Bloomberg — La última medida del presidente Donald Trump para restringir la ciudadanía automática se enfrenta a un recurso judicial, meses después de que el Tribunal Supremo rechazara su intento anterior de socavar las garantías de larga data para los hijos nacidos en Estados Unidos de padres no ciudadanos.
Los abogados que lograron anular las restricciones originales de Trump a la ciudadanía por nacimiento solicitaron este martes a un juez que declare que una de las dos órdenes ejecutivas que el presidente firmó el 6 de agosto incumple una orden judicial vigente. Dicha orden judicial impide actualmente al gobierno denegar la ciudadanía a los bebés cuyas madres tengan visados temporales o que sean migrantes indocumentados que se encuentren ilegalmente en EE.UU.
La Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU) y otros grupos defensores de los derechos de los inmigrantes presentaron el recurso contra la nueva medida ejecutiva de Trump ante un juez federal de New Hampshire que lleva el caso anterior sobre la ciudadanía por nacimiento, y que había admitido a trámite dicho caso como demanda colectiva.
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“Si el presidente emite 100 órdenes con el fin de crear nuevas excepciones a la garantía sagrada de la Cláusula de Ciudadanía, las 100 serán igualmente ilegales”, escribieron los abogados. “El tribunal debe dejar claro que los demandados no pueden privar a los miembros de la demanda colectiva de su derecho de ciudadanía por nacimiento al amparo de estas u otras medidas ejecutivas”.
En un caso independiente en Maryland, los abogados que también habían impugnado la orden original de Trump sobre la ciudadanía por nacimiento solicitaron a un juez que reabriera dicho procedimiento “para obtener aclaraciones” por parte de la administración sobre el alcance de la nueva medida de Trump y sobre si esta tiene como efecto privar de la ciudadanía a los niños cuya situación está protegida por el litigio.
Las directivas del presidente del 6 de agosto están dirigidas en gran medida al denominado “turismo de maternidad”, y pretenden impedir que los extranjeros vayan a EE.UU. para dar a luz y denegar la ciudadanía a los bebés si sus padres no ciudadanos pagaron a alguien o cometieron fraude para aprovecharse de la garantía del derecho de nacimiento.
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La impugnación en New Hampshire se centra en la cuestión de los requisitos para la ciudadanía.
La medida ejecutiva original de Trump para denegar la ciudadanía a los recién nacidos de inmigrantes indocumentados y visitantes temporales fue anulada en junio por el Tribunal Supremo. La decisión de este tribunal, de mayoría conservadora, supuso una fuerte reprimenda a una de las políticas más agresivas de la agenda de inmigración de línea dura del presidente, pero Trump se comprometió a buscar otras opciones para restringir la ciudadanía.
La primera orden nueva de Trump ordena a los secretarios de Estado y de Seguridad Nacional que adopten nuevas normas o actualicen las políticas existentes para permitir que las autoridades de inmigración denieguen o revoquen visados, o que, de otro modo, denieguen la entrada a ciudadanos extranjeros que lleguen a EE.UU. “con el propósito de dar a luz en suelo estadounidense”.
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No existen estadísticas claras sobre a cuántos niños afectaría esta orden, sobre todo teniendo en cuenta las dificultades que entraña demostrar que un progenitor llegó a EE.UU. con el objetivo de dar a luz. El Instituto de Política Migratoria ha identificado conjuntos de datos del gobierno federal con estimaciones que oscilan entre los 9.600 y los 26.000 nacimientos anuales, de los más de 3,6 millones de bebés que nacen en EE.UU. cada año.
La otra orden pretende ampliar las excepciones limitadas a la ciudadanía por nacimiento que ha reconocido el Tribunal Supremo, incluidas las relativas a los hijos de diplomáticos extranjeros y de “enemigos” implicados en una “ocupación hostil”. La orden de Trump se aplicaría a los hijos de un grupo más amplio de ciudadanos extranjeros que trabajan para sus gobiernos u otras organizaciones internacionales en EE.UU., que son miembros de organizaciones terroristas designadas o que pagaron o cometieron fraude para poder dar a luz en EE.UU.
Trump declaró a los periodistas al firmar las medidas que actuaba en respuesta a una “decisión muy desafortunada” del Tribunal Supremo y que “estaba realizando ajustes porque resulta muy injusto”.
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Los defensores de los derechos de los inmigrantes, que lograron derrotar con éxito la primera orden de Trump sobre la ciudadanía por nacimiento, denunciaron estas medidas.
“El Tribunal Supremo ya se ha pronunciado sobre esta cuestión: la ciudadanía por nacimiento está garantizada por la Constitución”, afirmó Cody Wofsy, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, en un comunicado. “Ninguna orden ejecutiva adicional puede alterar el significado de la Constitución”.
El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, escribió en el dictamen de junio del Tribunal Supremo que la orden ejecutiva de Trump de enero de 2025 violaba la 14.ª Enmienda, que desde hace tiempo se interpreta en el sentido de que otorga la ciudadanía a casi todos los bebés nacidos en territorio estadounidense.
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“Los redactores de la Decimocuarta Enmienda extendieron esa promesa a toda persona nacida libre en este país”, escribió Roberts. “Hoy mantenemos esa promesa”.
Tres de los miembros conservadores del tribunal —los magistrados Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch— expresaron su desacuerdo. El juez Brett Kavanaugh se sumó a la mayoría al fallar en contra de Trump, pero no estuvo de acuerdo en que la medida ejecutiva de este fuera inconstitucional. Escribió que, en su opinión, la directiva del presidente infringía la legislación estadounidense en materia de inmigración y que el Congreso podría adoptar medidas para modificarla.
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