:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/6LZ35GJ6F5AKBIF3IZ2S732CVE.jpeg "Las organizaciones feministas creen que la ley es insuficiente.")
QUITO — El Legislativo ecuatoriano reglamentó el aborto por violación que ya está despenalizado en el país desde abril del 2021. Con 75 votos a favor de un total de 137 y en medio de una amplia polémica, la Asamblea determinó que el plazo para acceder a este procedimiento sea de 12 semanas de gestación para las mujeres mayores de 18 años y de 18 semanas para las niñas, adolescentes y mujeres de la ruralidad.
Las semanas de gestación serán única y exclusivamente verificadas por el profesional de la salud luego de los exámenes correspondientes, y en caso de encontrarse dentro de las semanas autorizadas por esta ley, se procederá a la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo por la violación.
El cuerpo legal denominado Ley para Garantizar la Interrupción Voluntaria del Embarazo en casos de Violación deberá pasar ahora por el veto presidencial. El presidente Guillermo Lasso, declarado abiertamente conservador, podrá vetarlo total o parcialmente. En el segundo caso, el documento deberá regresar a la Asamblea para ser analizado. Pero si lo veta totalmente, la despenalización seguirá vigente, pues es una decisión de la Corte Constitucional de última instancia y el Ejecutivo no tiene potestad para deshacerla.
El proyecto inicial preveía un plazo de 20 semanas para la interrupción del embarazo, una moción que después fue revisada a 18 y finalmente a 12. La ponente del proyecto, Johanna Moreira, considera que si bien hay un pronunciamiento, no es suficiente. “Lamentablemente, siento que no hemos cumplido con el pueblo ecuatoriano, con lo que merecen las víctimas de violencia sexual, pero a las mujeres jamás nos ha tocado nada fácil en este país, seguimos trabajando, seguimos luchando”, dijo en declaraciones a la prensa.
Para las organizaciones sociales, la ley viola los derechos de las mujeres, especialmente las más vulnerables, por no permitirles un aborto seguro en casos de violación. “La Asamblea Nacional tuvo la oportunidad de cambiar la política de tortura histórica de legislar a favor de las niñas, mujeres y sobrevivientes de la violencia sexual pero decidieron darles la espalda y condenarlas a la tortura”, escribió en la fundación Surkuna.
