Uruguay marca plazos para cambios a renta empresarial pasiva por presión de Europa

El Ministerio de Economía y Finanzas definirá a fin de mes los aspectos que requerirán modificaciones y luego lo presentará al sector empresarial

Las autoridades definen los puntos a modificar, con el compromiso de que estén vigentes en 2023.
15 de marzo, 2022 | 05:00 AM

Montevideo — El gobierno uruguayo avanza en definir las modificaciones tributarias que propondrá sobre mitad de año para acompasar la legislación local a las exigencias reclamadas por la Unión Europea. El principal cambio será sobre las rentas pasivas de empresas uruguayas generadas en el exterior, que empezarán a ser pasibles de impuestos para los casos de compañías que carecen de sustancia económica en el país.

La directora de la Asesoría Tributaria del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Uruguay, Pía Biestro, detalló este lunes los pasos que recorre el gobierno uruguayo. El objetivo es avanzar “a mediados de año” en “el diseño normativo” junto a la Dirección General Impositiva (DGI), según dijo durante una mesa redonda sobre fiscalidad organizada por la Universidad Católica del Uruguay.

Biestro afirmó este lunes que a fines de marzo culminarán “el diagnóstico” sobre las categorías de renta que deberán modificar “para dar cumplimiento con los requerimientos de la Unión Europea”, aunque insistió con que el foco estará en las rentas empresariales pasivas. Según señaló, ya fue realizado un análisis de derecho comparado con la respuesta que dieron otros países con observaciones similares. Una vez que esté ese documento, el gobierno lo compartirá con empresarios, expertos y otros sectores involucrados. El compromiso es que esté vigente desde 2023, señalaron las autoridades ya el año pasado.

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“El criterio al que Uruguay adhiere, porque entendemos que debemos seguir defendiendo el criterio de la fuente al ser un país exportador de capital, es el de exonerar determinadas rentas pasivas siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones de sustancia. A eso se le suma una norma antiabuso que puede ser general o particular para evitar justamente el abuso de su aplicación”, afirmó Biestro.

“Los países desarrollados y la Unión Europea como bloque lo que pretende es proteger la base imponible y se ha puesto el foco en terceras jurídicciones sobre todo en rentas pasivas porque son las más fácilmente deslocalizables”, dijo después la directora de Asesoría Tributaria del MEF.

La Unión Europea fue crítica con el régimen uruguayo sobre los impuestos de fuente extranjera.

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Biestro afirmó en octubre del año pasado al semanario Búsqueda que las medidas impulsadas para levantar las observaciones recaerían sobre rentas pasivas como dividendos, intereses y regalías. Eso luego de que la Unión Europea incorporó en octubre de 2021 a Uruguay dentro de un listado de países con normativa fiscal “potencialmente perjudicial” para la comunidad internacional, aunque tienen intención de realizar cambios.

El cambio amplía el alcance del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas, ya que hasta ahora las rentas pasivas de empresas uruguayas generadas en el exterior no eran gravadas.

Una de las posibilidades que se consideran es establecer un régimen diferenciado para aquellas empresas que puedan probar una presencia económica significativa en Uruguay.

La directora del MEF sostuvo también en noviembre durante una comparecencia en el Parlamento que esto no implica adoptar un criterio de renta mundial, dijo ante los legisladores según consignó La Diaria.

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Impacto de medida de la OCDE

La presión de la Unión Europea sobre el sistema tributario uruguayo ocurre al mismo tiempo que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) busca implantar un régimen global. La organización a través de un acuerdo de 136 países definió avanzar desde 2023 en una tasa global mínima de 15% a las multinacionales. Además de definiciones globales, el acuerdo busca una regulación más uniforme sobre las economías digitales.

La acción de la OCDE fue el centro del debate de ayer entre distintos expertos en tributación durante un coloquio organizado por UCU Business School. Marcos Soto, director de la escuela de negocios, dijo que los países en desarrollo que utilizan incentivos fiscales para captar inversiones están “expectantes” por el alcance. “Pero tampoco hay muchas opciones porque el mundo está integrado y cuando viene la tendencia de economías centrales es muy difícil pararse frente al tanque”, afirmó.

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El experto señaló de todos modos que el impacto de la nueva regulación de la OCDE será “moderado” en Uruguay ya que “va a abarcar a grupos internacionales que hayan facturado en los últimos dos años 750 millones de euros”. “Me animo a decir que por las dimensiones que tiene Uruguay muchísimas no quedarán alcanzadas por esto. Entonces no tenemos porque salir a renunciar a nuestra legislación tradicional de incentivos, porque está dirigida a un sector que no le pega esta norma”, afirmó Soto.

En la mesa que también integraron Daniela Lavín de PedidosYa y Mónica Ríos del grupo Tenaris señalaron la “incertidumbre” que genera, aunque plantearon dudas sobre los plazos de aplicación.

En ese sentido, Biestro, del Ministerio de Economía uruguayo, señaló que los tiempos de la negociación fueron “sumamente ambiciosos”. “Muchas veces a países pequeños como el nuestro con poco poder de negociación se nos dan cuestiones que ya están resueltas”, afirmó. Y, advirtió, que negarse a aplicar alguna de las propuestas “implica medidas defensivas unilaterales muy complejas”.

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