Bloomberg — El Departamento de Justicia de EE.UU. pidió a un juez federal de Texas que desestime su causa penal contra Boeing Co. (BA) por dos accidentes mortales de sus reactores 737 Max hace más de seis años, a pesar de las objeciones de los familiares de algunas víctimas del accidente.
La solicitud, revelada el jueves en una presentación judicial, forma parte de una propuesta de acuerdo que los fiscales alcanzaron con el fabricante de aviones la semana pasada. El caso había sido fijado para ir a juicio el 23 de junio.
El acuerdo del gobierno exige que Boeing pague más de US$1.100 millones en tasas y multas, al tiempo que toma medidas para reforzar las medidas internas de calidad y seguridad. A cambio, la empresa evitará ser procesada penalmente.
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Se trata de un notable cambio de rumbo en la larga causa penal contra Boeing por dos accidentes mortales de su avión 737 Max en 2018 y 2019 en los que murieron 346 personas. El año pasado, Boeing había aceptado declararse culpable del cargo pendiente de conspiración criminal en virtud de un acuerdo que finalmente fue rechazado por el juez de distrito estadounidense Reed O’Connor, que ha estado supervisando el caso desde que se presentó en 2021.
Los fiscales dijeron en la presentación que su acuerdo con la empresa “asegura una rendición de cuentas significativa, ofrece beneficios públicos sustanciales e inmediatos y aporta finalidad a un caso difícil y complejo cuyo resultado sería incierto de otro modo”.
Aunque el gobierno dijo que algunos familiares de las víctimas del accidente no se oponían al acuerdo, otros familiares planean presentar una objeción formal ante el juez.
‘Error judicial’
“Cualquier resolución que permita a Boeing marcharse sin una admisión de culpabilidad es un error judicial”, dijo en un comunicado Erin Applebaum, socia de Kreindler & Kreindler LLP. “Confiamos en que el tribunal vea el acuerdo tal y como es y rechace los esfuerzos del gobierno por dejar que Boeing escape a su responsabilidad por las muertes que causó”.
Boeing afirmó en un comunicado que se compromete a cumplir sus obligaciones en virtud del acuerdo, incluida una “compensación adicional sustancial” para los familiares de las víctimas del accidente.
“Lamentamos profundamente sus pérdidas y mantenemos nuestro compromiso de honrar la memoria de sus seres queridos siguiendo adelante con los amplios y profundos cambios que hemos introducido en nuestra empresa para reforzar nuestro sistema y cultura de seguridad”, afirmó Boeing.
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El nuevo acuerdo es similar en muchos aspectos a la propuesta de acuerdo de culpabilidad que fue rechazada el año pasado, con una notable excepción: Boeing no se declarará culpable de la acusación penal pendiente.
En su lugar, la empresa admitirá la acusación subyacente de “conspiración para obstruir e impedir el funcionamiento legal del Grupo de Evaluación de Aeronaves de la Administración Federal de Aviación”, pero esa admisión no constituye una declaración de culpabilidad.
Sin embargo, el gobierno podría volver a presentar cargos penales contra la empresa si se acusa a Boeing de violar los términos del acuerdo, que tiene una vigencia de dos años.
Términos del acuerdo
El acuerdo obliga a Boeing a pagar un total de US$1.100 millones en multas y tasas diversas. El total incluye:
- US$487,2 millones por una sanción penal, la mitad de los cuales la empresa ya pagó al gobierno durante una fase anterior del caso
- US$444,5 millones para un nuevo “Fondo de beneficiarios de las víctimas del accidente” que se dividirá a partes iguales por víctima del accidente
- US$455 millones en inversiones para reforzar sus programas de cumplimiento, seguridad y calidad.
Se exigirá a Boeing que contrate a un denominado consultor independiente de cumplimiento para supervisar sus esfuerzos por mejorar la eficacia de su programa de cumplimiento y ética antifraude. El consultor deberá hacer recomendaciones de mejora e informar de sus conclusiones directamente al gobierno.
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En diciembre, O’Connor rechazó el acuerdo propuesto por la empresa porque dijo que exigiría indebidamente que se tuviera en cuenta la raza en la contratación de un monitor independiente para revisar las acciones de Boeing. El nuevo acuerdo propuesto establece que la selección del consultor independiente “no tendrá en cuenta ni incurrirá en discriminación ilegal por motivos de raza, género o cualquier otra clase protegida”.
Familiares de las víctimas
Por último, el acuerdo prevé que los familiares de las víctimas del accidente tengan la oportunidad de reunirse con el consejo de administración de Boeing y hablar con ellos sobre el impacto de la conducta de la empresa y sobre sus programas de cumplimiento y seguridad.
Los familiares llevan años luchando para que se impongan penas más severas a Boeing y se han opuesto a anteriores intentos de resolver el caso. Ambos accidentes estuvieron relacionados con un sistema de control de vuelo defectuoso en los jets 737 Max. El único funcionario de Boeing que se enfrentó a un juicio fue un directivo de nivel medio que supervisaba los manuales para pilotos y los materiales de formación. Fue absuelto.
“Aunque mi cliente y yo queríamos ver un enjuiciamiento más enérgico, mi esperanza es que el caso penal y las demandas motivaran a Boeing a mejorar la seguridad”, dijo el jueves Mark Lindquist, uno de los abogados de las familias de las víctimas. “Eso es lo que verdaderamente importa”.
En 2021, la empresa llegó a un acuerdo con el gobierno para aplazar el procesamiento en la causa penal, suponiendo que cumpliera ciertos requisitos mientras estuviera bajo un periodo de supervisión gubernamental.
El año pasado, dos días antes de que concluyera el periodo de supervisión y se hubiera desestimado la acusación, un tapón del tamaño de una puerta estalló en un 737 Max en vuelo. Aunque no hubo muertos, el accidente dio lugar a investigaciones y descubrimientos de controles laxos en las fábricas de Boeing.
El caso es EE UU contra Boeing, 21-cr-005, Tribunal de Distrito de EE UU, Distrito Norte de Texas (Fort Worth).
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