El Gobierno de Bolivia reformuló el Presupuesto General del Estado (PGE) 2026 con el objetivo de corregir desvíos en las cuentas públicas y reducir el déficit fiscal, que finalmente se proyecta en torno al 9% del producto interno bruto (PIB), frente a un potencial 15% que podría haber tenido lugar de no haber existido ajustes.
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Según señaló el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza Yáñez, la revisión oficial detectó inconsistencias relevantes en el cálculo original, que había sido elaborado durante la gestión del expresidente Luis Arce.
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas consideró los ingresos estaban sobreestimados en aproximadamente 15.000 millones de bolivianos, mientras que los gastos habían sido subdeclarados en unos 8.000 millones. Además, se identificaron proyectos de inversión por 4.800 millones de bolivianos que no contaban con condiciones de ejecución.
A partir de ese diagnóstico, el Ejecutivo introdujo modificaciones orientadas a depurar las cuentas fiscales. Entre ellas, se eliminaron ingresos considerados no realistas, se ajustaron partidas de gasto y se descartaron iniciativas de inversión sin viabilidad técnica o legal.
El rediseño presupuestario también contempla un refuerzo en áreas sociales. Se incorporaron más de 1.000 millones de bolivianos adicionales destinados a salud y educación. En ese marco, se prevé la creación de 3.000 nuevos cargos en el sistema educativo, 2.400 en el sector sanitario y 1.500 en el área de seguridad.
En paralelo, el Gobierno avanzó en un recorte del gasto corriente de la administración central. La reducción alcanza los 4.100 millones de bolivianos, principalmente en rubros como viáticos, pasajes y publicidad. Esos recursos serán redireccionados hacia programas sociales.
Otro de los ejes de la reformulación es la modificación del esquema de transferencias a gobiernos subnacionales. El nuevo diseño apunta a agilizar la ejecución presupuestaria de municipios y gobernaciones, acortando los plazos de aprobación que, en algunos casos, pasarán de 15 días a una validación inmediata.
En el plano de las empresas estatales, se dispuso una evaluación integral de su funcionamiento. La Oficina de Fortalecimiento de Empresas Públicas contará con un plazo de 90 días para analizar la sostenibilidad de estas entidades y determinar eventuales cierres en función de criterios técnicos y financieros.
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El proyecto de presupuesto reformulado será enviado a la Asamblea Legislativa para su tratamiento. Desde el Ejecutivo señalan que la iniciativa busca establecer una base fiscal más realista y mejorar la asignación de los recursos públicos.
Críticas de Doria Medina
El empresario Samuel Doria Medina, que había quedado tercero en las elecciones presidenciales de 2025 y apoyó a Rodrigo Paz Pereira en la segunda vuelta electoral, criticó la presentación del Ministerio de Economía: “El ministro finalmente presentó su presupuesto, pero decepcionó. Plantea un déficit fiscal del 9%, es decir, igual al de 2023 y superior al de 2021, 2022 y 2024. Con esa cifra no puede haber acuerdo internacional para formar un fondo de estabilización. Nadie nos va a dar dinero para que se siga yendo al hueco negro del déficit”, cuestionó.
Doria Medina señaló que la reelaboración del presupuesto tomó seis meses “de rodeos y dilaciones” para desembocar en una política “inmovilista”. En ese sentido, cuestionó que recién en 90 días se prevea el cierre de empresas estatales consideradas ineficientes.
