Bloomberg Línea — Alex Saab, empresario colombiano y exfuncionario del gobierno venezolano, se declaró culpable este martes de un cargo de lavado de dinero ante una corte federal de Miami, en un giro que podría tener nuevas consecuencias para investigaciones sobre la corrupción vinculada al gobierno de Nicolás Maduro.
Como parte del acuerdo alcanzado con la Fiscalía de Estados Unidos, Saab aceptó cooperar con las investigaciones federales y entregar US$195 millones considerados ganancias ilícitas derivadas del esquema por el que fue procesado. El delito por el que se declaró culpable contempla una pena máxima de 20 años de prisión, aunque los fiscales acordaron recomendar una condena en el extremo inferior del rango aplicable y solicitar reducciones adicionales si su cooperación resulta de utilidad.
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La declaración se produjo ante la jueza federal Kathleen Williams, en Miami, después de que Saab inicialmente se declarara no culpable de los cargos. La nueva posición evita el juicio con jurado que estaba previsto para noviembre y formaliza un acuerdo cuyos detalles comenzaron a conocerse con la audiencia.
Acusaciones
El caso está relacionado con una supuesta trama de sobornos y lavado de dinero alrededor de contratos del programa de alimentos CLAP, creado por el gobierno venezolano para distribuir productos básicos a sectores de bajos ingresos.
Según el Departamento de Justicia estadounidense, Saab y sus colaboradores habrían utilizado empresas fantasma, documentos falsos y registros de embarques alterados para ocultar el origen y destino de fondos asociados con contratos para importar alimentos desde Colombia y México. Parte de los recursos habría pasado posteriormente por cuentas del sistema financiero estadounidense.
La acusación también sostiene que, después de las sanciones estadounidenses contra Venezuela, el esquema se extendió a operaciones relacionadas con el petróleo. Saab y sus presuntos colaboradores habrían obtenido acceso a miles de millones de dólares en crudo perteneciente a Petróleos de Venezuela (PDVSA), realizando ventas bajo información o documentación falsa y canalizando posteriormente los recursos a través de cuentas estadounidenses.
El Departamento de Justicia había acusado a Saab de conspiración para lavar instrumentos monetarios. En la nueva acusación, las autoridades estadounidenses sostuvieron que los recursos provenientes de las operaciones ilícitas fueron utilizados tanto para promover el esquema como para ocultar su origen.
Cooperación
Uno de los elementos de mayor relevancia del acuerdo es el compromiso de Saab de cooperar con las autoridades estadounidenses.
Los fiscales también investigan a cuatro personas que aparecen como coacusados no identificados. El acuerdo contempla que la cooperación de Saab pueda ser utilizada en esas investigaciones y que, si resulta sustancial, la Fiscalía solicite reducciones adicionales en su eventual condena.
La posibilidad de que Saab aporte información adquiere especial relevancia por su relación con el antiguo gobierno venezolano. Durante años fue considerado por las autoridades estadounidenses como una figura clave en las operaciones financieras internacionales del entorno de Maduro.
Su eventual cooperación también podría tener implicaciones para otros procesos judiciales relacionados con funcionarios y empresarios vinculados al chavismo.
Nueva causa
Saab fue detenido en Cabo Verde en 2020 durante una escala de un viaje a Irán y posteriormente extraditado a Estados Unidos. Su primer proceso estaba relacionado con una acusación presentada en 2019 por un supuesto esquema de sobornos y lavado de dinero.
En 2023, el entonces presidente estadounidense Joe Biden concedió clemencia a Saab como parte de un intercambio que permitió la liberación de estadounidenses detenidos en Venezuela. Tras regresar a Caracas, Saab pasó a ocupar cargos dentro del gobierno venezolano.
Sin embargo, las autoridades estadounidenses comenzaron a investigar nuevos delitos que, según la Fiscalía, no estaban cubiertos por aquella medida de clemencia. Tras la captura de Nicolás Maduro y su salida del poder, Saab fue deportado desde Venezuela a Estados Unidos en mayo de 2026 y quedó nuevamente bajo jurisdicción estadounidense.
Su retorno a Miami abrió un nuevo expediente penal, separado del proceso anterior, que ahora concluye con su declaración de culpabilidad.
Cambio en las relaciones
El caso Saab se desarrolla en paralelo a una transformación de la relación entre Washington y Caracas. La administración de Donald Trump ha colocado el petróleo venezolano entre sus principales intereses en el nuevo escenario político y económico del país.
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El proceso también coincide con el caso judicial contra Maduro, quien permanece bajo custodia en Estados Unidos y enfrenta cargos de narcotráfico. La posibilidad de que Saab se convierta en un colaborador de las autoridades estadounidenses agrega un elemento potencialmente relevante a ese contexto judicial.
