Los deseos de la nacionalidad sefardí se escapan para 22 mil colombianos

Bogotá — El proceso de acceso a la nacionalidad española para descendientes sefardíes desde la llegada de nuevas directivas al Ministerio de Justicia de España y a la Dirección General de Fe Pública y Seguridad Jurídica el año pasado se complicó.

Las reglas de juego cambiaron, quienes conocen del tema aseguran que aumentaron los requerimientos para los solicitantes, y, con ello, disminuyeron la probabilidad de recibir una aprobación, lo cual se ha traducido en un incremento en el número de negaciones.

Estos cambios, cuyo origen se desconoce, tienen en vilo a cerca de 22.000 colombianos que no han obtenido una resolución (fueron alrededor de 27.000 que se inscribieron), entre ellos familias enteras, estudiantes y jóvenes que le apostaron su futuro a la obtención del documento y que están recibiendo negativas a sus solicitudes pese a que hace unos meses hubieran sido aprobadas.

¿De dónde viene esta posibilidad?

El gobierno español decretó en 2015 las Leyes de Nacionalidad Sefardíes buscando otorgar la nacionalidad europea a los descendientes de los expulsados por los reyes católicos de la Península Ibérica en 1492.

Los judíos de la península, conocidos como sefardíes, se vieron obligados a huir de sus residencias por el antisemitismo de las coronas de Castilla y Aragón, y partieron hacia el Norte de África y América Latina.

En materia histórica, los gobernantes españoles buscaron reconocer a todo el linaje de los desterrados como justos ciudadanos del lugar de donde fueron expulsados sus antepasados.

En términos prácticos y legales, la ley se basaba en pedirle a los solicitantes que demostraran que tenían relación inequívoca con los sefardíes.

En ese sentido, el Gobierno español, consciente de que los judíos se veían forzados a esconder sus apellidos, ocultar sus familias y partir indocumentados, les ofrecieron diferentes opciones a los aplicantes para demostrar su linaje. Las pruebas incluían estudios genealógicos, pero también otras pruebas como el dominio del idioma ladino, entrega de memorias, ritos y tradiciones sefardíes, entre otras.

El balance de las leyes

Desde 2015 miles de personas, especialmente latinoamericanos, salieron a buscar a su antepasado sefardí. El número de solicitudes para acceder a ciudadanía española se multiplicó exponencialmente, cerca de 153.000 personas se inscribieron, de las cuales algo más de 27.000 llegaron de Colombia; México fue el país con mayor número de solicitudes con 33.000 y en tercer lugar estuvo Venezuela con 22.000.

El gobierno español esperaba algo más de 200.000 aplicantes. Todo cambió con el endurecimiento de los requisitos, pidiendo a todos los aplicantes presentar estudios “mínimamente genealógicos” y desechando otros requerimientos que hasta hace poco servían, justificándose bajo criterios administrativos y procesales que se están traduciendo en mayores negaciones.

Los cambios se dieron tras la llegada de Sofía Puente como Directora General de Fe Pública y Seguridad Jurídica. La nueva ficha decidió, de un día a otro, que la manera en la que se estaban evaluando las solicitudes era “muy flexible” y, en su concepto, se estaban aprobando casos “sin debida justificación”. Su solución fue exigir documentos “mínimamente genealógicos”, lo cual supone pedirles a los solicitantes certificados de defunción, de nacimiento, o pruebas genealógicamente irrefutables de que se tiene relación con un sefardí que huyó del antisemitismo de la corona precisamente escondiendo su apellido y cualquier vínculo con el judaísmo.

Se estima que de los 153.000 inscritos solo 35.000 han recibido una resolución, y el resto, 118 mil personas, es decir, alrededor del 77% de los solicitantes, tendrá que acogerse a los nuevos requerimientos.

Son algo más de 22 mil colombianos los que están pendientes, 5.000 que ya entregaron los papeles y esperan resolución, y otros 17.000 que están inscritos ante el Ministerio de Justicia y tienen hasta septiembre para enviar los suyos.

El porcentaje de aprobación de los colombianos, hasta ahora, ha sido de 49.7%, un número similar al de los venezolanos pero por debajo de países como Argentina, México o Israel, los otros que conforman el top 5 por número de aplicantes.