Bloomberg Línea — La Corte Suprema de Estados Unidos podría pronunciarse el miércoles sobre la legalidad de los aranceles impuestos bajo la Ley de Facultades Económicas de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), una decisión que pondría en jaque uno de los pilares de la política comercial del presidente Donald Trump. La sentencia, largamente anticipada por analistas y mercados, podría abrir la puerta a reembolsos por hasta US$150.000 millones, aunque el impacto final dependerá de los caminos legales y políticos que siga la Casa Blanca.
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Los mercados de predicción, como Polymarket y Kalshi, asignan una probabilidad cercana al 70% a que la Corte falle contra el uso de la IEEPA para aplicar tarifas. Las consecuencias no se limitarían al frente fiscal o legal: sectores estratégicos, importadores, consumidores y socios comerciales de EE.UU. podrían verse afectados por un posible cambio de rumbo arancelario en pleno año electoral.
“Nuestro escenario base es que la administración se moverá rápidamente para reemplazar cualquier arancel anulado que haya estado cubierto por la IEEPA”, señalaron Nicole Gorton-Caratelli y Chris Kennedy, analistas de Bloomberg Economics.
¿Qué está en juego?
El corazón del litigio es si el presidente puede usar la IEEPA, una ley de 1977 pensada para emergencias nacionales, como base para imponer tarifas comerciales sin aprobación del Congreso. Según Shannon Grein y Tim Quinlan, economistas de Wells Fargo, “la cuestión es si la IEEPA siquiera autoriza aranceles y si esa delegación de poder es constitucional en primer lugar”.
Los argumentos se enfocan en que imponer aranceles no equivale a regular importaciones sino a crear impuestos, facultad reservada al poder legislativo. En ese sentido, Grein y Quinlan explicaron que “su argumento es que sólo el Congreso tiene el poder de gravar”.
Para Christopher Ciolino y Holly Froum, analistas de Bloomberg Intelligence, hay una probabilidad de 60% de que la Corte “determine que los aranceles recíprocos y los relacionados con el tráfico de fentanilo son ilegales”. Según la analista, “la mayoría de los jueces expresó escepticismo durante la audiencia de que la IEEPA permita imponer aranceles, ya que la ley no los autoriza de forma clara”.
La Corte ya ha fallado en el pasado limitando el alcance retroactivo (con efectos hacía el pasado) de sus sentencias. Ciolino y Froum recordaron un precedente cuando “el tribunal no ordenó reembolsos porque razonó que la violación era la diferencia en las tarifas, no el monto”. En esta línea, “podría considerar que el problema fue que el presidente usó el estatuto equivocado, no que no tuviera derecho a imponer aranceles”.
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Impacto económico inmediato
En caso de que la Corte determine que los aranceles fueron ilegales, el efecto inmediato recaería en los reembolsos a las empresas que los pagaron. Gorton-Caratelli y Chris Kennedy estiman que “casi US$150.000 millones en ingresos ya recaudados podrían estar sujetos a devolución”, aunque destacan que el proceso legal será largo y complejo.
El reembolso no beneficiará de forma uniforme. “Las empresas más grandes tienen más probabilidades de importar directamente o trabajar con firmas comerciales dedicadas; como pagaron directamente los aranceles, recibirán los reembolsos directamente”, señalaron Gorton-Caratelli y Kennedy. En contraste, “las firmas más pequeñas que dependen de importadores mayoristas probablemente vean los reembolsos pagados a los importadores en lugar de a ellas”.
La distribución sectorial también es relevante. Los analistas identificaron dos grupos especialmente expuestos: “industrias que importan bienes finales para la venta a consumidores estadounidenses” y “fabricantes que importan insumos intermedios sujetos a aranceles”. En el primer grupo destacan textiles, juguetes y alimentos; en el segundo, maquinaria, electrónica y construcción.
Según Ciolino, de Bloomberg Intelligence, “incluso si la Corte Suprema anula los aranceles de la IEEPA, creemos que el beneficio para las empresas de maquinaria de EE.UU. será transitorio y mínimo”. Para el analista, “los reembolsos de aranceles potenciales no están garantizados y probablemente enfrenten un proceso legal largo y complejo”.
Las cifras son significativas. CNH enfrenta una carga arancelaria bruta de entre US$205 y US$225 millones en 2025, con la IEEPA representando el 80% del total. Deere anticipa un impacto de US$1.200 millones en 2026, el doble que en 2025. “La Corte Suprema no falló sobre los aranceles el 9 de enero, prolongando la incertidumbre”, explicó Ciolino.
Desde el punto de vista macroeconómico, James Knightley, analista de ING, observó que “los ingresos totales por aranceles aumentaron en unos US$200.000 millones respecto al mismo periodo de 2024”, aunque aclaró que “no todos están sujetos al fallo de la Corte Suprema”. El monto estimado de reembolsos sería de aproximadamente US$130.000 millones, pero “es poco probable que la administración facilite el proceso”.
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Reacción del dólar y los mercados
El fallo de la Corte también tendría implicancias para los activos financieros, en particular el dólar y las acciones estadounidenses, en un contexto de desaceleración económica moderada y presión política sobre la Reserva Federal.
James Knightley, economista jefe internacional de ING, aseguró que ven “una mayor disposición de la administración estadounidense a aceptar una historia de debilitamiento del dólar”, al tiempo que los recortes de tasas por parte de la Fed contrastan con una política monetaria más estable en Europa. “Eso nos lleva a pensar en una trayectoria de debilidad del dólar a medida que avanzamos en los próximos 12 a 18 meses”, sostuvo.
Sobre el mercado accionario, la eventual devolución de aranceles podría traducirse en una mejora de márgenes para ciertas industrias, aunque de manera desigual. Empresas expuestas a importaciones intensivas, como fabricantes de maquinaria, juguetes, ropa y electrónica, verían un alivio temporal. Sin embargo, como advirtió Ciolino, “esperamos que la administración cambie rápidamente a otros mecanismos (...) para mantener la agenda económica y comercial del presidente Donald Trump”, lo que limitaría la duración del impacto positivo.
Bloomberg identifica a compañías como Nike, Mattel, Wayfair y General Motors entre las posibles ganadoras, tanto por reembolsos como por mejora en márgenes.
En términos fiscales, el retorno de hasta US$130.000 millones al sector privado podría actuar como estímulo de corto plazo. Pero Knightley enfatizó que “dado que muchos hogares ya sienten el impacto de los aranceles, es poco probable que esto genere un repunte significativo en el gasto del consumidor”. Si bien la idea de “cheques de reembolso arancelario” ha sido planteada, su efectividad macroeconómica sigue siendo incierta.
En el mercado de metales, la expectativa de una reversión parcial del régimen arancelario también podría afectar al oro. Aunque el metal no estuvo gravado por la IEEPA, el entorno de incertidumbre comercial impulsó flujos hacia activos refugio y contribuyó a máximos históricos en los precios. Según Joseph Cavatoni, del World Gold Council, “el oro puede experimentar una caída a corto plazo a medida que la incertidumbre se disipe y el apetito por el riesgo regrese a otras clases de activos”.
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Latinoamérica ante el fallo: alivio temporal
Un fallo contra los aranceles basados en la IEEPA también tendría implicancias para América Latina. Felipe Hernández, de Bloomberg Economics, indicó que “revocar los aranceles ofrecería cierto alivio a los países de América Latina, aunque la ventaja relativa es más matizada”.
Brasil sería uno de los principales beneficiados por la eliminación de un arancel específico del 40% y otro recíproco del 10%. Hernández detalló que “la tasa arancelaria efectiva promedio sobre las importaciones estadounidenses desde Brasil aumentó a 22,1% en octubre, desde 9,3% en julio y 2,5% en marzo”.
México también obtendría beneficios, especialmente por la eliminación del arancel del 25% vinculado al fentanilo. Sin embargo, “los aranceles sobre automóviles y autopartes seguirían vigentes y serían un lastre material”, explicó Hernández. Aun así, más del 80% de las exportaciones mexicanas a EE.UU. siguen ingresando libres de aranceles gracias al T-MEC, con una tasa arancelaria efectiva de 4,6%.
Para el resto de la región, incluyendo Argentina, Chile, Colombia y Perú, “los aranceles volverían a los niveles previos a abril si se elimina el arancel recíproco del 10%”, según Hernández. Sin embargo, los aranceles sectoriales, como los aplicados a acero, aluminio, cobre, farmacéuticos y semiconductores, seguirían vigentes y limitarían cualquier alivio sostenido.
La incertidumbre global y la fragmentación del comercio seguirán marcando el rumbo. Como señaló Carsten Brzeski, de ING, “vemos una continuación de los cambios estructurales que ya ocurrieron el año pasado”, entre ellos el desvío del comercio chino hacia Europa, Asia y África, y el impulso de nuevos acuerdos bilaterales por parte de la Unión Europea. “Es un cambio en la estructura y composición del comercio global”, concluyó.
¿Y después del fallo?
Un fallo adverso no implicaría necesariamente el fin de la política arancelaria. Como explicó Brzeski, de ING, “la administración podría usar claramente un objetivo inicial que es la Sección 122 para restablecer algunos aranceles” de hasta 15% durante 150 días por motivos de balanza de pagos.
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Las secciones mencionadas hacen referencia a disposiciones específicas dentro de distintas leyes federales que otorgan al presidente autoridad para intervenir en el comercio internacional sin necesidad de aprobación inmediata del Congreso. Cada una tiene fundamentos legales, alcances y limitaciones distintas.
Brzeski recordó que “la Sección 301 requiere una investigación más larga”, pero ya hay varias que están en curso. Otras alternativas incluyen la Sección 232, por razones de seguridad nacional, y la Sección 338, cuando se detecta discriminación contra exportaciones estadounidenses.
“Trump y la administración podrían pasar de aranceles bilaterales recíprocos hacia tarifas más sectoriales”, agregó Brzeski, lo que afectaría especialmente a industrias como la automotriz, farmacéutica o manufacturera.
En el plano político, esta estrategia serviría para mantener activa la narrativa de defensa del empleo industrial estadounidense sin generar el mismo grado de exposición jurídica. Además, al centrar los aranceles en sectores concretos, la administración podría modular el impacto sobre los precios al consumidor en un contexto de alta sensibilidad por el costo de vida.
A la vez, esta táctica brindaría margen de maniobra para usar el tema comercial como parte del discurso electoral hacia las legislativas de noviembre, en línea con lo que varios analistas interpretan como un intento de “generar buenas noticias económicas”, según Knightley.
