Coordinación económica entre Gobierno y banco central, el camino a una inflación más alta

Expertos advierten que una mayor coordinación puede ser útil, pero alertan que cualquier intento que debilite la independencia del Emisor podría traducirse en mayores presiones inflacionarias y riesgos para la estabilidad macroeconómica.

Junta Directiva del Banco de la República de Colombia a febrero de 2026

Bloomberg Línea — La discusión sobre la coordinación entre el Gobierno y el Banco de la República ha vuelto al centro del debate económico, con advertencias de analistas que señalan que un mayor alineamiento entre ambas entidades podría terminar elevando la inflación si se sacrifica la independencia del banco central.

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Para Munir Jalil, director de Investigaciones Económicas de BTG Pactual, la evidencia histórica e internacional es clara sobre los riesgos de modelos en los que se mezclan decisiones políticas y monetarias. “La evidencia muestra que los intentos por trabajar con esquemas mixtos normalmente terminan validando niveles de inflación más altos”, dijo.

Antes de la Constitución de 1991, el Banco de la República operaba bajo un modelo en el que los ministros participaban más activamente en su junta directiva, lo que, según los analistas, generaba incentivos para utilizar la política monetaria con fines fiscales o de corto plazo. Jalil recordó que en ese esquema “todos los ministros se sentaban en la Junta del banco y pedían recursos para sus bancos de fomento”, lo que debilitaba la disciplina monetaria y elevaba los riesgos inflacionarios.

Desde su perspectiva, aunque pueda parecer atractivo explorar fórmulas de mayor coordinación institucional, el principal riesgo radica en que la política monetaria termine siendo utilizada como herramienta para impulsar el crecimiento en el corto plazo, sacrificando la estabilidad de precios.

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“Aunque se pudiera pensar en un esquema mixto, la tentación de usar la política monetaria para promover crecimiento en el corto plazo termina afectando negativamente los niveles de inflación, llevando finalmente a inflaciones más altas de las deseadas”, explicó.

El lunes de esta semana el Ministerio de Hacienda lideró un foro para debatir el rol del banco central y la política monetaria. El ministro Germán Ávila Plazas, abrió el Foro Económico con una intervención en la que planteó una mirada crítica sobre las decisiones recientes de política monetaria del Banco de la República, señalando sus efectos sobre el desarrollo económico y la equidad social.

Además, destacó la necesidad de avanzar hacia una coordinación más equilibrada entre la política monetaria y los objetivos de crecimiento, empleo y bienestar, poniendo en el centro las condiciones de vida de la ciudadanía.

“Un Banco central independiente, última vaca sagrada del capitalismo, merece dos reflexiones. La primera, qué tan posible es decidir en la práctica considerando valores democráticos y manteniendo pulcritud en los elementos, y segunda, los miembros mayoritarios de la Junta afirman representar la Nación, pero no es así. El ministro representa al Gobierno que obtuvo triunfo electoral. De modo que las apuestas progresivas son legítimas y nada justifica el boicot actual”, dijo Carlos Betancur, director de Impuestos y Aduanas Nacionales.

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Entre tanto, Daniel Velandia, director de Investigaciones Económicas de Credicorp Capital, subrayó que el modelo colombiano ya contempla una participación del Gobierno en la junta del Banco de la República, lo que en teoría facilita la coordinación entre políticas económicas. Sin embargo, advirtió que lo que se ha observado recientemente va en contravía del espíritu original del diseño institucional.

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Velandia recordó que “en la mayor parte de bancos centrales independientes el ministro no participa, y en algunos casos, si participa, no lo hace con voto. En Chile no está, en Perú no está y en Brasil tampoco”, explicó.

Para el analista, el diseño institucional colombiano fue pensado precisamente para permitir un canal formal de coordinación sin comprometer la independencia del banco central.

No obstante, considera que el debate reciente podría poner en riesgo ese equilibrio. “Lo que está pasando en la actualidad es exactamente lo contrario de lo que buscaba el espíritu de la Constitución del 91. El Banco le abrió la puerta al Ministerio para facilitar la coordinación, pero ahora se está poniendo en riesgo que el Banco de la República pueda seguir funcionando de manera normal”, afirmó.

A su juicio, el esquema vigente en Colombia ya es favorable para la coordinación de políticas económicas, por lo que el problema no radica en la falta de espacios institucionales, sino en la manera en que se están utilizando. “Lo que tenemos hoy en Colombia es bastante favorable para la coordinación de políticas; lo que no debería pasar es lo que ha venido ocurriendo en las últimas semanas”, señaló.

Por su parte, Felipe Campos, gerente de Estrategia e Inversión de Alianza Valores, consideró que es posible fortalecer la coordinación entre política fiscal y monetaria sin afectar la autonomía del banco central, siempre que se respeten los límites institucionales.

Desde su perspectiva, la clave está en mejorar la comunicación y la construcción conjunta de diagnósticos económicos.

Campos planteó que se podrían crear espacios técnicos formales en los que participen entidades como el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República. “Sí puede haber más coordinación, pero no puede haber menos independencia. Se podrían establecer mesas técnicas regulares en las que el Gobierno y el banco compartan diagnósticos y coordinen escenarios”, explicó.

El analista insistió en que la política monetaria no puede entenderse de manera aislada, pues sus decisiones dependen en gran medida del comportamiento fiscal. “La política monetaria no surge en un escenario aislado; se pueden manejar escenarios compartidos entre ambas autoridades económicas para entender cómo interactúan las decisiones fiscales y monetarias”, señaló.

Sin embargo, también advirtió que existen límites que no deben cruzarse en ninguna circunstancia. “Lo que no puede ocurrir es que el Gobierno le ordene al banco bajar tasas o que el banco se convierta en una oficina más del Ejecutivo. Tampoco puede usarse para financiar gasto público ni perder la capacidad de decir que no”, afirmó.

Campos añadió que uno de los principales temores del mercado es la posibilidad de que se consolide una mayoría política dentro de la Junta del banco que actúe alineada con los intereses del Gobierno de turno. “Da miedo el tema de una mayoría política, porque nunca se había imaginado que las personas elegidas por el Ejecutivo tuvieran que votar con el Gobierno”, advirtió.

Desde otra perspectiva, Alejandro Rojas, economista senior del Banco de Bogotá, considera que la coordinación sostenida entre el Gobierno y el banco central enfrenta obstáculos estructurales relacionados con los incentivos políticos de corto plazo.

En su análisis, los gobiernos tienden a priorizar resultados inmediatos, incluso si eso implica mayores riesgos macroeconómicos.

“El problema es que, por excelencia, hay descoordinación, porque a los gobiernos les conviene aumentar el gasto público para mantener registros sólidos de actividad y empleo, así eso implique déficits fiscales abultados e inflaciones altas”, explicó.

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Rojas subrayó que muchas reformas estructurales, que podrían mejorar el bienestar económico en el largo plazo, no logran materializarse dentro de un periodo presidencial, lo que incentiva decisiones enfocadas en resultados rápidos.

En ese contexto, el Banco de la República cumple un rol esencial como contrapeso institucional frente a las presiones políticas. “Ahí es donde aparece el Banco de la República como la entidad que piensa en el largo plazo, sirviendo de contrapeso a las pretensiones del corto plazo”, afirmó.

A partir de ese diagnóstico, el economista considera que una coordinación profunda y sostenida entre el Gobierno y el banco central es difícil de lograr sin poner en riesgo la independencia del emisor.

“Por eso es difícil pensar en una coordinación sostenible entre banco central y gobierno que no termine afectando el equilibrio institucional”, concluyó.

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