Bloomberg Línea — Uruguay es el país menos corrupto de Latinoamérica, o mejor, el país menos percibido como corrupto, de acuerdo con un índice publicado recientemente por Transparencia Internacional*.
La nación sudamericana, que cuenta con menos de 3,5 millones de habitantes, obtuvo una calificación de 73 puntos, en la que cero representa “mucha corrupción” y 100 “muy baja corrupción”, según este índice.
Gracias a su puntaje, Uruguay es el décimo séptimo (17) país del mundo percibido como menos corrupto, superando a Japón, Reino Unido, Austria, Estados Unidos y Francia, por ejemplo.
Además, sobrepasa con relativa buena ventaja a quienes le siguen a nivel latinoamericano: Chile, con 63 puntos, en la posición 31 a nivel global, y Costa Rica, con 56 puntos, en la casilla 46 del ranking.
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Pero, ¿qué ha hecho de Uruguay un ejemplo regional y mundial en esta materia? Bloomberg Línea conversó con el doctor en sociología, docente y escritor Felipe Arocena para entender esta singularidad.
Bloomberg Línea (BL): Algunos podrían decir que el tamaño de Uruguay facilita el control a quienes ejercen poder y también extender una cultura anticorrupción, ¿cuál en su opinión?
Felipe Arocena (FA): A Uruguay le va bien en muchos índices construidos de manera comparativa con otros países: democracia, desarrollo humano, sustentabilidad, salarios, baja corrupción... Y siempre el primer reflejo es pensar que es gracias a su tamaño, pero eso no es una causa suficiente ni necesaria para que un país no sea percibido como tan corrupto como otros.
Podíamos poner como ejemplo otros países pequeños como Nicaragua, Honduras, El Salvador, que son muy pequeños, pero extremadamente corruptos también.
BL: Entonces, ¿qué hace diferente a Uruguay en comparación con el resto de la región? ¿Qué lo hace un caso de éxito?
FA: Uno tiene que ver con el origen de este país, como una extensión de tierra con muy poco interés para los dos poderes vecinos en ese momento: el virreinato del Río de la Plata y el imperio portugués. Uruguay era una especie de tierra de transición. Entonces, no hubo una oligarquía como la que hubo en Buenos Aires y tampoco una aristocracia imperial como la hubo en Brasil.
Eso tuvo como consecuencia que en Uruguay no hubo un grupo particular de personas sintiendo que el Estado les pertenecía. La construcción temprana de Uruguay en un Estado racional, legal, laico, era una construcción completamente diferente a la que se llama en la ciencia política los Estados patrimonialistas.
BL: ¿Cómo definir los Estados patrimonialistas?
FA: Los Estados patrimonialistas son aquellos en donde quienes tienen el poder creen que son los dueños del Estado. Eso justifica que utilicen los recursos públicos en beneficio privado, y ahí está el origen de la corrupción en América Latina.
En Uruguay hay una frase muy marcada en la vida cotidiana: “Nadie es más que nadie” y en términos de jerga: “Naides es más que naides”. Eso es central para entender por qué la cosa pública en Uruguay se respeta y se valora. La apropiación privada de la cosa pública es el origen central de la corrupción.
BL: Además de los factores históricos, ¿qué otras razones explican que Uruguay sea uno de los países menos percibidos como corruptos?
FA: Que los primeros dos partidos políticos en Uruguay se construyeron uno en comunión con el otro. Llegó un momento donde se dieron cuenta de que no podían eliminarse y que debían seguir transitando juntos, tolerándose y sin eliminarse unos a otros. En Argentina, la cultura política, que trasciende a otros ámbitos de la sociedad, es de eliminar al enemigo y fagocitar al diferente, al que me molesta.
Aquí hay partidos políticos estables, representativos, con confianza de la población y que al mismo tiempo aprendieron a convivir entre sí, incluso cuando apareció la izquierda más organizada para disputar la posibilidad de llegar al poder; no tuvieron más remedio que tolerarla. La izquierda es uno de los actores principales del sistema político uruguayo.
BL: ¿Podríamos hablar de una cultura uruguaya anticorrupción?
FA: De una matriz cultural republicana, igualitaria, de respeto a la cosa pública, y eso tiene muchas virtudes, muchas cosas positivas. Pero también hay algunos déficits importantes, como la ausencia de figuras capitalistas importantes, constructores de empresas que son capaces de trascender las fronteras y se vinculan globalmente con el mundo económico. A Uruguay le cuesta mucho.
Aquí les preguntan a los padres: “¿Qué valores a ustedes les parece más importante cultivar en sus hijos?”. Y en primer lugar aparece el sentido de la responsabilidad y la tolerancia. El cuidar del dinero y de la economía aparece en los últimos escalones. Eso nos pone muy cercanos a una matriz cultural nórdica, por ejemplo, la de Suecia.
BL: Es decir que a los uruguayos no se les define por el dinero...
FA: No. Es más, quien ostenta dinero en Uruguay, quien se da ínfulas de ser muy rico, solamente es castigado.
Aunque en la economía no nos va mal, desde el punto de vista de la riqueza, porque nuestra matriz cultural está tan vinculada a la importancia de la cosa pública, de que nadie es más que nadie, que estamos casi al borde de ser un país socialista. ¿En qué sentido? En el sentido de una distribución de la riqueza y de las instituciones que acogen a las personas que tienen menos oportunidades.
BL: ¿El uruguayo de a pie confía en las instituciones?
FA: Las instituciones sufren una desconfianza importante, es parte del mundo moderno que estamos viviendo. Aquí la institución más respetada es la selección uruguaya de fútbol [risas]; esa es adorada.
En Uruguay existe la confianza en la separación de poderes, esto es muy importante. Quizás no tanto en las instituciones, pero sí en la separación de poderes. La Justicia, el Legislativo y el Ejecutivo actúan de manera autónoma. Los sindicatos son criticados, pero ejercen un control importante en función de los derechos humanos del mundo laboral, y aunque algunos medios de comunicación responden a la influencia de sus dueños, hay libertad completa de prensa. En términos generales, la cosa pública funciona y hay una confianza en eso.
BL: Uruguay había estado al margen del narcotráfico, pero recientemente se han identificado estructuras criminales de este tipo operando en el país, ¿no han logrado permear la esfera política, como en Colombia, lo que conduce a la corrupción?
FA: Ese es un problema cada vez más relevante. El país está muy consciente de la posible escalada de la presencia del narcotráfico.
En los últimos años ocurrieron dos situaciones muy fuertes que encendieron una alerta naranja. El primero fue en relación al Gobierno anterior, en el que se le otorgó un pasaporte uruguayo al principal narco del país, Sebastián Marset. La segunda, que fue posterior, fue una cuestión de amenazas de muerte a una fiscal realizadas por narcotraficantes.
El narcotráfico es una disputa que nos preocupa muchísimo, con la cual damos una batalla muy desigual, como todos los Estados y los sistemas públicos frente a un poder privado que tiene enorme cantidad de recursos y puede moverse independientemente de la legalidad.
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