Bloomberg — La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos ha estado investigando si YouTube, propiedad de Alphabet Inc. (GOOGL), infringió las leyes de protección del consumidor al suspender las cuentas de algunos usuarios, según fuentes familiarizadas con la investigación.
La agencia antimonopolio y de protección del consumidor lleva investigando a YouTube desde el año pasado y se encuentra en las últimas fases de preparación de una posible demanda, según indicaron dichas fuentes, que solicitaron mantener el anonimato al referirse a una investigación confidencial.
La investigación analiza si YouTube infringió sus propias políticas de usuario al bloquear o degradar contenidos, según indicaron dichas fuentes. La investigación está analizando si las políticas de contenido de la empresa podrían haber inducido a error a los usuarios a la hora de registrarse en el servicio, haciéndoles creer que se les permitía publicar determinado contenido, para posteriormente eliminarlo o suspender sus cuentas, según dichas fuentes.
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No está claro qué cuentas ha abarcado la investigación de la agencia. La empresa no ha sido acusada de ninguna irregularidad y las investigaciones podrían concluir sin que se adopten medidas coercitivas.
YouTube y otras plataformas de redes sociales bloquearon las cuentas de Donald Trump y otras figuras políticas tras el asalto al Capitolio de Estados Unidos del 6 de enero de 2021. La cuenta de Trump se restableció en 2023. YouTube también eliminó contenido relacionado con la salud sobre vacunas y la COVID-19 que consideró que infringía sus políticas sobre desinformación.
En caso de que se presente una demanda, la empresa podría llegar a un acuerdo con la FTC para resolver el asunto o defenderse ante los tribunales. Un acuerdo requeriría la aprobación de los dos comisionados republicanos de la FTC: el presidente Andrew Ferguson y el comisionado Mark Meador.
YouTube se ha negado a hacer comentarios. El portavoz de la FTC, Joe Simonson, se ha negado a comentar sobre la investigación o la posible denuncia.
Simonson, de la FTC, afirmó que “las filtraciones nunca detendrán ni ralentizarán ni una sola investigación policial ni un litigio en la FTC” y que se remitirían a las autoridades para su investigación.
En unas declaraciones públicas a principios de este mes, Ferguson hizo hincapié en la responsabilidad de las empresas a la hora de regular la libertad de expresión, afirmando que las leyes de protección del consumidor de la FTC “no difieren entre una empresa que vende productos y otra que vende acceso a la libertad de expresión en línea”.
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“Sean cuales sean sus políticas, deben cumplirlas. No pueden presentar una política a los consumidores cuando estos están decidiendo si utilizar su plataforma y luego aplicar en la práctica otra completamente diferente”, afirmó Ferguson en una intervención pública en Aspen, Colorado. “Vamos a investigar para asegurarnos de que las empresas que hacen declaraciones sobre sus políticas de libertad de expresión en línea las cumplan”, afirmó, sin mencionar a ninguna empresa en concreto.
La investigación la han llevado a cabo abogados de la Oficina de Protección al Consumidor de la agencia, según indicaron las fuentes. La iniciativa ha sido dirigida por el director de la oficina, Chris Mufarrige. Algunos funcionarios de carrera han expresado en privado su desacuerdo con la presentación de la demanda, según personas que pidieron no ser identificadas al hablar de la dinámica interna.
Ferguson ha venido manifestando su interés por un caso relacionado con esta cuestión desde el final de la administración Biden, cuando era comisionado republicano en minoría. La agencia no cuenta con comisionados demócratas, después de que Trump destituyera a ambos el año pasado.
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En aquel momento, abogó por investigar a las plataformas de redes sociales por infringir sus políticas de contenido y por una posible colusión para censurar determinados discursos políticos. Las principales plataformas “prohibieron la disidencia sobre los orígenes de la COVID-19, la obligatoriedad de las mascarillas, la eficacia y la seguridad de las vacunas contra la COVID-19, el transgénero y la integridad de las elecciones de 2020″, escribió Ferguson en aquel momento.
“Todas las principales plataformas de comunicación —Snapchat, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube— bloquearon al presidente Trump prácticamente al mismo tiempo a principios de 2021″.
A los pocos meses de que Ferguson asumiera la presidencia en enero de 2025, la agencia solicitó la opinión del público y recibió más de 3.000 comentarios ante la preocupación de que las plataformas de redes sociales prohibieran o desmonetizaran publicaciones en función de las afiliaciones de los usuarios o del contenido.
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La solicitud de comentarios públicos de la FTC de febrero de 2025 también sugería que la agencia podría alegar que las plataformas de redes sociales infringían la legislación de protección del consumidor mediante condiciones de servicio injustas o engañosas que no informaban a los usuarios sobre las normas de suspensión ni sobre sus derechos de recurso.
Existen pocos precedentes en cuanto a la aplicación de las leyes de protección del consumidor y antimonopolio contra las plataformas en línea por eliminar determinadas cuentas o publicaciones. Los tribunales han concedido a las empresas de redes sociales un amplio margen de maniobra para eliminar el contenido de los usuarios según lo consideren oportuno, a menudo comparando el papel de la plataforma con el de un periódico que ejerce su criterio editorial.
El Tribunal Supremo mantuvo intacta dicha ley, denominada Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, en una sentencia de 2023.
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Sin embargo, la sentencia del Tribunal Supremo no aclaró hasta dónde se extiende esa protección, y en casos más recientes se ha rechazado eximir a las plataformas de redes sociales de demandas por responsabilidad por productos defectuosos y acusaciones de negligencia.
A principios de este año, un jurado de Los Ángeles declaró a Meta Platforms Inc. (META) y a Google culpables de negligencia en el diseño y el funcionamiento de sus plataformas, al haber creado sus sitios web con el fin de enganchar a los niños. Una coalición de estados llegó esta semana a un acuerdo extrajudicial con Meta, en plena fase del juicio, por un importe de hasta US$18.000 millones para resolver las acusaciones de que la empresa diseñó a sabiendas funciones que fomentaban el uso compulsivo y prolongado de sus plataformas por parte de los jóvenes.
Este caso de protección del consumidor es uno de los varios que la agencia tiene pendientes en relación con la empresa. La FTC ha estado investigando a Google por sus prácticas de publicidad en los buscadores, según informó anteriormente Bloomberg. El año pasado, la FTC también afirmó que estaba investigando a varias empresas de inteligencia artificial, incluida Alphabet —matriz de YouTube—, en relación con los chatbots de IA dirigidos a adolescentes y niños.
YouTube ya había llegado a un acuerdo con la FTC en 2019 en un caso relacionado con las acusaciones de que la empresa recopilaba información de menores sin el consentimiento de los padres, infringiendo así las leyes de seguridad infantil en Internet.
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