Bloomberg Línea — La explotación de yacimientos no convencionales mediante la fracturación hidráulica o fracking vuelve a cobrar protagonismo en América Latina a medida que Gobiernos de orillas políticas totalmente opuestas, como el de México y Colombia, evalúan su factibilidad para impulsar la producción petrolera.
El debate sobre el fracking en América Latina ocurre en medio de la resistencia de organizaciones sociales y ambientales, pero también de la necesidad de varios países de aumentar sus reservas de petróleo y gas ante su dependencia a los combustibles fósiles.
“América Latina ha visto cómo la discusión sobre el fracking se politiza en el marco de la transición energética”, dijo a Bloomberg Línea en Colombia el abogado José Vicente Zapata, socio en el bufete Holland & Knight. “La existencia de tensiones institucionales no resueltas genera incertidumbre para la inversión”.
En América Latina, el panorama regional puede dividirse en países en los que el fracking se encuentra expresamente permitido y regulado, y en jurisdicciones en las que no existe regulación expresa o detallada.
Ver más: Los 7 países que concentran el 87% de la producción de petróleo en América Latina, según Olacde
Según Zapata, en la región países como Argentina y Chile han logrado un desarrollo “sostenido y progresivo del fracking bajo un marco regulatorio claro, evitando escenarios de incertidumbre jurídica que desincentiven la inversión y posterguen indefinidamente el aprovechamiento de estos recursos no convencionales”.
En Brasil, la mayor economía de América Latina, existe regulación técnica específica para el fracking a nivel federal, pero su aplicación práctica permanece bloqueada por litigios judiciales que no logran resolverse, ante la ausencia de consenso científico sobre los riesgos de la técnica.
“La situación jurídica respecto al uso de la técnica de fracking en Brasil aún no está definida (...) aún se espera una decisión judicial sobre la legalidad, la prohibición o las condiciones de aplicación”, respondió a este medio Robinson Miranda, profesor de Derecho Público de la Universidad Presbiteriana Mackenzie y la Universidad Municipal de São Caetano do Sul, en ese país.
Miranda menciona la existencia de algunas prohibiciones regionales en Brasil, como es el caso de los estados de Paraná y Santa Catarina. “Los estados de Mato Grosso y Bahía también podrían seguir el mismo camino debido a proyectos de ley en curso”.
Perú se encuentra dentro del grupo de países que no tienen una regulación detallada, aunque su normativa de hidrocarburos sí define la técnica de fracturamiento hidráulico.
El mencionado reglamento establece que, en los trabajos de servicio de pozos, incluyendo el fracturamiento hidráulico, se deberán tomar determinadas medidas de seguridad, explicaron a este medio Guillermo Bracamonte y Marifé Martinelli, de la firma Pérez-Llorca en ese país.
“Si bien no hay una regulación específica que desarrolle a detalle la actividad de fracturamiento hidráulico, el referido reglamento establece que se deberán emplear las prácticas recomendadas por el API o cualquier otro instituto de prestigio internacional”, señalaron los abogados en una nota compartida a este medio.
Según sus defensores, la explotación de yacimientos no convencionales mediante la fracturación hidráulica o fracking es una técnica que, desarrollada bajo estándares técnicos adecuados, podría permitir acceder a recursos hidrocarburíferos inalcanzables mediante métodos convencionales.
Pese a “su relevancia para la exploración de nuevas reservas, la desinformación en torno a sus riesgos ha llevado a que algunos países la prohíban o restrinjan, mientras otros avanzan hacia su regulación o expansión”, apuntó el socio de Holland & Knight, José Vicente Zapata.
Ver más: ¿Petróleo de mejor calidad? Estos países en América Latina destacan por las cualidades de su crudo
El caso de Chile y Argentina
En Argentina, de acuerdo con un recuento legal de Holland & Knight compartido a Bloomberg Línea, la legislación nacional vigente permite la exploración y explotación mediante fracturación hidráulica, con algunas restricciones regulatorias de carácter local orientadas a proteger el recurso hídrico.
Estas medidas, según Zapata, por ahora “no representan un impedimento ni un riesgo relevante para el desarrollo de las actividades exploratorias”.
El desarrollo de la formación geológica Vaca Muerta, catalogada como la segunda reserva de gas y la cuarta de petróleo no convencional del mundo, ha permitido que Argentina proyecte, a corto y mediano plazo, el autoabastecimiento energético y la exportación de gas hacia la región y el resto del mundo.
“Para replicar parcialmente esta experiencia, otros países al igual que Argentina necesitan seguridad jurídica, reglas estables, equilibrio macroeconómico, acceso al financiamiento, infraestructura, capacidad regulatoria y aceptación social”, dijo a Bloomberg Línea Roberto S Carnicer, director del Instituto de Energía de la Universidad Austral, en ese país.
En su opinión, la política energética debe ser pragmática: resolver prioridades urgentes de abastecimiento y desarrollo, sin perder de vista los objetivos ambientales de largo plazo.
Ver más: Así logró este país de América Latina generar toda su electricidad con fuentes 100% renovables
Holland & Knight señala que, a diferencia de otros países de la región, Chile no ha tenido un debate legislativo intenso en torno al fracking ni cuenta con una prohibición legal expresa sobre la técnica.
La actividad se desarrolla principalmente en la Región de Magallanes, en el extremo austral de América.
En ausencia de una ley especial que regule el fracking de forma autónoma, la actividad se somete al marco jurídico ambiental general del país, como el instrumento de control aplicable a todo proyecto o actividad susceptible de generar impacto ambiental, exigiendo que las emisiones, impactos y residuos del proyecto se mantengan dentro de los límites normativos vigentes.
El fracking en gobiernos de distintos signos políticos
A pesar de sus diferencias ideológicas, el fracking emerge como un punto de coincidencia en el debate sobre los hidrocarburos en México y Colombia.
En este último país, el ultraderechista Abelardo De la Espriella plantea adoptar la explotación de yacimientos no convencionales.
Aunque el fracking no está expresamente prohibido por ley en Colombia, los proyectos piloto fueron suspendidos y/o renunciados ante la falta de otorgamiento de los permisos ambientales requeridos y las políticas adoptadas por el gobierno saliente, según el abogado José Vicente Zapata.
En el plano legislativo, se han presentado proyectos de ley ante el Congreso de la República orientados a prohibir la técnica, sin que ninguno haya sido aprobado hasta la fecha.
Según José Luis Palacios, socio del área de Energía y Recursos Naturales de Pérez-Llorca Colombia, si el país andino decide reabrir el debate sobre el fracking, el único camino legal permitido por la jurisprudencia vigente es retomar y cumplir estrictamente los Proyectos Piloto Integrales de Investigación (PPII).
El Consejo de Estado dejó claro que la suspensión de las normas sobre fracturación hidráulica no impide desarrollar estos pilotos, siempre que se sigan de forma rigurosa las recomendaciones de la Comisión Interdisciplinaria Independiente de Expertos.
Antes de discutir una eventual explotación comercial, el país deberá cumplir tres etapas legales —condiciones previas, concomitante y evaluación—, que incluyen la conformación de comités científicos y la elaboración de líneas base ambientales y sociales, apuntó José Luis Palacios.
La Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol) considera que la experiencia internacional demuestra que el desarrollo de los yacimientos no convencionales puede convertirse en un factor determinante para fortalecer la seguridad y la soberanía energética cuando existe una política pública de largo plazo, estabilidad regulatoria, estándares ambientales y condiciones que promuevan la inversión.
“La principal lección para América Latina es que el desarrollo de los yacimientos no convencionales requiere un enfoque integral que combine instituciones sólidas, regulación basada en evidencia, estabilidad jurídica y competitividad para la inversión”, explicó la entidad en una nota.
En México, el fracking no está prohibido por ley, pero el Gobierno federal dejó de impulsarlo durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).
La actual presidenta del país, Claudia Sheinbaum, abrió la puerta a revisar esa política al crear un comité científico que evaluará la viabilidad de desarrollar esta técnica de forma sostenible.
La iniciativa busca reducir la dependencia de las importaciones de hidrocarburos desde Estados Unidos, aunque el informe del comité y una eventual decisión regulatoria aún están pendientes.
“El entorno político es hoy más favorable al análisis de los hidrocarburos no convencionales que durante los años anteriores, pero ese cambio todavía no se ha traducido en un programa jurídicamente definido”, señala a este medio Antonio De Lisi, socio en el área de Proyectos, Energía e Infraestructura en el bufete Pérez-Llorca México.
Considera que, si el Gobierno decide avanzar, es previsible que lo haga de manera gradual y respecto de áreas seleccionadas, con un papel central de Pemex y participación privada principalmente mediante esquemas mixtos. “La cautela persistirá porque cualquier proyecto deberá demostrar su viabilidad ambiental e hídrica, contar con términos contractuales bancables y sustentar sus autorizaciones con estudios suficientemente sólidos”, considera De Lisi.
Las oportunidades que se pueden abrir
El analista del sector Juan David Orozco dice que las oportunidades del desarrollo de hidrocarburos no convencionales deben analizarse desde diferentes dimensiones: seguridad energética, inversión, generación de empleo, ingresos fiscales, desarrollo industrial, sustitución de importaciones y generación de divisas.
En materia de seguridad energética, señala que disponer de recursos domésticos de petróleo y gas permite reducir la dependencia de importaciones y disminuir la exposición a interrupciones del suministro y a la volatilidad de los mercados internacionales.
“La experiencia argentina demuestra este efecto: el crecimiento de Vaca Muerta ha permitido incrementar la producción, reducir la necesidad de importaciones y comenzar a consolidar una plataforma exportadora”, señaló Orozco.
En materia de inversión, el desarrollo no convencional requiere capital para perforación y completamiento de pozos, infraestructura de transporte, procesamiento, almacenamiento, oleoductos y gasoductos. “Esto genera actividad económica en múltiples sectores y favorece el desarrollo de proveedores y servicios especializados”.
Argentina ha utilizado, entre otros instrumentos, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para atraer capital hacia proyectos de gran escala.
En producción, los yacimientos no convencionales presentan generalmente declinaciones iniciales más rápidas que muchos campos convencionales, pero pueden compensarlas mediante ciclos de perforación más eficientes, estandarización de diseños y mejoras tecnológicas.
“Estados Unidos es el principal ejemplo mundial: su revolución del shale permitió elevar significativamente la producción de petróleo y gas y convertir al país en uno de los principales productores y exportadores de energía del mundo”, agregó en entrevista con Bloomberg Línea.
¿Puede el fracking convivir con los objetivos de descarbonización?
Desde una perspectiva regional, el argentino Roberto Carnicer dijo que la transición energética de América Latina y el Caribe no debería plantearse como una elección binaria entre hidrocarburos y energías renovables.
“La región presenta realidades nacionales muy diferentes, por lo que cada país deberá definir una trayectoria compatible con sus recursos, su nivel de desarrollo, sus necesidades de seguridad energética y sus compromisos climáticos”, consideró Carnicer. “No debería plantearse como una elección excluyente”.
Plantea que la región debe acelerar la adopción de energías renovables, mejorar la eficiencia energética, ampliar las redes de transmisión, impulsar el almacenamiento y desarrollar la energía nuclear donde sea viable, además de promover los biocombustibles y la electrificación.
En ese proceso, el gas natural puede desempeñar un papel complementario al respaldar las fuentes de energía variables y sustituir combustibles más contaminantes, como el carbón, el fuel oil y el diésel.
Para el analista argentino, en esta discusión debe distinguirse entre las emisiones de producir hidrocarburos y las originadas al utilizarlos.
“La producción, el procesamiento y el transporte de petróleo y gas representan cerca del 15% de las emisiones energéticas mundiales; en el ciclo de vida, la combustión final suele explicar la mayor parte”, dijo.
Por ello, reducir metano, venteo y quema es indispensable, pero no reemplaza la necesidad de transformar el consumo.
La captura, utilización y almacenamiento de carbono y las remociones naturales serán mecanismos cada vez más necesarios y desafiantes.
América Latina posee bosques y ecosistemas que actúan como grandes sumideros de carbono.
En visión de Carnicer, “la estrategia realista” es proteger esos sumideros, reducir emisiones, aprovechar responsablemente los recursos disponibles y destinar parte de sus beneficios a financiar una transición sostenible y adaptada a la realidad de cada país.
América Latina ya posee una de las matrices eléctricas más renovables del mundo y cuenta con un enorme potencial hidroeléctrico, solar, eólico, geotérmico y de bioenergía.
El desafío central consiste en acelerar su aprovechamiento, atraer inversiones y desarrollar redes e infraestructura que permitan incorporar estas fuentes sin comprometer la confiabilidad del sistema y que sea económicamente viable para el desarrollo de los países.
Desde el punto de vista legal, los abogados Guillermo Bracamonte y Marifé Martinelli señalan que la región avanza hacia una regulación dual: mayor exigencia ambiental y social, junto con un renovado interés por la seguridad energética y el abastecimiento de gas.
“Consideramos que el debate se está desplazando del ‘permitir o prohibir’ hacia ‘cuáles son las condiciones ideales para desarrollar proyecto’”, buscando un énfasis conjunto a la promoción de inversiones y la protección de la sostenibilidad ambiental", señalaron en la nota.
Adicionalmente, mencionan que acontecimientos geopolíticos como la guerra en Medio Oriente han reforzado la importancia del abastecimiento energético.
En consecuencia, consideran que varios gobiernos tendrán una tendencia de priorizar el desarrollo del gas natural, la diversificación de fuentes de suministro y la reducción de la dependencia de importaciones.
