:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/4FJH6TRRS5ACDH6UHUBJYDRWNE.JPG "El presidente Guillermo Lasso, en entrevista con Bloomberg Línea.")
QUITO — El presidente de la República, Guillermo Lasso, firmó este miércoles el decreto de muerte cruzada con el cual ordena la disolución de la Asamblea Nacional. La decisión se toma en medio del juicio político al mandatario que inició ayer y cuyo desenlace estaba previsto para el fin de semana. Voceros del parlamento confirmaron que fueron desalojados por la Policía Nacional esta madrugada.
“Ciudadanas, ciudadanos, ante ustedes comparezco para decirles que no es posible avanzar, resolver los problemas de las familias ecuatorianas, enfrentar los profundos desafíos de la inseguridad y el terrorismo con una Asamblea que tiene como proyecto político la desestabilización del Gobierno, de la democracia y del Estado”.
Guillermo Lasso, presidente de Ecuador.
El mecanismo de muerte cruzada implica que tras la disolución del parlamento, el Consejo Nacional Electoral debe convocar a elecciones generales en un máximo de 90 días para elegir tanto a presidente como a asambleístas. Mientras tanto gobernará por decretos de urgencia económica, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional.
Con el decreto 741, Lasso justifica su decisión señalando que el país enfrenta una crisis política “al existir incertidumbre sobre la capacidad de los órganos del Estado de cumplir sus funciones apropiadamente y atender las necesidades ciudadanas por la confrontación que se ha dado desde el Legislativo hacia el Ejecutivo desde el inicio de mi gestión”.
Es decir, la disolución del parlamento se da bajo el argumento de “conmoción social”. “Varios legisladores y líderes políticos han manifestado públicamente que, en caso de no conseguir su objetivo de destituir al presidente de la República en la Asamblea Nacional, recurrirán a la violencia en las calles. Esto nuevamente demuestra la existencia de una crisis política y conmoción interna por la que atraviesa el país actualmente”, señala el documento.
Asimismo, insiste en que existe una conmoción interna derivada de la crisis institucional “que ha traído como resultado afectación a la convivencia ordenada, segura, pacífica y equilibrada de los integrantes de la sociedad” y que “este peligro se configura al existir amenazas directas de movilizaciones que pueden escalar de forma violenta, tal como el Ecuador ya lo vivió en octubre de 2019 y junio de 2022″.
