Bloomberg Línea — La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el jueves, con 57 votos, una reforma a la Ley de la Leche y Productos Lácteos para suprimir la restricción que impedía comercializar productos elaborados con leche en polvo reconstituida o recombinada, manteniendo únicamente el veto sobre los productos adulterados.
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La modificación al artículo 21 de la normativa, el cual data de octubre del año 2000, ha generado el rechazo de la oposición y del sector ganadero salvadoreño, que advierten sobre las posibles afectaciones a los productores locales.
Según el oficialismo, las enmiendas permiten actualizar una regulación establecida en el año 1960 para armonizar la ley local con el Reglamento Técnico Centroamericano (RTCA) y así, eliminar obstáculos en la comercialización intrarregional y adecuar la normativa a las condiciones actuales del mercado.
Como parte de las acciones complementarias a la reforma, el Ministerio de Agricultura y Ganadería incorporará al sector ganadero al Programa Aumento de la Producción, una estrategia del Gobierno que contempla la entrega de insumos, asistencia veterinaria gratuita, mejoramiento genético y acceso a líneas de crédito a través del Banco de Fomento Agropecuario (BFA).
El Ejecutivo detalló que trabaja en coordinación con la industria para facilitar la compra de leche nacional que cumpla con la nueva legislación.
Reacción de la industria
La Asociación de Productores de Leche de El Salvador (Proleche), que representa a una industria generadora de 150.000 empleos directos, advirtió que diversas empresas procesadoras ya notificaron a ganaderos nacionales sobre la suspensión de la compra de leche fresca, lo que limitaría la producción salvadoreña en favor “seguramente” de leche en polvo reconstituida o bases análogas.
La gremial instó además por conocer “qué mecanismos de control se aplicarán a los productos importados para garantizar que cumplan las mismas exigencias que se establecen para la producción nacional”, al tiempo que exigió al Gobierno para que detalle las medidas de protección para la producción nacional.
Asimismo, pidió al Gobierno que garantice a mecanismos para que los consumidores puedan diferenciar entre leche fresca y leche reconstituida.
“El derecho a la información debe ser una prioridad. Los consumidores merecen conocer con claridad el origen, composición y proceso de elaboración de los productos que adquieren para sus familias”, dijo.
No obstante, durante el debate legislativo, la propuesta de la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, de exigir que los productos lácteos elaborados con leche en polvo reconstituida o recombinada estén indicados en la etiqueta de forma “clara, visible y fácilmente identificable para el consumidor”, no logró los votos necesarios.
Por su parte, los diputados Francisco Lira y Marcela Villatoro, de Arena, también cuestionaron la reforma al considerar que debilita la protección a la producción nacional y afecta a miles de familias que dependen de la ganadería.
“Había una prohibición legal de permitir lácteos en polvo en El Salvador, ayer la retiraron y con eso el empleo de miles de salvadoreños”, dijo Villatoro. Mientras que Lira dijo que “permitir lácteos a base de leche en polvo es un golpe a miles de familias ganaderas que se rompen el lomo día con día”.
Acuerdo con EE.UU.
La reforma aprobada se produce meses después de que El Salvador asumiera nuevos compromisos comerciales con Estados Unidos, en el marco del acuerdo bilateral anunciado en enero de 2026, en el que accedió a permitir la importación de productos lácteos estadounidenses de origen bovino, ovino y caprino, siempre que estén acompañados por un certificado sanitario estándar emitido por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).
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El acuerdo establece además que El Salvador reconocerá el sistema de inocuidad láctea de Estados Unidos como equivalente al salvadoreño y que no podrá imponer requisitos adicionales de registro a las instalaciones productoras de lácteos estadounidenses que deseen exportar al mercado nacional.
Asimismo, el documento prohíbe la adopción de medidas discriminatorias o preferenciales que coloquen en desventaja a las exportaciones de EE.UU., en busca de facilitar el comercio bilateral y reducir barreras regulatorias para el ingreso de productos agroalimentarios procedentes de Estados Unidos.
