Bloomberg — Los controles más estrictos del Gobierno mexicano para detener el contrabando de combustible y la evasión fiscal han provocado escasez de lubricantes y grasas necesarios en las plantas automotrices, según personas familiarizadas con el asunto.
Una planta armadora detuvo sus operaciones mientras que otras tres estuvieron a unos días de hacer lo mismo en diciembre, según las personas, quienes agregaron que estas plantas pertenecen a cuatro marcas con operaciones de manufactura en los estados de Chihuahua, Coahuila, Aguascalientes y Guanajuato.
Ford Motors tiene una planta en Chihuahua, General Motors y Stellantis operan cinco en Coahuila, Nissan tiene producción en Aguascalientes, mientras que Guanajuato alberga complejos de manufactura para General Motors, Ford, Honda, Mazda, Toyota y Volkswagen.
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Según una de las personas, el problema alcanzó su punto de ebullición en diciembre. Es entonces cuando se renuevan los permisos anuales de importación, y la excesiva burocracia ha retrasado ese proceso.
La presidenta Claudia Sheinbaum fue informada del asunto en al menos dos reuniones en enero con representantes de la industria, según las personas, y se le dijo que los retrasos en los permisos de importación de lubricantes sumían a la industria en la confusión.
Los fabricantes de automóviles, que ya se tambalean por los aranceles impuestos por la administración Trump, dijeron a la presidenta de México que necesitan el apoyo de las autoridades para evitar obstáculos innecesarios que dificulten la inversión y el crecimiento.
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La oficina de Sheinbaum, la Secretaría de Energía -responsable de emitir los permisos-, GM, Ford, Mazda, Toyota, Stellantis, Nissan y Volkswagen no respondieron a una solicitud de comentarios. Honda dijo que su planta de fabricación ha funcionado con normalidad y no ha sufrido escasez de insumos.
El año pasado, el Gobierno de Sheinbaum endureció aún más sus protocolos para garantizar la perfecta trazabilidad de todas las importaciones de combustibles y lubricantes, procedentes en su mayoría de refinerías estadounidenses.
La gente dijo que desde entonces las empresas han encontrado más retrasos en los permisos de importación debido a los esfuerzos por combatir el contrabando ilegal de combustible mediante un esquema conocido como en el que grupos del crimen organizado contrabandean combustible de contrabando para evadir impuestos y venderlo en el país a precios de descuento.
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México perdió el año pasado al menos US$11.000 millones en ingresos fiscales relacionados con el combustible de contrabando, según la agencia de aduanas del país. La mayor asociación nacional de distribuidores de combustible y operadores de estaciones de servicio calcula que aproximadamente uno de cada tres litros vendidos a clientes mexicanos procede de fuentes ilegales.
Las empresas del sector de la automoción habían obtenido anteriormente certificaciones de Operador Económico Autorizado, promovidas por la Organización Mundial de Aduanas, que garantizaban la trazabilidad de sus importaciones. El Gobierno mexicano endureció las normas a finales de 2023 para incluir las importaciones de varios fabricantes de automóviles en una lista de productos con regulaciones más estrictas para evitar el contrabando de combustible.
Una de las personas dijo que las regulaciones establecen que la Secretaría de Energía tiene 15 días hábiles para procesar una solicitud de importación de lubricantes y grasas, pero esos tiempos se han extendido hasta 32 días. Este plazo no se ajustó tras la introducción de los protocolos más estrictos ni tras la escasez.
El sector automotriz es la joya de la corona de la manufactura mexicana, y produjo 3.9 millones de vehículos en 2025, de los cuales 3.4 millones se exportaron, 78% a Estados Unidos, según cifras del Instituto Nacional de Estadística.
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