Tras el colapso de las negociaciones comerciales entre EE.UU. y Canadá el viernes, Estados Unidos impuso un arancel del 50% a una extensa lista de bienes canadienses a través de la inédita Sección 338 de la Ley de Aranceles de 1930. El representante de Comercio de EE.UU., Jamieson Greer, apareció en televisión a primera hora del lunes en un intento por calmar a los mercados financieros con cálculos arancelarios básicos. Afirmó que la nueva medida afecta a un pequeño porcentaje de las importaciones canadienses hacia EE.UU. y a una cuota aún menor del consumo, por lo que “no hay forma posible de que realmente afecte el bienestar de EE.UU.”.
Greer tiene razón en lo fundamental respecto a los efectos directos de los aranceles. El problema, tanto para el principal negociador comercial de Estados Unidos como para la economía estadounidense, radica en que los nuevos aranceles plantean otras cuestiones mucho más importantes y preocupantes.
Pero primero, veamos las cifras. Según el análisis de Jason Miller, experto en cadenas de suministro de la Universidad Estatal de Michigan, basado en datos de la Comisión de Comercio Internacional de EE.UU., las importaciones canadienses afectadas por los nuevos aranceles ascendieron a US$20.200 millones en 2025, lo que representa apenas el 5,3% de los US$382.000 millones en bienes que EE.UU. importó de Canadá el año pasado y poco menos del 0,6% del total de las importaciones de bienes durante el mismo periodo.
Los aranceles omiten la mayoría de los productos esenciales que Canadá suministra en grandes cantidades: energía, fertilizantes, minerales, mariscos y bienes —metales, automoción, madera, etc.— que ya están sujetos a aranceles por motivos de “seguridad nacional”. Además, más de un tercio de la lista de aranceles estadounidenses es meramente simbólica: de los 554 artículos, 66 no registraron importaciones canadienses el año pasado, mientras que otros 136 representaron menos de un millón de dólares cada uno. En términos estáticos, los aranceles del 50% generarían unos US$10.000 millones en ingresos arancelarios adicionales, lo que equivale a aproximadamente el 3% de la recaudación actual. Nada de esto tendrá un impacto significativo en la economía.
Sin embargo, se producirán algunas dificultades, especialmente en los casos en que Canadá sea una importante fuente de importaciones. En 2025, por ejemplo, Canadá suministró el 73% del whisky importado (excluyendo el irlandés y el escocés), por un valor de US$221,5 millones. Los paneles de madera contrachapada y chapa canadienses, objeto de aranceles, representaron más del 90% de las importaciones estadounidenses el año pasado, y otros materiales de construcción también tuvieron una participación significativa en las importaciones.
Los productos lácteos recientemente gravados con aranceles, incluidas las proteínas de suero de alta demanda, representaron entre el 45% y el 95% de las importaciones. Añadir un arancel del 50% a las tarifas existentes supondrá un duro golpe para los compradores estadounidenses, quizás hasta el punto de resultar prohibitivo. Las constructoras de viviendas, las automotrices y otras industrias estadounidenses también se verán perjudicadas, ya que el acuerdo, ahora cancelado, habría reducido los gravámenes estadounidenses sobre la madera, el acero y el aluminio, que han incrementado significativamente los costos de producción.
Sin duda, Canadá también se ve perjudicada. Dado que la mayoría de los productos afectados por Estados Unidos tienen importantes alternativas importadas, es posible que los estadounidenses opten por dejar de consumir productos canadienses (aunque esto ocurra con el tiempo y a un costo mayor). Además, como informa Bloomberg News, los aranceles estadounidenses afectan desproporcionadamente a las pequeñas empresas de numerosos sectores, lo que complica las medidas de mitigación.
Sin embargo, la verdadera acción va más allá de los efectos económicos directos de los aranceles.
En primer lugar, la disputa introduce una nueva e importante incertidumbre tanto en la relación bilateral multimillonaria como en la economía global en general. La escalada —la consecuencia más común de una guerra comercial— es un riesgo real, dado que el primer ministro Mark Carney anunció represalias equivalentes a partir del 8 de septiembre y el presidente Donald Trump respondió con la amenaza de aumentar los aranceles sobre los productos automotrices canadienses al 50% el 1 de enero.
Aún podría prevalecer la sensatez, pero tanto Canadá como Estados Unidos ven pocas posibilidades de una solución rápida. Y la política desalentará un alto al fuego: el ahora furioso Trump ha apostado su reputación a que los países cedan ante una disputa comercial, pero las encuestas en Canadá muestran sistemáticamente que enfrentarse a Washington es políticamente rentable. Es un polvorín, con voces incendiarias en ambos lados de la frontera.
El Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) también enfrenta nuevos riesgos. Los aranceles globales de emergencia impuestos por Trump y sus sustitutos eximieron, de manera crucial, a los productos que cumplen con el T-MEC. Esto no solo excluyó a más del 80% de las importaciones canadienses de la aplicación de los nuevos aranceles, sino que también fue un claro indicador de la solidez del acuerdo. Por otro lado, las proclamaciones de la Sección 338 no incluyen tal excepción, una señal preocupante de hacia dónde podrían dirigirse las cosas.
El futuro uso que Trump haga de la Sección 338 —una ley de la época de la Gran Depresión, sin precedentes ni reglamentos de aplicación— representa el mayor riesgo de todos. Esta ley permite al presidente imponer aranceles de hasta el 50% a las importaciones procedentes de cualquier país que, según él, haya discriminado al comercio estadounidense. No requiere investigación, constatación de perjuicio ni resolución pública, y —como Trump acaba de demostrar— el término “discriminación”, indefinido, puede significar prácticamente cualquier cosa.
Es probable que se presente una demanda contra los nuevos aranceles canadienses, y muchos expertos creen que la Casa Blanca perderá. Sin embargo, los litigios llevan tiempo, y una ley que se invalida en dos años es una ley que solo funciona durante dos años. Los mercados y los socios comerciales deben preguntarse ahora quién será el siguiente.
Finalmente, este conflicto es importante por razones políticas y geopolíticas. Las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos se acercan rápidamente, y los aranceles de Trump, que los estadounidenses, obsesionados con la asequibilidad, rechazan en su gran mayoría, constituyen un punto clave de controversia. Si bien los nuevos aranceles a Canadá son pequeños, los titulares no lo son en absoluto, y se producen justo cuando Trump ha prometido reducir los precios de la carne de res mediante la reducción de aranceles.
La administración también sufrirá un revés en el ámbito internacional. El fracaso del acuerdo con Canadá acelerará los planes de varios países para desplazar a Estados Unidos del centro del sistema comercial global y, como informó el Washington Post, reforzará la percepción de los negociadores sobre Estados Unidos como un negociador de mala fe cuyo mercado no justifica la pérdida de soberanía necesaria para acceder a él. ¿Qué sentido tiene un acuerdo cuando una de las partes se niega a cumplir sus términos?
Nada de esto significa que los aranceles entre Estados Unidos y Canadá constituyan una crisis total, al menos por ahora. Podría llegarse a un acuerdo en las próximas semanas y la situación podría volver casi a la normalidad. Mientras tanto, la incertidumbre —y el riesgo de un conflicto que se agrave y paralice una de las cadenas de suministro multinacionales más integradas del mundo— afectará a ambas economías.
De igual importancia, resolver este conflicto no solucionará su causa subyacente, la cual no es un presidente caprichoso y amante de los aranceles, sino las leyes comerciales de EE.UU. que le permiten causar estragos económicos sin supervisión del Congreso. Los proyectos de ley para derogar la Sección 338 permanecen paralizados en la Cámara de Representantes y en el Senado. Hasta que no se tramiten, quedaremos a la espera del próximo país hallado culpable de “discriminación” por un presidente que tiene el poder de definir la palabra.
Esta nota no refleja necesariamente la opinión del consejo editorial de Bloomberg LP y sus propietarios.
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