Panamá

First Quantum Minerals gestiona dos arbitrajes contra Panamá

El gobierno panameño ordenó a la minera canadiense cesar la producción de cobre y otros minerales que extrae en su territorio.

Cobre Panamá
24 de diciembre, 2022 | 11:41 AM

Ciudad de Panamá — El dilema minero en Panamá tiene un nuevo capítulo. El gobierno panameño informó que First Quantum Minerals LTD., y su subsidiaria Minera Panamá, S.A., inició dos procesos de arbitrajes contra el país canalero, luego de que las autoridades ordenaran, este 15 de diciembre, cesar las operaciones de la empresa, que extrae cobre a tajo abierto en el caribe panameño.

Se trata de un arbitraje comercial contra Panamá bajo su contrato ley de 1997 que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional y otro por la inversión en amparo del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Panamá.

Las acciones se efectúan precisamente cuando la minera se había sentado a conversar con la administración del presidente Laurentino Cortizo, posterior a que se ordenara un plan de cuido y mantenimiento a la mina, llamada “Cobre Panamá”, informó un comunicado gubernamental.

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“A lo largo de este proceso, el gobierno de Panamá ha trabajado con asesores legales, internacionales y panameños, preparándose para todos los posibles escenarios, en miras a garantizar la defensa de los intereses nacionales y los derechos de los trabajadores de la mina”, cita el comunicado del Ministerio de Comercio e Industrias.

El plan de cuido y mantenimiento de la operación, en la concesión de 13 mil 600 hectáreas, emitido por la Dirección Nacional de Recursos Minerales, se mantiene vigente y según la nota, el gobierno garantizará su cumplimiento.

Las acciones legales se desencadenaron luego de que el gobierno panameño le diera este 14 de diciembre como último plazo a la minera para firmar su nuevo contrato, después de que las partes anunciaran en enero del año en curso que habían llegado a un acuerdo, pero la empresa no concluyó el trámite, según informó el Estado panameño.

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El 21 de diciembre de 2017 la CSJ declaró que el contrato era inconstitucional por ser leonino a Panamá, sin embargo, no fue hasta el actual gobierno cuando se propuso renegociarlo.

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