Bloomberg — La administración Trump afirmó que apelará la autoridad de un juez para ordenar reembolsos generalizados de todos los aranceles declarados ilegales por la Corte Suprema de EE.UU., lo que podría inyectar caos legal en un proceso de reclamaciones que ya está en marcha.
El Departamento de Justicia notificó el viernes que apelará una orden judicial que obliga a las autoridades aduaneras a recalcular todos los impuestos a la importación que la administración recaudó bajo el uso del presidente Donald Trump de una ley de poderes de emergencia de la era de 1970.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. lanzó un nuevo portal en línea para procesar las solicitudes de reembolso el 20 de abril, señalando que tenía la intención de reembolsar al menos parte de los aproximadamente US$166.000 millones en gravámenes anulados por el Tribunal Supremo a principios de este año. Pero incluso cuando la administración ha seguido adelante con ese plan, el Departamento de Justicia se negó a admitir que un juez pudiera ejercer su poder a nivel nacional para supervisar el proceso, dejando abierta la posibilidad de otra lucha legal.
“Por esa razón, los demandados tienen la intención de apelar la orden judicial universal del tribunal y solicitar la suspensión de la orden judicial excepto en lo que respecta a los demandantes importadores particulares en cada caso en el que el Tribunal haya dictado la orden judicial”, dijo el Departamento de Justicia en la presentación judicial del viernes.
En una decisión de 6 votos contra 3 en febrero, la Corte Suprema dictaminó que el uso que hizo Trump de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) para imponer aranceles globales generalizados era ilegal. Sin embargo, no se pronunció sobre la cuestión de los reembolsos, remitiendo el caso al Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos en Manhattan para que determine los pasos a seguir.
El juez de comercio Richard Eaton, nombrado bajo el mandato del expresidente Bill Clinton, fue asignado para presidir miles de demandas que los importadores presentaron para recuperar los impuestos que habían pagado antes de que el Tribunal Supremo dictara sentencia. Eaton ordenó a la agencia de aduanas que volviera a calcular los importes de los aranceles para todos los importadores que pagaron los gravámenes impugnados, no solo para las empresas que habían demandado. El gobierno también se comprometió a pagar intereses sobre cualquier devolución.
La incertidumbre se ha cernido sobre si los funcionarios se opondrían a devolver el importe total. Eaton ha celebrado sobre todo audiencias judiciales no públicas para discutir los progresos del gobierno, pero indicó en una orden pública que había desacuerdo sobre cómo gestionar los aranceles que se convirtieran en definitivos, un proceso que se produce automáticamente de forma continua.
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Un funcionario de aduanas también había revelado en presentaciones judiciales que la primera fase del despliegue del portal de devoluciones no sería capaz de manejar una proporción significativa de las entradas de importación en cuestión, y no proporcionó un calendario concreto para ampliar las capacidades del sistema para hacer frente a reclamaciones más complicadas.
Trump, por su parte, arremetió contra la decisión del Tribunal Supremo y sugirió que las empresas que no solicitaran devoluciones podrían obtener beneficios políticos en el futuro, diciendo que “se acordaría de ellas”.
Aparte de la disputa legal de la IEEPA, la administración Trump está ante el tribunal comercial defendiendo una nueva ronda de aranceles globales que el presidente impuso bajo una ley diferente poco después de perder en el Tribunal Supremo.
Un panel de tres jueces declaró ilegal esa política. Pero un tribunal federal de apelaciones suspendió temporalmente ese fallo mientras sopesa la solicitud del gobierno de una orden a más largo plazo que permita a las autoridades aduaneras seguir cobrando los gravámenes mientras avanza la lucha judicial.
Con la colaboración de Erik Larson.
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