales venezolanos William Lizardo y José Luis Subero.
En otros países de la región, como Costa Rica, el registro de nuevos sindicatos en el sector privado se ha vuelto prácticamente imposible por trabas administrativas.
En Honduras, empresas multinacionales se niegan a firmar convenios colectivos pese a años de organización; y en El Salvador, los regímenes de excepción han reducido el espacio cívico y facilitado detenciones sin garantías.
Bolivia, Chile, Paraguay y República Dominicana mantuvieron su puntuación respecto al año pasado; Cuba y Nicaragua no son calificados en el reporte.
La tendencia global
A escala global, Europa también registró su peor puntuación histórica (2,80), con retrocesos en naciones como Francia o Albania, mientras que Medio Oriente y el Norte de África siguen siendo las zonas con menores garantías (4,68).
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Solo siete países en todo el mundo obtuvieron la calificación máxima, frente a los 18 que la tenían hace diez años, y 40 naciones recibieron la calificación más baja.
En el 72% de los países se ha restringido el acceso de los trabajadores a la justicia, el nivel más alto registrado hasta la fecha.
El informe alerta además sobre el uso creciente de tecnología para vigilar y controlar a los empleados, la reducción de consultas a los sindicatos antes de aprobar leyes laborales y la criminalización de la protesta social.
La CSI dijo que pedirá a los organismos multilaterales que exijan el cumplimiento de los convenios internacionales, al tiempo que llama a fortalecer la organización sindical como la principal herramienta para revertir este retroceso.
