:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/SDHTNWIQ6ZBKHHL7NF5KE2D2NY.jpg "incluirá la compra de puentes tipo Bailey dentro de la ampliación de más de Q3,000 millones que fue aprobada por el Congreso de la República de Guatemala.")
Guatemala — Los diputados del Congreso de la República, en su mayoría, afines al oficialismo, aprobaron rápidamente el 15 de marzo, el Decreto 21-2022, Ley para Fortalecer el Mantenimiento y Construcción de Infraestructura Estratégica, que destina más de Q3,191 millones.
El plan incluye mejoramiento de Rutas Centroamericanas, Rutas Nacionales y Rutas Departamentales, así como la construcción de 11 puentes nuevos y la recuperación de 11 estructuras más, entre otras obras de infraestructura vial.
Este proyecto recibió críticas por la oposición, quienes señalaron que es una estrategia para “saquear las arcas del Estado”; con lo que esa cartera suma más de Q8 mil millones de presupuesto.
El diputado de la bancada Semilla, Román Castellanos, dijo ante el pleno que no apoyaron la iniciativa porque es “es una estrategia con fines electorales”.
En ese sentido, Édgar Bátres, de la bancada Winaq, señaló que se ha dicho mucho acerca de cómo se invertirán los fondos, pero asegura que el CIV ha demostrado incapacidad durante los dos años del gobierno actual.
Defienden propuesta
Los más de Q3,191 millones adicionales para el Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (CIV) no comprometen el presupuesto vigente, afirmó Álvaro González Ricci, ministro de Finanzas Públicas a Bloomberg Línea.
“La ampliación ya la autorizó el Congreso. La fuente son saldos de caja, no deuda, y no compromete el presupuesto vigente. Luego, el CIV irá solicitando los recursos de acuerdo a como vayan subiendo los eventos al portal de Guatecompras”, afirmó el funcionario.
El presidente de la República de Guatemala, Alejandro Giammattei explicó durante una conferencia de prensa que el cronograma es claro, los montos están detallados y los tramos especificados.
“Estamos recuperando importantes puentes que se quedaron tirados por las tormentas Eta e Iota. El Ministerio de Comunicaciones empezará a subir los eventos y se habilitará una página en donde se detallarán a quienes se les adjudicó las obras, los montos y los tramos para que todo mundo pueda verlos”, expresó el mandatario.
El objetivo de la ley es priorizar la conectividad de las carreteras nacionales a través de la construcción, rehabilitación, estudio, planificación y diseño de la red vial del país.
También se contempla la rehabilitación de 11 puentes dañados y la compra por Q100 millones de puentes tipo Bailey para la atención de las emergencias por situaciones climáticas.
Con esta ampliación presupuestaria, también se invertirá en lo educativo con la construcción de cuatro escuelas ubicadas en Palín, Escuintla; Esquipulas, Chiquimula; La Libertad, Petén; y en Parramos, Chimaltenango, detalló el Congreso de la República.
El ministro de Comunicaciones, Javier Maldonado, expresó en conferencia de prensa, que la Ley funcionará como una ampliación presupuestaria de la cartera que dirige, por lo que no elimina los tiempos ni el sistema de transparencia del Estado, para la ejecución de los proyectos del Plan de Recuperación de la Red Vial de Guatemala.
Maldonado también indicó que se tiene el compromiso de iniciar los eventos de licitación y los trabajos previos de los proyectos, en un tiempo máximo de 15 días posteriores a la publicación de la Ley en el Diario Oficial.
Abogan por transparencia
Directivos de la Cámara del Agro de Guatemala (Camagro) abogan por la transparencia en la ejecución de los recursos y solicitaron al Gobierno de Guatemala velar por la calidad de las obras.
Los empresarios proponen asegurar auditorías externas técnicas de las unidades ejecutoras que cuentan con asignación de fondos a través del Decreto 21-2022.
El Congreso de la República aseguró que en el tema de la transparencia, la normativa ordena al CIV la contratación de un supervisor externo de uno o varios proyectos, sin perjuicio de la fiscalización estatal para garantizar la calidad del mismo.
Además, faculta a la Contraloría General de Cuentas (CGC), para que realice las acciones de verificación y fiscalización de los procesos de contratación, que garanticen la transparencia de la ejecución del gasto público.
Empresarios rechazan aprobación
La Cámara de Comercio de Guatemala rechazó la aprobación en el Congreso de la ampliación presupuestaria para para el CIV a través de un comunicado.
En el documento solicitaron al presidente Alejandro Giammattei que vete el Decreto 21 – 2022, que fue respaldado por diputados afines al oficialismo, e indican que el proceso fue realizado con premura y falta de análisis, “siendo un acto que denota evidente opacidad y poca transparencia”.
“El mantenimiento de la red vial es una obligación del Gobierno, a través del Ministerio de Comunicaciones y sus diferentes unidades, gestionándose eficientemente, con carácter permanente, haciendo un buen uso de los recursos públicos asignados en el presupuesto general de la nación, los cuales de por sí ya son significativos”, señalaron.
Directivos de Camagro, también se pronunciaron y recordaron que desde hace años han denunciado el deterioro de la red vial y hay proyectos que deben ser investigados porque quedaron inconclusos.
Además, hay otro tipo de planes como el de Desarrollo Vial desarrollado por Pronacom con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que propone diversificar los modelos de contratación existentes propiciando el uso de alianzas público-privadas y la aprobación de la Ley de Infraestructura Vial para la construcción de nueva obra.
En esa misma línea, El Consejo Nacional Empresarial (CNE), expresó en una red social, que la aprobación es irresponsable y obedece a intereses oscuros.
Agregó que avalar un monto de Q3,000 millones como servicios para que sea ejecutado a través de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial), “es un fraude de ley”.
Además, el CNE destacó que los empresarios integrantes de esa instancia “señalan la necesidad de reformar el sistema de contratación de obra pública y la gestión del Ministerio de Comunicaciones.
Propuesta deja de lado otros programas
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) expresó su preocupación por la forma apresurada en la que la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República emitió su dictamen favorable a esta iniciativa de ley.
Al dictaminar, esta comisión de trabajo no corrigió errores en la propuesta original, ni propició su discusión abierta, incluyente y transparente.
El Icefi considera que la propuesta evidencia desequilibrio de las prioridades. Pese a proponer incrementar en Q3,191.2 millones el presupuesto del CIV para financiar una ley para el mantenimiento y construcción de infraestructura estratégica, analizaron que los proyectos de infraestructura vial propuestos cubrirían 719.1 kilómetros, de los cuales solo 480 metros, menos del 0.1%, corresponden a construcción de tramos nuevos, distribuidos en 240 metros en rutas centroamericanas, 40 metros en rutas nacionales y 200 metros en rutas departamentales.
El costo de estos 480 metros de tramos nuevos sería de Q230.7 millones, el 8.7% de los Q 2,660.5 millones que se propone destinar a proyectos de infraestructura vial. Los Q 2,429.7 millones restantes se destinarían a recapeos mayores y menores, rehabilitación y señalización de tramos viales existentes.
El Icefi advierte que, en promedio, de aprobarse la iniciativa de ley 6043, la construcción de cada uno de estos 480 metros de tramos viales nuevos costaría Q480,700. El peligro de obras sobrevaluadas también se corre en las tareas de mantenimiento, ya que, por ejemplo, en la propuesta la señalización de los 1,608 kilómetros de carreteras propuestos costaría Q122.0 millones, es decir, el costo de señalización promedio sería de Q75,893 por kilómetro.
A criterio del Instituto, la relación entre el costo y el beneficio de estas obras debe analizarse con mayor detenimiento y cuidado.
El Icefi ve con preocupación que en la iniciativa de ley 6073 el desarrollo de la vivienda no figura como una infraestructura estratégica, ya que no se propone un solo proyecto de vivienda. Esto contrasta con el hecho que en 2021 el Ejecutivo recortó en Q 158.0 millones (25.5% de la asignación inicial), y a la fecha de 2022, ha recortado en Q 150.0 millones (25.9% de la asignación inicial), el presupuesto del programa de desarrollo de la vivienda, a cargo del MCIV.
El Instituto reconoce la importancia y la necesidad urgente de recuperar y ampliar la infraestructura vial de Guatemala, pero advierte que no debe ser a costa de recortes y mermas en otros programas prioritarios como el de vivienda.
Por otro lado, casos que están siendo juzgados en los tribunales y publicaciones recientes de medios independientes, evidencian la gravedad y magnitud del problema de corrupción en el Ministerio de Comunicaciones y en la inversión pública en infraestructura en general. El Icefi considera que, sin el análisis debido y una discusión abierta y transparente, la aprobación de esta propuesta podría continuar abriendo espacios peligrosos para la corrupción y el abuso.
