Bloomberg Línea — La Defensoría del Pueblo de Perú presentó una nueva radiografía de los conflictos sociales que se presentaron en el mes de mayo de 2022, en el que los socioambientales tienen un gran peso.
El documento precisa que en mayo se identificaron 205 conflictos sociales en total, 151 conflictos activos que representan el 73,7% y 54 conflictos latentes que son el 26,3%. Sin embargo, a pesar de la alta cantidad de estos acontecimientos, estos comenzaron antes del mes analizado y la entidad dijo que en mayo no hubo conflictos nuevos.
De este total, hay 92 conflictos en proceso de diálogo, al tiempo que se registraron 144 casos de violencia y 160 acciones colectivas de protesta.
En cuanto a los conflictos activos, estos fueron 151, siendo 100 de ellos socioambientales y de estos 88 corresponden a los sectores de minería e hidrocarburos, siendo el más destacado la paralización de la operación en la mina de cobre Las Bambas, propiedad de la china MMG Ltd., en la provincia de Cotabambas, Apurímac.
Sobre este conflicto, la Defensoría señala que “luego de más de 50 días de paralización de las actividades mineras en Las Bambas, el diálogo entre el Ejecutivo, las 6 comunidades campesinas (Fuerabamba, Huancuire, Choaquere, Chila, Pumamarca, Chuicuni) y la empresa Minera Las Bambas”, no ha tenido resultados.
También se relaciona que hay una situación de tensión en Challhuahuacho y Coyllurqui, razón por la que el Gobierno en cabeza del presidente Pedro Castillo ha prorrogado el estado de emergencia en dichos distritos.
Por otro lado este miércoles la Fiscalía de Arequipa confirmó la muerte de 14 personas en los enfrentamientos registrados el fin de semana en la disputa de grupos de mineros artesanales en el distrito de Atico, Caravelí (Arequipa), una zona que no ha sido ajena a estos conflictos sociales que hasta el momento no han sido debidamente abordados.
SITUACIÓN EN LAS BAMBAS
Aunque el reporte señala que los diálogos no se han restablecido después de 57 días, el Gobierno nacional señaló este jueves a través del Consejo de Ministros que comenzó una nueva reunión entre las comunidades y la empresa minera Las Bambas para “alcanzar consensos mediante el diálogo y avanzar en la solución del conflicto”, razón por la que una comisión ministerial llegó a la losa deportiva de Pumamarca, en la provincia de Cotabambas, Apurímac.
La paralización en la empresa minera ha dejado pérdidas hasta por US$500 millones en exportaciones para el Perú, según un comunicado de la compañía del pasado 7 de junio. Fue el 14 de abril que las comunidades de Fuerabamba y Huancuire invadieron zonas aledañas a la mina para protestar por el supuesto incumplimiento de los compromisos sociales por parte de la empresa.
La mina representa el 2% del suministro global de cobre. En el primer trimestre de este 2022, a pesar de un bloqueo que interrumpió su operación por poco más de tres semanas, registró resultados positivos en cuanto a extracción de cobre y un crecimiento en sus ingresos.
Según la Defensoría del Pueblo peruana, las demandas sociales en el país son presentadas en forma de “plataformas de lucha”, “memoriales”, “pliegos de reclamos”, “comunicados” y hacen alusión generalmente a hechos concretos, no siendo usuales las referencias a derechos presuntamente vulnerados o en riesgo.
