Bloomberg Línea — La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó el martes dos decretos para ratificar los tratados bilaterales suscritos con la Federación de Rusia sobre extradición y traslado de personas condenadas.
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Los instrumentos jurídicos, —firmados el 5 de junio de 2026 en San Petersburgo durante una reunión entre el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y Laureano Ortega Murillo, hijo de los esposos y copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo—, fueron respaldados con 91 votos en el parlamento y avanzan ahora hacia su entrada en vigor.
El decreto de extradición establece la aplicación del principio de doble criminalidad y de gravedad, además de regular las causas de denegación y los procedimientos legales.
Por su parte, el tratado de traslado de condenados requiere que la persona sea nacional de Nicaragua o Rusia, cuente con una sentencia firme, tenga pendiente de cumplimiento al menos un año de pena y posea el consentimiento expreso de las partes involucradas y del propio reo. Ambos acuerdos contemplan garantías como el derecho al debido proceso, la defensa legal y el uso de intérpretes.
Durante la sesión legislativa, la diputada Raquel Dixon explicó que la extradición permite combatir la impunidad y evita que los presuntos delincuentes encuentren refugio al cruzar fronteras. El diputado Wálmaro Gutiérrez añadió que estos mecanismos impiden que el país se convierta en un refugio para personas buscadas por la justicia, al tiempo que fortalecen el ordenamiento jurídico interno y las relaciones estratégicas con Moscú.
La aprobación de estos instrumentos con Moscú se da en medio del aislamiento diplomático de Managua con Estados Unidos y la Unión Europea, además de movimientos dentro del sistema penitenciario en el país centroamericano.
El lunes, un día antes de la votación en la Asamblea, Murillo anunció sobre el traslado a convivencia familiar de más de 2.000 personas que permanecían bajo resguardo en el Sistema Penitenciario Nacional. La copresidenta dijo a los medios oficiales que esta medida se enmarca en las actividades conmemorativas del 47 aniversario del triunfo de la Revolución, a celebrarse el próximo 19 de julio.
Falta de defensa independiente
Paralelamente a la implementación de estos tratados de cooperación judicial, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la ONU denunció el lunes la revocación masiva de credenciales a abogados y notarios en el país.
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El organismo denunció que la medida se ejecutó sin notificación previa, base legal o explicación para los afectados, quienes se enteraron al intentar ejercer su profesión.
El experto del GHREN, Reed Brody, señaló que existen “al menos cientos, si no miles” de abogados despojados de su licencia, una situación que catalogó como una “depuración silenciosa” de la profesión jurídica. Por su parte, la experta Ariela Peralta detalló que los abogados en Nicaragua enfrentan persecución política sistemática desde 2018, lo que ha incluido amenazas, detenciones, exilio y la negación de acceso a sus clientes.
El informe del organismo señala que esta erosión de la independencia judicial comenzó a acentuarse en 2023 con la suspensión arbitraria de al menos 25 abogados, entre ellos ex presos políticos y personas despojadas de su nacionalidad.
La situación se profundizó en octubre de 2023 con la intervención policial del Tribunal Supremo de Justicia y las posteriores reformas constitucionales de 2025 que consolidaron el control del Ejecutivo sobre el poder judicial.
El GHREN, creado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2022, continúa documentando el estado del sistema de justicia en el país centroamericano.
