Bloomberg — El presidente Donald Trump dijo que intentaría prohibir que las empresas canadienses vendan a contratistas gubernamentales, profundizando la guerra comercial entre los dos países con una medida que amenaza con desestabilizar un sistema destinado a facilitar la venta de bienes comerciales a agencias en todo Estados Unidos.
La orden, anunciada en una publicación en redes sociales, entrará en vigor “a menos que Canadá restablezca la reciprocidad plena y justa para los agricultores y empresas estadounidenses”, anunció Trump en una publicación de Truth Social el martes. Trump afirmó que los bienes y servicios canadienses vendidos bajo el llamado Programa de Adjudicación Múltiple tienen un valor de más de US$50 mil millones anuales, aunque la cifra real podría ser mucho menor.
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Las acciones del presidente estadounidense constituyen el último episodio de una guerra comercial que se ha extendido mucho más allá de los aranceles. Las negociaciones entre Estados Unidos y Canadá para una tregua comercial fracasaron en el último momento en agosto, lo que llevó al gobierno de Trump a imponer un arancel del 50% a miles de millones de dólares en productos canadienses.
Desde entonces, Trump ha ordenado que el lago Ontario pase a llamarse “Lago América”, lo que ha provocado una oleada de protestas por parte de los canadienses e incluso de algunos aliados republicanos en su propio país. Asimismo, ha amenazado con poner fin a la venta en EE.UU. de aviones de la empresa canadiense Bombardier Inc. y ha cuestionado el valor de la moneda canadiense.
El primer ministro canadiense, Mark Carney, se ha negado a ceder. Tras el fracaso de las negociaciones comerciales, prometió represalias equivalentes, y el martes entraron en vigor aranceles compensatorios sobre cientos de productos de consumo estadounidenses, incluyendo motocicletas, cosméticos y queso. El gobierno de Carney también aumentó los aranceles sobre muchos productos de acero estadounidenses del 25% al 50%.
De aplicarse, la decisión del Gobierno de Trump sobre los contratos públicos podría suponer una prohibición generalizada para que las empresas canadienses hagan negocios con el Gobierno de EE.UU. y perturbar la contratación pública en todo el país. No parece que se aplique a los contratos de defensa, al menos por el momento.
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Los datos recopilados por Bloomberg Government indican que la cantidad real de productos canadienses vendidos a contratistas estadounidenses podría ser muy inferior a la que afirmó Trump. Según los datos, desde el inicio del ejercicio fiscal 2021, las agencias federales estadounidenses adquirieron US$13.000 millones en bienes y servicios procedentes de Canadá. Esa cifra no incluía los contratos clasificados.
El Programa de Adjudicación Múltiple permite a los compradores estadounidenses adquirir productos de contratistas preaprobados a precios previamente negociados. Los productos y servicios incluidos en el programa abarcan desde inteligencia artificial y servicios en la nube hasta mobiliario, equipos de laboratorio y capacitación.
Trump se ha mostrado a favor de este sistema. El año pasado firmó un decreto ejecutivo en el que fomentaba el uso de este tipo de contratos, en un esfuerzo por lograr que el Gobierno adquiriera más productos y servicios ya disponibles en el mercado, en lugar de recurrir a adquisiciones a medida, más costosas.
Del mismo modo, los acuerdos vigentes entre Canadá y EE.UU. otorgan a las empresas estadounidenses la posibilidad de competir por contratos de numerosos departamentos y entidades federales y provinciales canadienses.
Sin embargo, tras el regreso de Trump a la Casa Blanca, Canadá comenzó a restringir dicho acceso. Ontario, por ejemplo, canceló un acuerdo con Starlink, de Elon Musk, para el acceso a Internet en las zonas rurales de la provincia. La provincia de Quebec acaba de anunciar cambios que le permiten reservar algunos contratos públicos para empresas con presencia en Canadá o en Quebec.
Los aranceles de represalia canadienses amenazan con causar estragos en unas cadenas de suministro estrechamente integradas, lo que afectaría a sectores clave, como la fabricación de automóviles. Estados Unidos y Canadá han sido socios comerciales de primer orden durante años y lo que está en juego políticamente, tanto para Carney como para Trump, en caso de una prolongada disputa comercial es muy importante.
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Las medidas de Canadá podrían tener un impacto especialmente perjudicial en estados como Míchigan y Ohio, donde también se disputan elecciones clave en las elecciones de mitad de mandato de noviembre para determinar el control del Congreso de los Estados Unidos. Trump ya se enfrenta al malestar de los votantes por su agenda económica y a una guerra con Irán que ha provocado un repunte de los precios de la energía.
Los funcionarios negociaron durante semanas después de que Trump amenazara con imponer aranceles a Canadá en virtud de una facultad nunca antes utilizada. Desde entonces, ambos países se han culpado mutuamente de la creciente disputa comercial, intercambiando una retórica agresiva y, en algunos casos, insultos. Trump firmó una directiva para cambiar el nombre del lago Ontario a “Lago América”.
La amenaza contra Bombardier provocó preocupación en el senador republicano Jerry Moran, quien dijo en una publicación en X que se comunicó con la administración Trump “para asegurarse de que el presidente esté al tanto de las importantes contribuciones de Bombardier a Kansas”, incluyendo la creación de empleos.
Bombardier ha intentado calmar los ánimos, destacando que es un importante contribuyente al sector aeroespacial estadounidense, con empleados en más de 20 estados. Además, la compañía ha anunciado sus planes para inaugurar una nueva planta en Fort Wayne, Indiana, este año.
La guerra comercial ya ha tenido repercusiones. Sapporo Breweries Ltd. está trasladando parte de su producción de Canadá a Estados Unidos debido a los aranceles del 50% impuestos a las exportaciones de cerveza desde ese país.
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