Bloomberg Línea — La administración del presidente estadounidense Donald Trump ha intensificado su presión sobre los países latinoamericanos para que abandonen la Corte Penal Internacional (CPI), en el marco de una campaña gubernamental orientada a desarticular a este tribunal con sede en La Haya.
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La CPI es un tribunal internacional establecido en 2002 bajo el Estatuto de Roma y es la primera corte permanente con jurisdicción para procesar a individuos por genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión.
Esta organización intergubernamental cuenta con 125 Estados miembros y funciona bajo el principio de complementariedad, es decir, interviene cuando los sistemas judiciales nacionales no pueden o no quieren juzgar estos delitos.
Estados Unidos es uno de los varios Estados que nunca se sumaron a la iniciativa, como China, India, Israel y Rusia, quienes rechazan la jurisdicción del tribunal.
La relación entre Washington y la CPI ha sido conflictiva durante años, pero el enfrentamiento se intensificó desde el regreso de Trump a la Casa Blanca.
En febrero de 2025, el presidente estadounidense autorizó sanciones contra funcionarios de la CPI después de que el tribunal emitiera órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, por su actuación en la guerra contra Hamás en Gaza.
Ofensiva contra la CPI
La administración de EE.UU. sostiene que la CPI no tiene autoridad para actuar contra ciudadanos estadounidenses ni contra funcionarios de países que no reconocen su jurisdicción. Trump también ha acusado al tribunal de amenazar la soberanía y la seguridad nacional de Estados Unidos.
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Más reciente, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció en julio una campaña “de todo el gobierno” para desmantelar a la CPI. Las medidas incluyen la consideración de sanciones económicas, la revocación de visas a funcionarios del tribunal y presionar a los países aliados para que rechacen su jurisdicción.
Rubio definió a la corte como una organización dirigida “por una poderosa red de organizaciones no gubernamentales de izquierda, globalistas engreídos y gobiernos hostiles del Tercer Mundo, unidos por su enemistad hacia Estados Unidos”.
Esta semana el secretario de Defensa, Pete Hegseth, advirtió que la CPI podría intentar investigar las operaciones militares de EE.UU. en América Latina.
Durante un discurso en Panamá, se refirió también a los ataques a embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.
De acuerdo con un informe de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), estos bombardeos han dejado al menos 221 civiles muertos desde septiembre de 2025, hechos que organizaciones de derechos humanos califican de ejecuciones extrajudiciales. Hegseth calificó de “ilegítimo” cualquier intento de la corte por investigar estas muertes.
En su gira por la región, el funcionario estadounidense instó a los miembros de la coalición militar “Escudo de las Américas” a rechazar al tribunal.
Bajo las promesas de cooperación en seguridad, el gobierno de Colombia se unió recientemente a esta alianza, mientras que Honduras y Guatemala invitaron a EE.UU. a realizar operaciones conjuntas en sus territorios.
Hasta ahora, Venezuela es el único país que ha anunciado formalmente su retiro de la CPI, una decisión que la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer, calificó de “lamentable”, y como “el último paso de una larga serie de esfuerzos para evitar el escrutinio y la rendición de cuentas por algunos de los crímenes más graves bajo el derecho internacional”.
Mientras EE.UU. busca que otras naciones de la región se retiren de la Corte, la estrategia de la Casa Blanca está enfrentándose a un nuevo obstáculo.
Human Rights Watch y otras tres organizaciones presentaron una demanda en un tribunal federal de Nueva York para desafiar las sanciones de Trump contra la CPI.
La demanda argumenta que estas penalizaciones son “un ataque ilegal a la justicia internacional” que limita el trabajo de las organizaciones civiles, e impiden a las víctimas de crímenes de guerra buscar justicia.
