La jueza del 8° Juzgado de Garantía de Santiago, Irene Rodríguez, fue formalmente imputada por el delito de prevaricación culposa, luego de haber sido señalada como una de las autoridades que permitió la liberación de Carlos Alberto Mejía Hernández, uno de los sicarios condenados por el asesinato de José Reyes Ossa, conocido como el “Rey de Meiggs”. El hecho fue confirmado durante la noche de este miércoles y generó repercusión inmediata en el ámbito judicial chileno.
VER MÁS: La actividad económica de Chile cae por segundo mes consecutivo, golpeada por la minería
El concepto de prevaricación refiere a una conducta en la que una autoridad, como un juez, dicta resoluciones contrarias a la ley o manifiestamente injustas. En Chile, según el Ministerio Público, existen tres formas de prevaricación: judicial, administrativa y del abogado. En el caso de la jueza Rodríguez, se trata de prevaricación judicial, es decir, de un conjunto de delitos cometidos por jueces que faltan a sus deberes de forma grave.
En la mayoría de los casos, este tipo de delito está asociado al dolo, es decir, a la intención deliberada de actuar fuera de la ley. Sin embargo, en esta oportunidad se le imputa a Rodríguez el delito en su forma culposa. Esto implica que no habría existido intención directa de infringir la ley, pero sí una actuación con negligencia grave o ignorancia inexcusable que derivó en una injusticia.
VER MÁS: Quiénes serán los nuevos dueños de Bretas, la marca que Cencosud vendió en Brasil
La causa toma especial relevancia por el rol que habría tenido Rodríguez en la liberación de Mejía Hernández, quien logró salir del país y actualmente permanece prófugo. El detenido estaba implicado en un homicidio de alto impacto en el comercio del barrio Meiggs, en Santiago, un sector conocido por su actividad comercial informal.
El portal de noticias BíoBío, que reportó los detalles del caso, también explicó que en caso de comprobarse la culpabilidad de Rodríguez, el artículo 224 del Código Penal contempla sanciones como la inhabilitación total y temporal para ejercer cargos u oficios públicos, además de una pena de presidio o reclusión que va desde el grado mínimo al medio.
VER MÁS: La gran paradoja latinoamericana: paz entre países, violencia dentro de ellos
Desde el Ministerio Público advierten que este tipo de delitos afectan la confianza pública en las instituciones y el sistema judicial. Consideran que constituyen una falta grave a la ética y al deber de quienes ejercen cargos de autoridad.
