Un nuevo capítulo de incertidumbre vive las Empresas Públicas de Medellín (EPM), la quinta compañía más grande del país con una facturación de 10 billones de pesos en el 2020. El pasado 13 de octubre se notificó la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia en el que se declaró nulo el acto administrativo por el cual fue nombrado el actual gerente, Andrés Carrillo.
Para ese despacho, el nombramiento de Carrillo el pasado 13 de abril por parte del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, fue irregular. No obstante, el fallo es de primera instancia e irá a estudio del Consejo de Estado, órgano de cierre de la justicia contenciosa administrativa, para que defina la suerte del actual gerente.
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La demanda fue interpuesta el pasado 25 de mayo, según reposa en los archivos del Tribunal, por el abogado Hernán Darío Cadavid Márquez, quien en la demanda no solo solicitó la nulidad del nombramiento de Carrillo, sino, además, que “se compulsen copias para que se investigue al Alcalde de Medellín por haber nombrado como Gerente de EPM a una persona con inobservancia del régimen de prohibiciones e inhabilidades”.
El argumento de Cadavid Márquez va dirigido a que Carrillo no se podía posesionar porque hacía parte de la junta directiva y, de esta manera, no podía ser nombrado como gerente por tener “una relación legal y reglamentaria” tal como, en su criterio, ya se había pronunciado el Consejo de Estado en un fallo del 24 de junio del 2004.
En el proceso, tanto la defensa de Carrillo como la de la Alcaldía de Medellín aseguraron que “dicha inhabilidad solo resulta aplicable frente a la celebración de contratos de prestación de servicios profesionales” y, en su defensa, el ser miembro de la junta no lo es. También, se argumentó que este caso no se puede asimilar al que falló el Consejo de Estado en 2004 sobre Minercol. De igual forma, en el mismo proceso, la Procuraduría General de la Nación, representada por Olga Lucía Jaramillo, le dio la razón a Carrillo y recomendó no anular el nombramiento.
No obstante, el Tribunal le dio la razón a Cadavid Márquez, un abogado de Barbosa (Antioquia) que ha militado en el Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe. De hecho, hizo parte las juventudes que apoyaron al entonces candidato Óscar Iván Zuluaga y ha sido candidato a la Cámara por el uribismo.
Cadavid, igualmente, ha demandado la investidura de la entonces senadora Claudia López, hoy alcaldesa de Bogotá y ha promovido acciones judiciales contra la Fundación Buen Gobierno, órgano principal de la campaña Juan Manuel Santos Presidente del 2014.
Con todo, mientras el Consejo de Estado define la suerte de Carrillo en una de las empresas más grandes del país, EPM emitió un comunicado al finalizar la tarde de ayer 13 de octubre, en la que asegura que el gerente Carrillo continúa en sus funciones. “La Administración estará atenta a que se produzca el fallo de segunda instancia por parte del Consejo de Estado, para proceder en conformidad con lo que ese máximo órgano jurisdiccional de la justicia haya de resolver”, señala la comunicación.
