Bloomberg — El esfuerzo de la Administración Trump por levantar décadas de sanciones, como parte de un acuerdo para poner fin a la guerra con Irán, ha creado una situación desconcertante para gobiernos, bancos y otras empresas, que se enfrentan ahora a un entramado cambiante de nuevas autorizaciones y antiguas restricciones.
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Tras la revolución de 1979, Irán se convirtió en una de las naciones más sancionadas del mundo debido a su programa nuclear y a su apoyo a las milicias regionales. Sin embargo, la Casa Blanca está orquestando ahora un sorprendente giro como parte de un acuerdo más amplio para abrir el estrecho de Ormuz, reducir los precios mundiales de la energía y poner fin a su impopular guerra.
No ha sido, ni mucho menos, un proceso lineal. El viernes, el presidente Donald Trump acusó a Irán de violar un frágil alto al fuego y el Mando Central de EE.UU. lanzó nuevos ataques contra objetivos iraníes. Además, persisten desacuerdos que podrían hacer fracasar el acuerdo.
Aun así, el ritmo y la magnitud de esta iniciativa han sorprendido a los observadores que llevan mucho tiempo siguiendo las sanciones. Estados Unidos ya ha autorizado la venta de petróleo y combustibles iraníes y se ha comprometido a desbloquear miles de millones en fondos congelados.
El memorando de entendimiento de 14 puntos firmado por Trump y el presidente iraní Masoud Pezeshkian el 17 de junio incluye el levantamiento de todas las sanciones estadounidenses contra Irán según “un calendario acordado”. Asimismo, ordena al Departamento del Tesoro que conceda exenciones a las sanciones vigentes durante 60 días, mientras se desarrollan las negociaciones técnicas.
Este cambio desorientador resultará complicado de aplicar de forma que resulte atractivo para las instituciones financieras estadounidenses reacias al riesgo y otras empresas, según antiguos funcionarios del Tesoro, abogados especializados en sanciones y fuentes del sector que siguen de cerca el proceso.
“Uno quiere estar 100% seguro de que cumple con la normativa”, afirmó Adam Smith, antiguo asesor principal del director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro, que supervisa las sanciones de EE.UU. “Las transacciones puntuales que se cierren dentro de ese plazo de 60 días podrían funcionar, pero puede resultar complicado encontrar bancos y otros intermediarios dispuestos a tramitarlas”.
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En medio de la incertidumbre, algunos halcones en lo relativo a Irán están presionando al Gobierno para que pase de los pagos en efectivo por las ventas de petróleo iraní a un sistema que exija que los fondos se depositen en una cuenta de garantía bloqueada, donde las autoridades estadounidenses puedan asegurarse de que no vayan a parar a grupos afines como Hezbolá o Hamás, según personas familiarizadas con el asunto.
Trump ha sugerido públicamente que el dinero de Irán podría depositarse en cuentas de garantía bloqueadas controladas por EE.UU., o que Teherán solo pueda gastarlo en productos agrícolas estadounidenses, ideas que no figuraban en el memorando de entendimiento y que Irán ha ridiculizado y rechazado.
La idea de utilizar los fondos congelados para adquirir productos agrícolas estadounidenses se debatió por primera vez hace aproximadamente un mes, durante una reunión en el Despacho Oval con Trump, el vicepresidente JD Vance y otros asesores sobre Irán, según una persona familiarizada con el asunto.
Se consideró una forma de proteger a la Casa Blanca de las críticas que los republicanos dirigieron a la Administración Obama por entregar a Irán “palés de efectivo“, afirmó dicha persona, quien añadió que, en su opinión, Irán no tenía más remedio que aceptar dicho mecanismo.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró el miércoles que Irán facturará sus ventas de petróleo en dólares estadounidenses. Estos comentarios supusieron un alejamiento del objetivo que Washington venía persiguiendo desde hacía tiempo: excluir a Teherán del sistema financiero estadounidense.
Para que esto funcione, EE.UU. necesitaría contar con la colaboración de algunos de los mayores bancos estadounidenses o vinculados a EE.UU., que se han mostrado reacios a gestionar cualquier transacción que suponga un riesgo de infringir las sanciones, según un antiguo funcionario del Tesoro.
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El primer paso se dio el lunes, cuando el Tesoro emitió la Licencia General X, que permitía que las ventas de petróleo se realizaran en “fondos denominados en dólares estadounidenses”.
Además de la licencia, es probable que las empresas soliciten orientaciones claras al Tesoro, como cartas de garantía o fichas informativas que se emiten habitualmente para casos espinosos, con el fin de tranquilizar a los departamentos de cumplimiento normativo y asegurarles que no hay inconveniente en participar en este tipo de transacciones, según una persona con conocimiento de las garantías que la industria petrolera tiene previsto solicitar.
Las empresas buscan el tipo de orientación que se emitió para Venezuela después de que EE.UU. capturara al entonces presidente Nicolás Maduro en enero, señaló dicha persona.
“Las instituciones financieras suelen ser más reacias al riesgo que sus clientes cuando se produce el levantamiento de los programas de sanciones”, afirmó Michael Huneke, abogado especializado en comercio y seguridad nacional de Morgan, Lewis & Bockius LLP. “Es de esperar que también en este caso actúen con mucha cautela”.
Precipitarse y arriesgarse a una posible infracción no es una apuesta atractiva. BNP Paribas pagó en 2014 una indemnización de casi US$1.000 millones a EE. UU. por presuntamente infringir las sanciones contra Irán y Sudán. Otros bancos también pagaron cuantiosas multas.
Las sucesivas administraciones estadounidenses, junto con el Congreso, han impuesto cientos de sanciones a Irán a lo largo de los años, creando múltiples niveles de restricciones diseñadas para que resulten difíciles de eliminar de un solo golpe.
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Una ley de 2015 denominada “Ley de Revisión del Acuerdo Nuclear con Irán” (Iran Nuclear Agreement Review Act) exige que el Congreso revise y apruebe cualquier acuerdo nuclear alcanzado con Irán. Se aprobó tras la firma del Plan de Acción Integral Conjunto de 2015, que se puso en práctica durante el mandato del entonces presidente Barack Obama, un acuerdo que Trump criticó repetidamente antes de retirarse del mismo en 2018.
Algunos legisladores estadounidenses de línea dura creen que la Administración podría eludir la ley alegando que el memorando de entendimiento con Irán no es un acuerdo nuclear, a pesar de que aborda directamente la cuestión, según una persona familiarizada con el asunto.
Si eso ocurre, es probable que ejerzan una presión adicional sobre los bancos y las empresas que mantienen relaciones comerciales con Irán, recordándoles sus obligaciones en virtud de la legislación estadounidense, señaló dicha persona, que pidió permanecer en el anonimato para hablar de deliberaciones internas.
Dicha persona señaló una ley de 2012 denominada “Ley de Reducción de la Amenaza Iraní y de Derechos Humanos en Siria”, que exige a las empresas que cotizan en las bolsas de valores estadounidenses informar de determinadas actividades relacionadas con Irán a la Comisión de Valores y Bolsa, lo que podría exponerlas a un futuro escrutinio del Congreso en caso de que el acuerdo se viniera abajo.
2La Licencia General X no tiene precedentes en cuanto al alivio que ofrece a Irán", afirmó Chris Kennedy, responsable de política económica en Bloomberg Economics. Sin embargo, recurrir a exenciones en lugar de a nueva legislación significa que “a largo plazo, la Administración Trump se enfrentará a una ardua batalla para cumplir su promesa de levantar de forma permanente las sanciones a Irán”.
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