Bloomberg — Senadores chilenos aprobaron por unanimidad un proyecto de ley de hace una década para reformar el código de aguas del país, que incluye el establecimiento de plazos sobre los derechos y la consagración del acceso como un derecho humano.
La iniciativa establece límites de 30 años, y en algunos casos períodos más cortos, sobre derechos que actualmente son ilimitados. Los titulares de derechos de aprovechamiento de agua podrían obtener extensiones si se considera que están haciendo un buen uso del recurso, mientras que el regulador podría suspender los derechos que no se estén utilizando o en caso de que el acuífero esté en riesgo. La agricultura representa la mayor parte del consumo de agua en Chile, que es un importante exportador de frutas y vino.
Concebido en la dictadura de Pinochet en la década de 1980, el sistema de agua de Chile depende en gran medida del sector privado y las fuerzas del mercado para asignar derechos y brindar servicios. Se espera que el agua sea uno de los temas de discusión entre los delegados elegidos para redactar la nueva Constitución, en un contexto donde Chile busca abordar desigualdades persistentes en medio de una sequía de una década exacerbada por el cambio climático.
La votación de este martes fue de 36 a favor y ninguna en contra. El paquete de reformas, que todavía requiere votaciones sobre artículos individuales, establece el agua como un bien nacional de uso público, además de mayores protecciones para los suministros indígenas.
La iniciativa refuerza la prioridad del consumo humano y agrega prioridad a la protección de los ecosistemas, señaló Alfredo Moreno, ministro de Obras Públicas, y agregó que el proyecto le permite a Chile avanzar en la tarea de enfrentar el cambio climático.