Bloomberg Línea — Panamá afirma que ha logrado defenderse con éxito de una demanda presentada ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por Banesco, que acusaba a entidades estatales de haber utilizado indebidamente fianzas emitidas por el grupo bancario para garantizar contratos de obras públicas.
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El Ministerio de Economía y Finanzas dijo en un comunicado que la institución del Banco Mundial falló a favor de Panamá en un arbitraje internacional iniciado por la institución con sede en Venezuela, rechazando todos los reclamos del grupo financiero y ordenándole pagar a US$900.000 en concepto de honorarios legales y gastos del proceso.
La disputa, registrada bajo el caso ARB/23/41, se originó en septiembre de 2023 cuando Banesco Holding Latinoamérica S.A. y su filial Banesco (Panamá) S.A. demandaron al Estado panameño por supuestas violaciones al Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre España y Panamá de 1997.
La entidad bancaria, cuyo grupo matriz tiene sede en Venezuela, buscaba una indemnización inicial superior a US$13,5 millones.
Banesco argumentaba “que diversas entidades panameñas actuaron de forma arbitraria, discriminatoria y sin transparencia, además de vulnerar el debido proceso al ejecutar o amenazar con ejecutar fianzas emitidas por Banesco para garantizar contratos de obra pública incumplidos”, según el Gobierno panameño.
El laudo del tribunal, fechado el pasado 5 de mayo, concluyó que Panamá no infringió sus obligaciones bajo el tratado. El fallo señala que las entidades panameñas no actuaron con la intención de perjudicar a la entidad financiera y destaca que Banesco tuvo acceso pleno a los mecanismos legales internos para impugnar las decisiones que consideraba desfavorables, habiendo llevado su caso hasta la Corte Suprema de Justicia.
Los árbitros determinaron que los fallos de la máxima instancia judicial reflejan “una interpretación razonable del derecho panameño”. Adicionalmente, el tribunal se pronunció sobre el estándar de trato justo y equitativo invocado por la parte demandante, estableciendo que esta figura legal “no constituye una garantía frente a los riesgos inherentes a la actividad comercial”.
El proceso duró casi tres años y contó con un tribunal conformado por el peruano-suizo Franz X. Stirnimann Fuentes (como presidente), el colombiano Rafael Rincón Ordóñez (nombrado por Banesco) y el ecuatoriano-colombiano Álvaro Galindo (nombrado por Panamá).
La representación del Estado panameño, a través de la Oficina de Arbitraje de Inversiones del MEF, estuvo a cargo de la firma internacional de abogados LALIVE.
Panamá enfrenta unos diez arbitrajes pendientes ante el Ciadi, además de litigios en la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) y la Cámara Internacional de Comercio (ICC).
El monto total reclamado al Estado supera los US$29.000 millones, correspondiente en su mayoría a disputas generadas por el cierre de la mina Cobre Panamá, según la publicación Nexo.la.
