:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/R7AMTDMTZJCDZCUHN3PJP6XNV4.jpg "Congreso de Colombia")
Bogotá — El caso Avianca-Viva sigue generando polémica. Ahora porque el Senado de la República ha anunciado el estudio de la integración solicitada por las aerolíneas, objetada por la Aerocivil e investigada por la Superintendencia de Industria y Comercio por, presuntamente, haber materializado esa operación sin previa autorización. Anuncio que no fue bien recibido ni por otras aerolíneas ni por exsuperintendentes de Industria y Comercio.
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Pues bien, la Comisión Sexta Constitucional Permanente se reunió el pasado 13 de diciembre con el presidente de Avianca, Adrián Neuhauser, con el objetivo, como indicó la corporación, de “escucharlo”. Este encuentro fue liderado por los senadores Guido Echeverri Piedrahita, Esteban Quintero, Pedro Flórez, Alex Flórez, Julio Elías y Ana María Castañeda.
“Encontramos que es un tema de interés nacional, nosotros representamos los interés de los colombianos y en ese sentido revisamos cómo están avanzando esos procesos y sobre todo vigilando la situación. Estamos tratando de recaudar información para plantear a las personas lo que sucede de forma clara. Lo hacemos porque esta Comisión es garante de los derechos de los ciudadanos en materia de transporte aéreo y de los consumidores”, le dijo a Bloomberg Línea el senador Echeverri Piedrahita.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/FTHN2APJTRH27IBB6JNDDEPZEE.jpg "¿Avianca y Viva violaron la libre competencia? Estas son las pruebas de la SIC")
Como conclusión de esta reunión “los participantes definieron el carácter de urgencia para revisar y analizar el estado del proceso de integración y las consecuencias de una decisión en cualquier sentido”. Además, y según el comunicado del Senado, habrá una próxima sesión en la que se tratarán los temas asociados a la Resolución 87164 de la Superindustria.
Todo lo anterior ha sido fuertemente criticado por diferentes voces que piden que la autonomía de las autoridades sea respetada. El exsuperintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, indicó a través de su cuenta de Twitter que la política no puede interferir en estos procesos:
A lo que se sumó la posición del también exsuperintendente de Industria y Comercio, Emilio Archila, y hoy abogado de Ultra Air, una de las aerolíneas que interpuso queja ante la SIC por la presunta integración de Avianca y Viva sin autorización de la Aerocivil:
Además la molestia también está en otras aerolíneas que, aunque pidieron no ser nombradas, le aseguraron a Bloomberg Línea que quienes deben interferir en este proceso son exclusivamente las autoridades de competencia y aéreas, como bien ha ocurrido hasta el momento.
Este jueves y mediante un comunicado Avianca expresó que “ha adelantado y seguirá adelantando reuniones con actores institucionales de manera pública y transparente, con el fin de compartir lo que significa para el país la alianza, en pro de garantizar el desarrollo futuro de Viva y conservar sus operaciones al servicio de la conectividad del país”.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/F24NZAYR25F4FA342ZHMEDCOQU.jpg "Avianca y Viva Air serán investigadas por presunta integración sin aval de Aerocivil")
La defensa de Avianca y Viva
En ese mismo documento, la aerolínea insistió que siguen siendo independientes, autónomas y competidoras en el mercado.
Además, que “el proceder de Avianca está plenamente respaldado por la normatividad aplicable, los precedentes sobre la materia y las normas expedidas por la misma SIC para avalar la separación de negocios, en las que se indica con claridad que el único criterio relevante para evaluar la independencia de las partes es la ausencia de control y la independencia plena”.
Las empresas argumentan también que la transacción no tiene la capacidad de afectar ni de reducir de ninguna manera los slots, las posiciones de parqueo o las salas de abordaje. Y que utilizarán los argumentos que sean necesarios por las instancias competentes para defender sus “legítimas aspiraciones de este proyecto y para desestimar de las infundadas acusaciones de las que está siendo objeto”.
