El presidente boliviano, Rodrigo Paz, ha anunciado el recorte de un 50% de su salario y el del gabinete ministerial en medio del descontento social que ha derivado en la actual crisis política.
“Este presidente, junto a sus ministros, ha asumido la decisión, como parte del esfuerzo y el compromiso con el país, de rebajarse el salario al 50 %”, dijo el mandatario Rodrigo Paz en el marco de la conmemoración de los 217 años de la gesta libertaria de Sucre.
El país andino se encuentra enfrascado en una crisis que se inició a comienzos de mes por reclamos salariales, la escasez y el deterioro en la calidad de los combustibles, así como el rechazo a varias reformas del Gobierno.
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Los reclamos sociales han derivado en llamados a la renuncia del presidente Rodrigo Paz, quien lleva apenas seis meses en el cargo y a raíz de los actuales acontecimientos anunció en días pasados un “reordenamiento” del gabinete ministerial.
La medida sobre los salarios no afectará a “otras áreas ni a profesionales”, según ha confirmado el presidente boliviano.
Antes de que se aplicara la medida, el presidente de Bolivia recibía un salario mensual de Bs.24.978 (US$3.608 al cambio oficial).
Este monto funciona como tope salarial para el resto de funcionarios públicos.
Tras el recorte anunciado, su remuneración pasará a ser de aproximadamente Bs.12.489 (US$1.804).
En medio de la crisis económica en el país, la tasa de cambio fija se ha desestabilizado ante el surgimiento del denominado dólar paralelo.
A ese cambio paralelo, el salario del presidente antes de la medida es de unos US$2.500 y con la reducción quedaría en US$1.250.
“Desde una perspectiva técnica y fiscal, la medida tiene un efecto más simbólico y político que realmente económico”, dijo a Bloomberg Línea el analista Fernando Romero Torrejón, expresidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija. “Es positiva en términos de señal política porque transmite austeridad, responsabilidad y voluntad de compartir el costo de la crisis con la población”.
En un contexto de ajuste económico, conflictividad social y deterioro fiscal, considera que ese mensaje puede ayudar parcialmente a mejorar percepción ciudadana.
“Sin embargo, el impacto fiscal real es extremadamente limitado. Si el ahorro anual estimado es de Bs.37 millones (US$5,3 millones al cambio oficial), pero el Estado gasta aproximadamente Bs. 200 millones diarios (US$28,8 millones), la reducción apenas cubriría entre algunas horas y una fracción mínima de un día de gasto público”, apuntó Romero.
Por tanto, dice que la medida no resuelve el problema estructural de las finanzas públicas bolivianas, aunque sí puede tener valor político y comunicacional.
Según indicó Fernando Romero, el Gobierno necesita realizar una revisión profunda del gasto estatal para reducir gastos improductivos y priorizar inversión estratégica.
Esto implicaría revisar empresas públicas deficitarias, consultorías, gastos administrativos, viáticos, publicidad estatal y estructuras burocráticas sobredimensionadas. “El objetivo no debe ser solo recortar gasto, sino hacerlo más eficiente y sostenible. Una reforma fiscal seria requiere priorizar salud, educación, infraestructura y sectores productivos, mientras se eliminan gastos que no generan crecimiento económico ni bienestar social”.
En el marco de la ola de protestas, el presidente Paz dijo que apelará al diálogo, pero que hará respetar la Constitución del país.
“Bolivia tiene una Constitución y la haremos respetar (…) Una minoría no nos puede gobernar, una minoría no nos puede abusar y haremos cumplir esa Constitución", dijo el presidente Paz.
El riesgo país de Bolivia registró este mes un deterioro acelerado en medio de casi 20 días consecutivos de conflictos sociales y bloqueos de carreteras, con el EMBI pasando de niveles cercanos a 350 puntos básicos a superar los 605 puntos el 22 de mayo.
Con el deterioro de su indicador, Bolivia nuevamente es considerado el segundo país de la región más riesgoso para invertir después de Venezuela.
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