Buenos Aires — El desarrollo de los grandes proyectos mineros en la Argentina trae un nuevo debate que enfrenta a las provincias, dueñas de los recursos, y a las multinacionales: empleo y proveedores, con exigencias por parte de gobiernos y empresas locales para que estas inversiones consideren al entramado productivo de cada jurisdicción.
Es la negociación que enfrenta el sector, tras destrabarse dos condiciones clave para el avance de estas gigantescas inversiones: la aplicación del RIGI y la modificación a la Ley de Glaciares (pendiente ahora del proceso judicial).
Ese debate y negociación, que este miércoles se discutió en el Senado de la Nación en un evento organizado por el senador catamarqueño Flavio Fama, pone la lupa ahora en la provincia de San Juan.
Es la provincia donde radican los principales proyectos de cobre que ya se han presentado al régimen de inversiones y que prometen llevar al país a ser un jugador relevante en la producción del metal rojo. En ese distrito cordillerano invierten empresas como BHP, Barrick y Glencore, y se discute una Ley de Desarrollo Local Minero.
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“Nos ocupa y preocupa que el empleo mayoritariamente sea radicado en San Juan y nos interesa que los proveedores puedan desarrollarse con base en la provincia de San Juan. Que puedan proveer a los proyectos y que puedan nacionalizarse y vender productos y servicios fuera de la provincia y el país”, dijo Gustavo Fernández, ministro de Producción de San Juan, a Bloomberg Línea.
Un ejemplo que las empresas señalan como negativo es el de Santa Cruz. Desde este año rige el 90/10 para el empleo. La norma (que actualiza un sistema que era 70/30) establece que el 90% de la mano de obra en industrias estratégicas debe ser de residentes de la provincia patagónica, dejando solo un 10% para cubrir necesidades técnicas específicas.
Mientras que para proveedores rige como obligación para todas las empresas, que “el monto total anual en contrataciones de obras, bienes, insumos o servicios con Proveedores Santacruceños, no podrá ser inferior al 50% del monto total contratado con todos sus proveedores”.
Manuel Gomez Bello, presidente de la Cámara de Proveedores Mineros de Catamarca, señaló que un esquema posible para la cuestión de proveedores de bienes y servicios es el “70%-30%”. “Hace viable la minería, genera un espacio de acompañamiento de la actividad y genera oportunidades en el negocio para la región”, dijo a Bloomberg Línea.
“Hay que aclarar la denominación del proveedor local. No es sólo una persona física instalada en la provincia, sino también una alianza estratégica entre una empresa nacional grande y un socio local”, agregó.
También marcó los problemas de competitividad que enfrenta Argentina y hacen más atractiva la importación de bienes a países de la región. “Las compañías son conscientes que tienen que acompañar el desarrollo local, pero no van a pagar más caro por eso”, advirtió.
Para Joaquín Oro, ministro de minería de Río Negro, en el debate sobre proveedores “tiene que haber una apertura transparente por parte de las operadoras de cómo reclutan”.
Y desde ahí, “tener desde los gobiernos indicadores de dónde están las falencias y generar esos programas necesarios de capacitación”. “El objetivo es que el gobierno, junto con la empresa contratista, puedan anticiparse con las ingenierías de proyectos a la demanda futura que va a tener, y que el Estado esté presente en poder generar esas condiciones para los locales”.
Para Héctor Laplace, Secretario General de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), debe intervenir el Gobierno Nacional. “Vamos a necesitar también del Estado Nacional, en ese sentido, para que cuide a su gente, sus proveedores y sus trabajadores”, dijo a este medio.
Karina Milei lideró la creación de una mesa minera federal
El Gobierno, con presencia de Karina Milei (Secretaria General de Presidencia), encabezó días atrás en San Juan la conformación de la mesa minera federal, integrada por provincias, sindicatos y empresas, entre otros actores. Además de las provincias mineras, están integradas Córdoba y Santa Fe, que pese a no tener explotación de minerales metalíferos, están interesados en participar del entramado productivo.
El RIGI tiene su capítulo de proveedores. Establece que las inversiones deben contar con un plan de desarrollo en el que se comprometa a contratar proveedores locales para la provisión de bienes y obras en un porcentaje como mínimo el 20% de la totalidad del monto de inversión destinado al pago de proveedores de bienes y obras. El debate también incluye la incompatibilidad que este punto pueda tener con las leyes provinciales.
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La mirada de la industria
Un trabajo realizado por el flamante Departamento Minero de la Unión Industrial Argentina (UIA), junto a la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) identificó capacidades que demandarán los US$40.000 millones que se invertirá en proyectos de cobre y US$15.000 millones en litio.
En esas capacidades de diversos rubros aparecen:
- Metalmecánica: estructuras, tanques, tolvas, bandejas, montajes, bombas, válvulas.
- Química y petroquímica: reactivos e insumos.
- Plásticos: caucho, geomembranas, recubrimientos.
- Ingeniería, servicios ambientales, logística/vehículos, mantenimiento y partes.
Para la UIA, se debe trabajar “para que los proveedores argentinos estén en condiciones de entrar a la cadena de valor y aprovechar la oportunidad”. Y señala que “la cadena de valor es un factor de competitividad para la minería.
Según el informe, “la fragmentación juega en contra”, al mencionar que las reglas de ‘compre provincial’ encarecen los proyectos: “Debemos buscar modelos donde se beneficien los territorios, se genere empleo local y se fortalezcan los entramados industriales existentes”. “Se debe armonizar las normas de ‘compre local’ con el marco normativo que da el RIGI”, concluye.
