Bloomberg Línea — El choque de precios del petróleo derivado del conflicto en Irán ha tenido implicaciones crediticias limitadas para Centroamérica y el Caribe, aunque podría convertirse en un obstáculo mayor si la situación se prolonga o se intensifica, según Fitch Ratings.
El informe señala que estos países tienen la capacidad de gestionar el impacto a corto plazo gracias a sus sólidas posiciones fiscales y externas, los mismos factores que impulsaron la tendencia al alza de las calificaciones antes de la guerra.
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De acuerdo con la agencia calificadora, el principal riesgo para la región vendría de una desaceleración en Estados Unidos, que incidiría en Centroamérica a través de las remesas y las importaciones, y en el Caribe de su alta exposición turística.
La región también está expuesta a través de la inflación, ya que la mayoría de las economías son importadoras netas de energía, sostiene el análisis.
Por lo tanto, según Fitch, la guerra ha incrementado los riesgos para los indicadores crediticios soberanos de CAC, “aunque las favorables posiciones fiscales y externas, junto con los colchones que impulsaron la mejora de las calificaciones antes de la guerra, deberían permitirles gestionar una crisis de corta duración”.
Escenario adverso
Fitch advirtió que, en un escenario adverso donde el crudo alcance los US$100 (frente a los US$70 previstos), golpearía duramente las economías de la región, especialmente si se combina con una menor capacidad de gasto de los hogares estadounidense y una desaceleración en el crecimiento de remesas y turismo.
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Bajo ese escenario, incluso los países con perspectiva positiva en sus calificaciones podrían enfrentar mayores dificultades para mantener o mejorar su perfil crediticio.
En este contexto, la agencia destaca además que algunos gobiernos ya han implementado medidas fiscales para mitigar el impacto del aumento de precios sobre los hogares más vulnerables, principalmente mediante apoyos temporales frente al encarecimiento de los combustibles y alimentos.
No obstante, advierte que bajo un escenario adverso podría aumentar la presión para extender este tipo de respuestas a través de mayor gasto social y medidas de apoyo al mercado laboral. Aun así, Fitch espera que la mayoría de los soberanos retomen sus procesos de consolidación fiscal una vez que el choque de precios se disipe.
Un impacto desigual
Un informe reciente del FMI complementa estas perspectivas y subraya que el impacto del conflicto se sentirá de forma desigual en todo el hemisferio occidental.
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Según Nigel Chalk, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, si bien el hemisferio comenzó 2026 con un “pie sólido” y logró gestionar bien los shocks arancelarios del año anterior, la guerra está provocando cambios importantes en las condiciones financieras globales y en la aversión al riesgo de los inversores.
El impacto, sin embargo, no será homogéneo. Según el Fondo, los productores de energía, como Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana y Trinidad y Tobago, se benefician de un shock que fortalece sus balanzas de pagos y ayuda a sus finanzas públicas. “Para otros, ya se está desplegando una historia muy diferente”, advirtió.
Las economías del Caribe dependientes del turismo podrían ser las más golpeadas debido a su elevada deuda y a que son grandes importadoras netas de energía, las cuales promedian alrededor del 6% de su Producto Interno Bruto (PIB).
Centroamérica también enfrenta una alta exposición a los precios energéticos y, para algunos países, existen restricciones para adoptar medidas de mitigación debido a su limitado espacio fiscal, aunque los esfuerzos pasados para aumentar la participación de las renovables en la matriz eléctrica ofrecerán cierto alivio.
Además de las diferencias en el crecimiento, el FMI enfatiza que el impacto en la inflación será más uniforme: será más alta para todos.
La región enfrentará costos elevados de combustible, transporte y alimentos, lo que obligará a las autoridades a resistir la presión política para reintroducir subsidios generalizados. En su lugar, el organismo recomienda utilizar el limitado espacio fiscal para apoyos focalizados en los hogares vulnerables.
