Bloomberg — La administración Trump ha apelado formalmente la orden de un juez que obliga a las autoridades aduaneras a reembolsar a todos los importadores que pagaron los US$166.000 millones en aranceles globales que la Corte Suprema de Estados Unidos declaró ilegales a principios de este año.
El Departamento de Justicia presentó el martes la notificación de apelación ante el tribunal de comercio estadounidense. Los abogados del gobierno señalaron previamente que intensificarían la lucha por los reembolsos, argumentando que el juez Richard Eaton carece de autoridad para ordenar reembolsos a cualquier importador que haya pagado los gravámenes pero no haya presentado una demanda.
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Por otra parte, el Departamento de Justicia también apeló el martes una orden de Eaton que obligaba al comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza, Rodney Scott, a testificar en persona en una próxima audiencia sobre el estado de los esfuerzos del gobierno para pagar los reembolsos.
En un fallo del 29 de mayo, Eaton rechazó la postura del Departamento de Justicia de que el caso no reunía las “circunstancias extraordinarias” necesarias para obligar a un funcionario de alto nivel a comparecer ante el tribunal.
Ambas disputas se verán próximamente en el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de Estados Unidos. Quien pierda podría llevar la disputa arancelaria de nuevo al Tribunal Supremo, que dejó sin resolver la cuestión del reembolso cuando falló en contra del gobierno en febrero.
En otra presentación judicial del martes, los abogados del Departamento de Justicia pidieron al Circuito Federal que se pronunciara sobre la cuestión del testimonio de Scott antes del viernes, para dar a los funcionarios tiempo suficiente para decidir si necesitaban pedir a los jueces que intervinieran antes de la audiencia del 9 de junio.
La agencia de aduanas ha dicho que está en proceso de devolver aproximadamente US$85.000 millones hasta ahora a través de un portal de reclamaciones en línea que la agencia creó después de que el gobierno perdiera en el Tribunal Supremo.
La administración sostiene que creó el sistema bajo sus “propias autoridades” y que Eaton no puede ordenar reembolsos para los importadores cuyos pagos arancelarios se convirtieron en definitivos a menos que sean participantes activos en los tribunales.
El Departamento de Justicia ha apuntado a una sentencia del Tribunal Supremo del año pasado en un caso diferente que limitaba el poder de los jueces federales para dictar mandamientos judiciales a nivel nacional o los llamados “universales” que cubren a individuos u otras entidades que no son partes en el tribunal.
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Los abogados especializados en comercio internacional llevan meses expresando su preocupación por el hecho de que el plan de reembolsos de la administración Trump imponga demasiada carga a los importadores para que actúen, y que muchas pequeñas empresas no tengan los recursos financieros ni la experiencia necesarios para presentar reclamaciones en el nuevo portal o para demandar ante los tribunales.
Eaton quedó a cargo de varios miles de demandas de reembolso presentadas en el tribunal de comercio con sede en Nueva York durante el año pasado. Después de que el Tribunal Supremo anulara el uso que hizo el presidente Donald Trump de una ley de poderes de emergencia de 1977 para imponer los gravámenes, Eaton introdujo órdenes que ordenaban a las autoridades aduaneras recalcularlos para todas las importaciones y reembolsar la diferencia.
El juez suspendió su orden para dar tiempo a la agencia de aduanas a desarrollar el portal para las solicitudes de reembolso. Su lanzamiento en abril fue relativamente sencillo, pero el gobierno informó al tribunal que no pudo procesar ciertos tipos de trámites más complejos, incluidos los pagos de aranceles que ya eran definitivos, un proceso automático que se realiza de forma continua.
La agencia de aduanas no facilitó un calendario para las fases posteriores del proceso de devolución. A finales de mayo, Eaton emitió una orden en la que programaba una audiencia para que las partes sopesaran si debía levantar la suspensión de su orden y seguir adelante obligando al gobierno a averiguar cómo hacer que todos los importadores quedaran satisfechos.
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En una presentación ante el tribunal varios días después, el Departamento de Justicia indicó que planeaba recurrir la orden de devolución de Eaton, así como la directiva a Scott de comparecer el 9 de junio.
Por lo general, es difícil para los jueces exigir que los funcionarios del poder ejecutivo testifiquen. En el caso de los aranceles, los abogados del gobierno argumentaron que había altos funcionarios más informados que Scott sobre los detalles del proceso de reembolso y que estarían en mejor posición para analizar la “imposibilidad” de cumplir de inmediato con la totalidad de la orden de Eaton de recalcular todos los aranceles pagados bajo las políticas de Trump y reembolsar la diferencia.
Eaton rechazó rápidamente la petición del Departamento de Justicia de reconsiderar el testimonio de Scott, escribiendo que necesitaba escuchar a un “responsable político y administrador” sobre si la administración Trump tiene intención de devolver todos los aranceles que cobró y, en caso afirmativo, cómo planea hacerlo.
El juez escribió que era “plenamente consciente” de las “preocupaciones sobre la separación de poderes” al obligar a un funcionario del poder ejecutivo a testificar y que había “tenido en cuenta estas cuestiones al denegar la moción del gobierno”.
En una decisión de 6-3 en febrero, el Tribunal Supremo dictaminó que el uso por parte de Trump de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional era ilegal. Pero los jueces no abordaron la cuestión de los reembolsos, devolviendo ese asunto a los tribunales inferiores para que lo resuelvan.
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En una opinión disidente, el juez Brett Kavanaugh escribió que cualquier proceso de reembolso “probablemente sería un ‘caos’”, haciendo referencia a las declaraciones realizadas durante los argumentos del caso.
No está claro cuántos de los aproximadamente 330.000 importadores que pagaron los aranceles en disputa tendrían que presentar demandas ante el tribunal comercial, según la postura del Departamento de Justicia, para poder optar a reembolsos.
El caso es VOS Selections v. Estados Unidos, 25-cv-66, Tribunal de Comercio Internacional de los Estados Unidos (Nueva York).
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