Bloomberg — La petrolera estatal de Venezuela comenzó a distribuir un esperado proyecto de contrato entre empresas energéticas interesadas en operar en el país latinoamericano, un paso clave para reactivar su producción de crudo.
El documento, al que tuvo acceso Bloomberg, establece las condiciones para que Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) colabore con las empresas en la reactivación de pozos petroleros, la perforación de nuevos pozos y la comercialización de la producción. La estatal comenzó a compartir el contrato modelo a fines de la semana pasada con ejecutivos petroleros, asesores y otros actores de la industria.
Es probable que el contrato modelo represente una postura inicial maximalista de PDVSA, según personas del sector familiarizadas con el documento, que pidieron no ser identificadas al hablar de términos confidenciales.
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Las petroleras que ya tienen acuerdos preliminares de producción con PDVSA esperaban desde hace semanas este marco como punto de partida para las negociaciones. Pero, mientras abogados y asesores revisan minuciosamente el documento de 90 páginas, la reacción del sector sugiere que convertir esos acuerdos en contratos operativos podría tomar más tiempo de lo previsto.
Un modelo de empresa conjunta favorable a los inversores, derivado de un acuerdo histórico de 2022 entre PDVSA y Chevron Corp. (CVX), había generado en la industria petrolera la esperanza de que Venezuela dejara atrás un legado de nacionalismo de recursos para abrir más espacio a la inversión extranjera tras años de duras sanciones. En cambio, este nuevo contrato operativo se inclina a favor del Estado venezolano, especialmente en materia de arbitraje, impuestos y rescisión de acuerdos, al tiempo que elude las normas de sanciones de EE.UU., según personas familiarizadas con el documento.
En caso de una disputa contractual, el documento establece la injerencia de la Organización Internacional para la Mediación, con sede en Hong Kong. Si eso no resuelve el asunto, la disputa pasaría a un panel de arbitraje en París administrado por la Oficina Internacional de la Corte Permanente de Arbitraje.
La cláusula de arbitraje contradice las licencias del Departamento del Tesoro de EE.UU. que han regido el alivio de sanciones de la administración Trump sobre Venezuela desde principios de año, ya que las normas estadounidenses exigen que los acuerdos se rijan por la legislación y el arbitraje de EE.UU.
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El contrato también estipula que Venezuela podría rescindir unilateralmente un acuerdo si cualquier persona asociada a la empresa operadora participara en “hechos de desestabilización política”, con una indemnización limitada si la rescisión unilateral se produce por “causa de interés público” durante los primeros seis años.
Otra cláusula otorga al Estado amplia discrecionalidad en materia de impuestos y regalías. Aunque no sería sorprendente que las petroleras cuestionen las condiciones fiscales, en el caso de Venezuela los intereses comerciales se ven agravados por consideraciones políticas y económicas más amplias, mientras la administración Trump presiona para acelerar la inversión en un país que cuenta con algunas de las mayores reservas de petróleo y gas del mundo.
El borrador está salpicado de lenguaje contrario a las sanciones, a las que se refiere como “medidas coercitivas unilaterales”. El documento está firmado por el presidente de PDVSA, Héctor Obregón, una figura heredada del régimen de Nicolás Maduro que está sujeta a sanciones internacionales.
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Ni PDVSA ni el Ministerio de Información de Venezuela respondieron a las solicitudes de comentarios. El Departamento del Tesoro tampoco respondió a una solicitud de comentarios.
El acuerdo marco de PDVSA llega en un momento de precios elevados del petróleo y de creciente presión interna sobre el gobierno venezolano respaldado por EE.UU., ejercida por los remanentes nacionalistas del anterior régimen de Maduro, quien fue capturado por fuerzas estadounidenses en enero.
