Bloomberg Línea — El presidente de Paraguay, Santiago Peña, enfrenta una de las mayores crisis políticas desde que asumió el cargo en agosto de 2023.
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El escándalo por la intervención y disolución de Ueno Bank, entidad con la que mantuvo vínculos empresariales, derivó en un pedido de juicio político promovido por legisladores opositores y sectores disidentes del oficialismo, al que posteriormente se sumaron referentes del propio Partido Colorado.
La iniciativa busca determinar la eventual responsabilidad del mandatario de 47 años en una serie de hechos relacionados con presuntos conflictos de intereses, el manejo de fondos previsionales, posibles irregularidades financieras y el debilitamiento de los mecanismos de control del Estado paraguayo.
El procedimiento establecido en la Constitución para la destitución del Presidente de Paraguay contempla dos etapas: una primera en la Cámara de Diputados, que debe formular la acusación, y una segunda en el Senado, que tiene la atribución de juzgar al mandatario y resolver si corresponde su destitución.
¿De qué se acusa a Santiago Peña?
El pedido de juicio político se fundamenta en cinco ejes que, según los legisladores impulsores, podrían configurar mal desempeño de funciones, una de las causales previstas en el artículo 225 de la Constitución Nacional.
El primero apunta a presuntos conflictos de intereses y a una eventual injerencia del presidente en organismos públicos para favorecer a Ueno Bank.
Los parlamentarios señalan que Peña declaró ante la Contraloría General de la República acciones por un valor nominal de 6.144 millones de guaraníes en Ueno Holding SAECA.
También cuestionan nombramientos de funcionarios que anteriormente estuvieron vinculados a empresas relacionadas con el mandatario y posibles intervenciones en el Instituto de Previsión Social (IPS).
El segundo argumento se refiere a la concentración de fondos previsionales en Ueno Bank. La acusación sostiene que las inversiones del IPS en la entidad financiera aumentaron de 80 millones de guaraníes en noviembre de 2023 a 346.500 millones en marzo de 2024.
Los legisladores consideran que ese crecimiento, que el documento cifra en un 3,035%, debe analizarse por tratarse de recursos destinados a garantizar el pago de jubilaciones y prestaciones futuras.
El tercer punto cuestiona el cumplimiento de los límites de concentración crediticia y la actuación del Banco Central del Paraguay (BCP).
Según los informes técnicos citados en el libelo acusatorio, al cierre de abril de 2026 Ueno Bank registraba operaciones crediticias con tres empresas vinculadas por 743.784 millones de guaraníes, equivalentes a unos 123 millones de dólares.
Ese monto representaría cerca del 30% de su patrimonio efectivo, por encima del límite prudencial del 20% señalado en la acusación.
Los diputados también cuestionan la respuesta del organismo supervisor y una supuesta omisión del presidente en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales.
El cuarto eje apunta al posible uso del cargo público para obtener beneficios patrimoniales. Los legisladores cuestionan la evolución patrimonial de Peña y sus vínculos económicos con Ueno Holding e Itti, ante la sospecha de posibles ventajas financieras personales incompatibles con las responsabilidades de la Presidencia.
El quinto argumento advierte sobre una posible afectación de la confianza en el sistema financiero paraguayo y la exposición a riesgos institucionales.
¿Qué establece la Constitución paraguaya?
El artículo 225 de la Constitución Nacional de 1992 establece el mecanismo de juicio político para el presidente y el vicepresidente de la República, entre otras altas autoridades del Estado.
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La Constitución paraguaya establece tres causales para un juicio político: mal desempeño de funciones, delitos cometidos en el ejercicio del cargo y delitos comunes. El proceso no es un juicio penal, sino un mecanismo del Congreso que puede terminar con la destitución de una autoridad.
El procedimiento tiene dos etapas. La Cámara de Diputados presenta la acusación y el Senado debe decidir si corresponde la destitución.
¿Cuántos votos necesita la Cámara de Diputados?
La Cámara Baja tiene 80 integrantes y necesita al menos 41 presentes para sesionar. Para aprobar la acusación se requieren dos tercios de los diputados presentes. Si asisten los 41 necesarios para el quórum, bastan 27 votos. Si el pedido prospera, una comisión de diputados llevará la acusación ante el Senado.
Los 30 votos que necesita el Senado
La Cámara Alta tiene 45 miembros y necesita 23 para sesionar. Sin embargo, para destituir al presidente se requieren 30 votos a favor, equivalentes a dos tercios de la totalidad de sus integrantes. Esta cifra no cambia aunque haya ausencias o abstenciones. Si no se alcanzan los 30 votos, Peña no será destituido.
Durante el proceso, el mandatario tendrá derecho a defenderse y presentar sus descargos antes de que el Senado emita su decisión.
¿Qué ocurre si el Senado aprueba la destitución?
Si los senadores alcanzan los 30 votos necesarios y declaran culpable al presidente, la consecuencia es su separación del cargo.
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Además, Peña perdería el derecho a acceder a la senaduría vitalicia que la Constitución contempla para los expresidentes de la República en su artículo 189.
La destitución no equivale a una condena penal. Si durante el juicio político aparecen indicios de delitos, los antecedentes deben remitirse al Ministerio Público y a los órganos competentes de la Justicia ordinaria, que tendrán a su cargo determinar si existen responsabilidades penales.
Paraguay ya atravesó un proceso de destitución presidencial mediante juicio político. El 22 de junio de 2012, el entonces mandatario Fernando Lugo fue declarado culpable de mal desempeño de funciones por el Senado, después de que la Cámara de Diputados aprobara la acusación.
En aquella oportunidad, 39 senadores votaron a favor de su destitución y solo cuatro lo hicieron en contra.
El procedimiento se desarrolló en un contexto de fuerte crisis política, tras los enfrentamientos registrados en Curuguaty, que dejaron 17 muertos, entre policías y campesinos.
Otro antecedente fue el de Raúl Cubas Grau, quien en 1999 dimitió a la Presidencia en medio de las protestas del Marzo Paraguayo y antes de que concluyera el proceso de juicio político que se había impulsado en su contra.
